Saharauis que siguen en la tierra natal de nadie que fue la provincia 53

Estaba terminando el año 1975, faltaban tan solo ocho días para la muerte del dictador español, Francisco Franco, que llevaría al fin del régimen dictatorial establecido, y con ello al comienzo de la democracia.

Motjar, actual secretario del colectivo saharaui al que se le niega la nacionalidad, era un chico residente en la provincia 53, el Sahara español, lo que desde entonces se conoce como el Sahara Occidental, y forma parte de la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización.

Hasta ese día era un español más, estaba cursando COU, el equivalente al actual segundo de bachillerato, y se preparaba para realizar el examen de selectividad, con el fin de estudiar Periodismo en la Universidad de Granada.

Su padre era funcionario público del Estado español, y ambos, a partir de ese momento tuvieron que abandonar su vida tal y como la conocían, dejaron de ser ciudadanos españoles, y de repente, como otros miles de casos, pasaron a verse, en tierra de nadie.

El caso de Bahi, presidente del colectivo saharaui, es diferente al de su amigo Motjar. Bahi tenía tan solo 6 años cuando el Sahara dejó de ser la provincia número 53 del Estado español. Cuarenta y ocho años después, aún recuerda con nitidez cómo en el colegio en el que estudiaba se cambiaron las clases de español por las de francés, y cómo los métodos de educación españoles fueron sustituidos por los marroquíes.

Bahi lleva casi cinco décadas tratando de recuperar una nacionalidad que en su día le fue arrebatada. Ha vivido en Lanzarote y en Tudela, pero siempre bajo la condición de extranjero, sin lograr su sueño de recuperar la nacionalidad.

La retirada del ejército español de lo que hoy en día se conoce como el Sahara Occidental, fue un proceso muy arduo y complejo que pasó por distintas fases.

En noviembre de 1975, el Sahara Occidental se encontraba en medio de un complejo laberinto político. Ante este panorama, el rey de Marruecos, Hassan II, ideó una jugada maestra: la “Marcha Verde”. Miles de civiles marroquíes marcharon hacia el Sahara Occidental con la intención de reclamar la soberanía de la región. Esta acción desató una crisis internacional, y España, bajo la presión internacional y las circunstancias, se vio obligada a tomar una decisión inminente.

En noviembre de 1975, las cartas ya estaban sobre la mesa. España, Marruecos y Mauritania negociaron el futuro del Sahara Occidental en el famoso “Acuerdo Tripartito de Madrid”. El acuerdo estipulaba que España abandonaría el territorio y que este sería dividido entre Marruecos y Mauritania.

Aunque la decisión fue tomada con la intención de poner fin a la situación colonial, el Frente Polisario, un movimiento independentista saharaui, rechazó vehementemente el acuerdo, pues su ideal de una nación soberana seguía intacto.

El territorio quedó sumido en el caos. El Frente Polisario inició una lucha armada contra las fuerzas marroquíes y mauritanas, estallando la Guerra del Sahara Occidental. La retirada de España no logró poner fin a las tensiones. El conflicto se prolongó durante años, causó sufrimiento y desplazó parte de la población local, que se refugió en Argelia. La comunidad internacional intentó mediar en el conflicto, pero una solución definitiva seguía esquiva.

Hoy en día, el Sahara Occidental sigue siendo una cuestión candente en el escenario internacional. A pesar de los esfuerzos diplomáticos y las resoluciones de las Naciones Unidas para alcanzar un acuerdo de autodeterminación para el pueblo saharaui, la disputa continúa sin una solución clara. La retirada del ejército español del Sahara Occidental en 1976 fue un hito trascendental, pero su legado sigue marcando la historia y el destino de la región.

En el momento en el que el Sahara dejó de ser reconocido como una provincia española, se dio un plazo de dos años para renovar la nacionalidad española a los habitantes de dicho territorio. Muy pocos lo hicieron debido a la falta de información de la época y que se encontraban en mitad de un conflicto bélico.

En este contexto, y tras décadas en las que numerosos sectores del pueblo saharaui luchan por sus derechos, y por recuperar lo que un día les fue arrebatado, la Asociación Colectivo de saharauis nacidos bajo bandera y administración española y descendientes está en batalla jurídica.

El fin de la Asociación es promover la información sobre las posibilidades de obtención y/o recuperación, en su caso, de la nacionalidad española para los ciudadanos nacidos en territorio de Sahara occidental bajo bandera y administración española.

Para lograrlo, el 14 de febrero de 2023, el Congreso de los diputados aprobó por 168 votos a favor, 118 en contra y 53 abstenciones, iniciar la tramitación de la Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española. Esta iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común. Propone la concesión de ley por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el territorio del Sahara Occidental bajo la soberanía española.

El proceso diplomático para la mejora de la situación del colectivo está siendo muy costoso, debido a que, desde Marruecos, y concretamente el consulado español de Rabat, no están poniendo las cosas fáciles en absoluto. Pasan meses sin contestar a los abogados o niegan los permisos.

Desde el Estado español la ayuda es mayor, ya que todos los partidos políticos han hablado con el despacho jurídico que representa a la asociación, y excepto el PSOE, actualmente aún en el Gobierno, todos se han mostrado, en mayor o menor medida, dispuestos a ayudar.

Los dirigentes del colectivo saharaui se sienten abandonados, no perciben que interesen a la clase política, y se ven usados como moneda de cambio. Su esperanza de recuperar la nacionalidad que les fue arrebatada se centra en la nueva legislatura. Valoran que numerosos políticos de diferentes partidos que conocen su problema, han vuelto a obtener el acta de diputado.

Todos aquellos políticos de los diferentes partidos con los que el bufete de abogados ha hablado, han obtenido el acta de diputados, y se espera de ellos que prioricen mejorar esta situación que se ha estado retrasando durante esta última legislatura.

En un momento en el que mediante leyes postconstitucionales se han habilitado, como medio de justicia reparadora, la posibilidad de obtención de la nacionalidad española a descendientes de quienes perdieron la suya de origen como consecuencia de diferentes conflictos políticos a lo largo de la historia, caso de los sefardíes (Ley 12/2015) y de los exiliados como consecuencia de la Guerra Civil española (Disposición adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, Ley 20/2022), no tendría sentido que no se reconociera esa misma posibilidad a descendientes de quienes la perdieron como consecuencia de un conflicto político mucho más reciente, como fue la confusa descolonización del Sahara español, una provincia de España, por el régimen franquista.

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