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Los magistrados de Vigo celebran por fin los últimos juicios de la avalancha de pleitos de cláusulas suelo de 2017

Una antigua concentración en los juzgados de Vigo contra las condiciones hipotecarias abusivas.

Una antigua concentración en los juzgados de Vigo contra las condiciones hipotecarias abusivas.

El impacto de la histórica sentencia sobre cláusulas suelo dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fue enorme. El fallo dictaminó a favor de la retroactividad total, es decir, de que los ciudadanos pudiesen recuperar todo lo pagado de más durante años por la aplicación de esta abusiva condición hipotecaria. Como no podía ser de otra manera, las demandas no se hicieron esperar. En Vigo, como en otros puntos de España, se puso en marcha un juzgado especializado para hacerse cargo de los pleitos de toda la provincia de Pontevedra. Ubicado en el Casco Vello, empezó a funcionar en junio de 2017 y prácticamente se colapsó al momento. Desde esa fecha y hasta final de año, un período de solo siete meses, registró la friolera de 2.640 asuntos. Y hubo que tomar una decisión: que este tribunal dejase de recibir nuevos procedimientos, habilitándose por tanto un segundo juzgado para dedicarse también a esta materia.

Transcurridos más de tres años desde entonces, ese juzgado del barrio histórico vigués está a punto de acabar de resolver los últimos procedimientos que les quedan en sus estanterías correspondientes a aquel 2017. Y es que el atasco por la avalancha inicial de litigios provocó que cientos de afectados por el suelo hipotecario sufriesen –y sigan sufriendo– un retraso de récord para ver resueltas sus demandas. El lado positivo, eso sí, es que la inmensa mayoría de los pleitos son resueltos a favor de los consumidores, es decir, de los ciudadanos: en lo relativo a la nulidad de la cláusula, en la aplicación de la retroactividad y en materia de costas, que se le están imponiendo a los bancos.

Hugo Barreiro

Esta semana este juzgado del Casco Vello, que cuenta con dos jueces para enjuiciar y sentenciar asuntos, está celebrando algunos de esos últimos juicios de 2017. Entre ellos, el caso de una pareja que en 2002 pidió una hipoteca para comprar una vivienda y a la que se le aplicó un suelo del 3%. El préstamo lo suscribieron con Caja España, hoy Banco CEISS. Los afectados presentaron la demanda en noviembre de 2017, en aquellos primeros meses de avalancha de litigios, y tuvieron que esperar hasta ayer para que su caso llegase a una sala de vistas. Los demandantes no solo pelean por la devolución de todo lo que abonaron de más por ese suelo. Su abogado, Carlos Borrás, explica que también luchan por la propia eliminación de la cláusula. “El banco aún se la sigue aplicando mes a mes”, afirma.

La previsión es que los magistrados de esta sala acaben a lo largo de febrero de resolver todos los asuntos pendientes de 2017. Pero cuando lo hagan su labor no habrá terminado. Todo lo contrario. Este tribunal del Casco Vello no se cerrará, sino que seguirá activo, con los dos jueces y la letrada de la Administración de Justicia, para ya reforzando directamente al juzgado que se encarga de los pleitos de cláusulas que entran en Vigo desde 2018, el de Primera Instancia número 14. “Esa oficina judicial no va a cerrar, tiene continuidad”, confirma el juez decano vigués, Germán Serrano, que indica que, de hecho, ya están incoando los procedimientos que les están empezando a trasladar desde el 14 para comenzar a tramitarlos y por tanto resolverlos “entre finales de febrero y marzo”.

Y es que desde 2018 los asuntos de cláusulas suelo y de otras materias hipotecarias –como por ejemplo los relativos a los gastos– siguieron entrando en aluvión. Tras los más de 2.600 de 2017, durante 2018 se registraron 2.588 y en 2019 fueron 1.550. Ya en 2020 la cifra descendió significativamente, pero siguió siendo bastante alta: se contabilizaron 1.051, una media de tres diarios. Dado este volumen de demandas, el Juzgado de Instancia 14 también acusa un gran atasco. Los últimos datos oficiales, de septiembre de 2020, apuntan que a esa fecha había 3.874 litigios aún sin resolver.

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