La demanda de madera acelera la ordenación de 68.000 hectáreas de monte en Galicia

En diciembre del año 2020 finalizó el plazo legal para que los propietarios de montes de menos de 15 hectáreas –que en Galicia son la práctica totalidad de los terrenos que están manos de particulares– contasen con algún instrumento de ordenación o gestión forestal.Esta exigencia es necesaria para realizar talas y vender madera, pero también para recibir subvenciones o aprovecharse de bonificaciones fiscales.

Sin embargo, esta obligación arrancó al ralentí en sus primeros años de implantación. De hecho, solo la habían cumplido en 2020 poco más de 6.000 particulares dueños de 10.000 hectáreas de monte. Pero en el último año este proceso se aceleró sobremanera, de forma que entre febrero de 2022 y ahora se duplicó la cifra, llegando a los 92.176 propietarios y a una superficie de 68.060 hectáreas. Detrás de este impulso se encuentra la alta demanda de madera, con un mercado que atraviesa uno de los mejores momentos de las últimas décadas. El sector forestal facturó en 2022 casi 350 millones de euros, lo que representa un 40% más que hace dos años y un 20% más que el pasado ejercicio.

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Existen varios instrumentos para ordenar los montes. Los propietarios de más de 15 hectáreas, entre los que se encuentran las comunidades de montes, tienen que elaborar un plan o un documento de gestión. Se trata de una planificación adaptada a las características de cada terreno forestal que marca cómo se organizan en un espacio determinado y en el transcurso del tiempo los recursos forestales. Debido a su complejidad, el plazo para adaptarse a esta normativa es 2028.

“La ordenación forestal no es solo un requisito legal, sino que permite obtener rendimiento”

Pero los titulares de montes de menos de 15 hectáreas solo tienen que adherirse a alguno de los modelos silvícolas que tiene la Xunta o firmar un compromiso de buenas prácticas. Es un documento en el que se responsabilizan para realizar los adecuados tratamientos silvícolas, hacer las talas o las podas conforme a unas reglas o respetar una determinada densidad de masa forestal.

Es un procedimiento bastante sencillo por el que el pequeño propietario se compromete a cumplir con unas normas básica de explotación forestal, pero cuya adhesión resulta imprescindible para, por ejemplo, tener la opción de recibir subvenciones públicas o realizar cualquier aprovechamiento comercial. Sin este documento de cierta “profesionalización”, la Lei de Montes prohíbe desde 2020 que puedan vender la madera que talan.

Incremento

A principios del pasado año, según el registro que lleva la Consellería do Medio Rural, eran 42.283 las adhesiones registradas a los modelos silvícolas o de buenas prácticas que afectaban a un total de 35.000 hectáreas repartidas en 69.263 parcelas.

Algo más de doce meses después, los documentos firmados son 92.176, que se corresponden con 148.711 propiedades con una extensión total de 68.060 hectáreas: 32.523 en la provincia de A Coruña, 25.930 en la de Lugo, 2.606 en la de Ourense y 7.001 en la de Pontevedra.

Este incremento del doble en cuanto a los propietarios sujetos a un modelo de ordenación forestal coincide con el auge del mercado de la madera. Hay más demanda y la subida del precio llevó a un aumento de las talas en los montes gallegos.

Un 17% más de talas

El incremento de cortas en los últimos dos años superó el 17%, llegándose en el 2022 a 10,7 millones de metros cúbicos cortados, de los que un 58% fueron de eucalipto, el 39% de pinos y el 3%de frondosas caducifolias. Estos datos corresponden a propietarios privados (comunidades de montes y dueños particulares), que suman el 98% del volumen de madera cortada en la comunidad, mientras que el otro 2% es de gestión pública, principalmente de montes vecinales con convenios con la Administración.

Pero mientras la adhesión de los pequeños propietarios a fórmulas más “profesionalizadas” de gestión del monte avanza a ritmo lento, las comunidades de montes van con otra marcha. Ya tienen 451.155 hectáreas sujetas a alguna herramienta oficial de explotación pese a que la exigencia legal no llegará hasta 2028. A principios de 2022 eran 385.033 hectáreas. En su conjunto, con los pequeños propietarios, ya suman casi 520.000 hectáreas.

En Galicia hay aproximadamente dos millones de hectáreas de superficie forestal, de las que 54.000 son de titularidad pública y casi 664.000 están en manos de las comunidades de montes. El 60% ciento del monte restante, por tanto, es de propietarios particulares. Se trata de terrenos de pequeña extensión, con una media de 1,7 hectáreas, y que en una gran parte están abandonados, por lo que sus dueños tienen escaso interés en explotarlos y cumplir con las normas de gestión y ordenación que impone la Lei de Montes.

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