El pasado mes de diciembre finalizó el plazo que dio la Xunta para que los propietarios de montes de menos de 15 hectáreas –que en Galicia son la práctica totalidad de los terrenos que están manos de particulares– contasen con algún instrumento de ordenación o gestión forestal. Agotado ese margen, estos montes ya no podrán percibir ayudas o beneficios fiscales. La Consellería de Medio Rural todavía no ha cerrado los datos de 2020, pero hace un año solo 6.290 titulares habían cumplido con esta obligación: únicamente 10.557 hectáreas del total de 1,2 millones de hectáreas que son de propietario privado, es decir, apenas un 0,8 por ciento. El departamento que dirige José González cree que habrá “un incremento” respecto a esta cifra cuando actualicen las estadísticas, pero aún así serán miles los propietarios forestales que se queden fuera de las convocatorias de subvenciones de la Administración autonómica a partir de este año por no haber ordenado sus terrenos forestales tal y como fija la ley.
La Consellería de Medio Rural advierte, en todo caso, que estos montes pueden regularizar su situación en cualquier momento y recuperar así su derecho al cobro de ayudas y beneficios fiscales.
En Galicia hay aproximadamente dos millones de hectáreas de superficie forestal. Hay 55.000 de titularidad pública y otras 664.000 en manos de las comunidades de montes. El 60 por ciento del monte gallego, sin embargo, es de propietarios particulares. Se trata de terrenos de pequeña extensión, con una media de 1,7 hectáreas.
El estado de abandono de muchos de estos montes no solo supone una pérdida de riqueza para Galicia, sino que dispara el riesgo de incendios forestales. De ahí que la Xunta, a través de la Lei de Montes de 2012, intente fomentar la ordenación y la gestión forestal y para ello condiciona la percepción de ayudas y rebajas fiscales a que se cumpla con esta obligación.
Existen varios instrumentos para ordenar los montes. Los propietarios de más de 15 hectáreas, entre los que se encuentran las comunidades de montes, tienen que elaborar un plan o un documento de gestión. Se trata de una planificación adaptada a las características de cada terreno forestal que marca cómo se organizan en un espacio determinado y en el transcurso del tiempo los recursos forestales. Ante su complejidad, la Xunta les da un plazo más amplio para adaptarse a la normativa: hasta 2028.
Sin embargo, los titulares de montes de menos de 15 hectáreas podrán simplemente adherirse a alguno de los modelos silvícolas que tiene la Xunta. Es un documento en el que se comprometen a realizar determinados tratamientos silvícolas, les marcan cómo deben hacer las talas o las podas o cómo debe ser la densidad de la masa forestal, por ejemplo. “Tan solo deberán presentar una comunicación de adhesión, un trámite sencillo gratuito e inmediato que no requiere aguardar por aprobación ninguna”, explica Medio Rural.
El objetivo es triplicar en veinte años la superficie sujeta a planes de gestión
La Consellería de Medio Rural confía en que condicionar las ayudas a que los montes cuenten con un plan de ordenación sea acicate suficiente para reducir el grado de abandono y mejorar la gestión de los recursos forestales. El nuevo Plan Forestal, que aún está en fase de borrador, prevé triplicar la superficie ordenada en veinte años. En 2019, las últimas cifras disponibles, había 262.000 hectáreas de monte sujetas a algún tipo de instrumento de gestión o planificación. Además de las 10.500 hectáreas de propietarios particulares hay otras 251.000 hectáreas que dependen de las comunidades de montes y ya han hecho los deberes. El volumen de superficie ordenada es aún así muy bajo. Solo el 13 por ciento de todo el monte gallego. La Xunta prevé incrementar en 600.000 las hectáreas con instrumentos de gestión en los próximos 20 años, lo que permitiría alcanzar en 2021 las 850.000 toneladas de terrenos forestales adaptados a una planificación forestal. De esta manera, según explica la consellería, Galicia se situaría en la media de bosque ordenado de la Unión Europea.
