El lobo ibérico y aves protegidas en Galicia, en la diana de los delitos contra la fauna

Menos del 4% de los 355 casos registrados de delitos contra las especies silvestres entre 2015 y 2020 acabaron con una sentencia judicial en Galicia, según un informe de la organización conservacionista WWF para el que pidió registros a la Xunta. El análisis se presentó en unas jornadas de intercambio de experiencias y conocimientos con autoridades judiciales y policiales en Madrid, para fortalecer la lucha contra los crímenes ambientales en toda Europa y con presencia del Ministerio. En total, se han recopilado 4.902 casos de delitos cometidos contra especies protegidas de fauna en España en el citado lustro y que supusieron la muerte de al menos 8.784 animales.

De 2015 a 2020 se registraron en Galicia 175 casos de disparos contra la fauna protegida denunciados, de los cuales 12 fueron a lobos ibéricos. Otros 78 disparos se dirigieron en concreto a un ave rapaz: busardo ratonero (Buteo buteo) y otros 7 casos a halcones peregrinos, una especie que, según los expertos “está cerca de entrar en la lista de especies amenazadas”. Además, se contabilizaron 20 denuncias por disparar contra gaviotas patiamarillas.

Entre los principales delitos denunciados se sitúan 107 casos de decomisos de especies que se tenían ilegamente. Fundamentalmente fueron jilgueros europeos (Carduelis carduelis), pero también se registraron 47 casos por captura ilegal – 3 casos de trampeo de busardo ratonero– y 26 casos de envenenamiento, entre los que el lobo ibérico volvió a relucir en Galicia al cobrarse 9 de esos envenenamientos. De todos modos, según advierte la experta, el número de casos de envenenamiento que les consta “podría ser solo la punta del iceberg”, puesto que se denuncian o salen a la luz solo un 10% de los casos.

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Pontevedra es la provincia que capitaliza el mayor número de casos denunciados, con 174, seguida de lejos por A Coruña, con 86. Mientras, las provincias de Ourense y Lugo están más igualadas, con 54 y 51 respectivamente.

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“Este informe saca a la luz por primera vez una visión global de los delitos contra la fauna silvestre en España”

Las denuncias llegan de varias direcciones, desde ciudadanos anónimos que avisan al Seprona a agentes medioambientales que detectan envenenamientos o aves marcadas con GPS que son disparadas, por ejemplo y que da información en tiempo real.

Lamentablemente, estos son considerados delitos menores; es decir, no se les da la importancia que merecen y hay una falta de concienciación, sensibilización y también de formación especializada en la cadena de detección y enjuiciamiento. También hay una falta de voluntad política, sobre todo de responsables provinciales, que limitan la persecución de algunos de estos delitos y que, en muchas ocasiones, se quedan en un cajón”.

No existe una base de datos centralizada que recoja todos los casos de mortalidad ilegal, lo que dificulta enormemente la comprensión del impacto de estos delitos. Los datos de esta investigación fueron recopilados a partir de consultas directas a cada una de las Comunidades Autónomas, y del rastreo de sentencias judiciales en editoriales jurídicas. Para estos datos no se emplearon las memorias anuales de la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente ni los Anuarios estadísticos del Ministerio de interior, pues la información no estaba suficientemente desglosada para cumplir los objetivos del proyecto.

En España existen instrumentos y herramientas legales para luchar contra estos delitos de manera eficaz, con agentes medioambientales de las comunidades autónomas, de aduanas, y una policía especializada, el Seprona, que es un referente en Europa, además de una Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente.

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