Entre los que menos litigiosidad afrontan, pero de los más sobresaturados de España. Es la radiografía que presentaban los juzgados gallegos antes del estallido del Covid-19, pero que tras la parálisis impuesta por la pandemia durante los tres meses del estado de alarma el atasco que arrastraba el sector de años atrás no hizo más que agravarse. Las montañas de expedientes acumulados y las sentencias sin ejecutar engrosaron la larga lista de asuntos pendientes en los órganos judiciales de toda la comunidad. Pese al desplome de asuntos ingresados en los tribunales gallegos entre abril y junio, el periodo más afectado por la declaración del estado de alarma, su tasa de congestión se disparó un 78,5%. En concreto, los nuevos litigios tramitados en el segundo trimestre del año en Galicia ascendieron a 85.862 -una media de 955 cada día-, lo que supone una caída del 34,6% respecto al año pasado, casi dos puntos por encima del 32,9% registrado en el conjunto nacional, según el balance publicado ayer por el Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) y recogido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A finales de junio, quedaban pendientes en los tribunales gallegos 166.276 casos, un 10,4% más que el mismo periodo del año. En ese trimestre se resolvieron 43.233 asuntos, un 51%. Aunque la tasa de litigiosidad registrada en los órganos judiciales de la comunidad -20,8 pleitos por cada mil habitantes, once puntos menos que hace un año (31,9)- está por debajo de la media nacional (22,3), el índice de congestión alcanza el 4,86, el cuarto más alto de España -solo por detrás de Cataluña (5,13), Castilla La Mancha (5,41) y La Rioja (4,99)-.

La foto es prácticamente idéntica en todas las jurisdicciones: menos asuntos ingresados (entre un 27% y un 52% menos, según el ámbito), desplome de los casos resueltos (con un porcentaje que se mueve entre un -46% y casi un -55%), con un repunte de los litigios en trámite al finalizar el trimestre -con la excepción del contencioso-administrativo- y también caída de las sentencias dictadas (hasta casi un 74% menos en el ámbito penal).

Por jurisdicciones, la civil recibió 26.156 procedimientos, lo que supone un descenso del 26,9 %. En ese periodo se resolvieron 16.492, un 54,4 menos que en 2019, quedando en trámite a finales de junio 89.609, un 14,3 % más. En el ámbito penal entraron 23.263 asuntos, casi un 40% menos que en 2019. El número de casos resueltos fue 21.255; y el de asuntos en trámite, 41.409, un 4,7% más.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 1.186 casos, un 52,3 % menos que el año anterior. Se resolvieron 1.462 asuntos, un 45,7% menos, y quedaron en trámite 6.905, un 1,3% menos que en el segundo trimestre de 2019.

Por último, el ámbito social también experimentó un descenso en la entrada de procedimientos, ya que los 5.508 ingresados representan un 38,3% menos.

De las cuatro provincias, los juzgados de Pontevedra fueron los que más aumentaron sus asuntos en trámite (12,3%), seguidos de los de A Coruña (+11,6%) y Lugo y Ourense con un 8,8%.

En cuanto a los casos resueltos, Ourense lidera el desplome (-54,1%), seguida por A Coruña (-53,4%), Pontevedra (-52,1%) y Lugo (-47,8%).