Bruselas insta a acelerar los permisos a renovables en plena parálisis del sector en Galicia

La Comisión Europea sitúa a las renovables en un “lugar central” hacia un mix limpio “para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, para hacer que la energía sea asequible y para reducir la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles y las importaciones”, pero también “como fuente de crecimiento y empleo” y palanca “al liderazgo tecnológico e industrial” del territorio comunitario, “reforzando su autonomía estratégica y haciendo que su economía sea más resiliente”. La enésima defensa a ultranza a las tecnologías verdes desde Bruselas viene esta vez con una recomendación bajo el brazo. Que se aceleren los permisos a nuevas instalaciones. “Para abordar el problema de los elevados precios de la energía y su volatilidad también es fundamental aumentar rápidamente la cuota de energía renovable”, señala en la resolución publicada ayer en el Diario Oficial de la UE, tras la lección aprendida con dolor durante la crisis desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

Aunque desde entonces la situación de seguridad y suministro “ha mejorado globalmente”, la Comisión Europea alerta de “riesgos significativos” que requieren “una mayor aceleración del despliegue de energía renovable para que la Unión cumpla con los objetivos del plan REPowerEU”. No es la primera vez que Bruselas presiona para avanzar más rápido en la expansión de las fuentes sin emisiones. Hace dos años lanzó ya una recomendación en esta misma línea para avanzar en los permisos y su tramitación. Y en eso insiste ahora. “La complejidad, la variedad y la duración, a menudo excesiva, de estos procedimientos constituyen un obstáculo importante –remarca– para el rápido y necesario despliegue de la energía renovable y para lograr un sistema energético de la Unión más asequible, seguro y sostenible.

El procedimiento "más favorable"

En un contexto de evidente parálisis en Galicia tras la maraña de recursos administrativos y contenciosos abiertos a las autorizaciones concedidas por la Xunta a proyectos de eólica y la suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de unas 40 autorizaciones a parques que superan los 1.000 megavatios (MW), la cúpula europea reclama a los estados miembros “garantizar que la planificación, construcción y explotación de los proyectos de energía renovable” y sus infraestructuras de conexión “puedan optar al procedimiento más favorable disponible” en el abanico de la burocracia. Se deben establecer “plazos claramente definidos y lo más breves posibles para todas las etapas” y un tope de tiempo con carácter “vinculante”. Pensando, precisamente, en que un proyecto acabe en los tribunales, Bruselas insta a establecer también plazos “y normas de procedimiento específicas con vistas a garantizar la eficiencia de los procedimientos judiciales relacionados con el acceso a la justicia” de los proyectos.

La recomendación incluye un apartado específico para facilitar la participación de los ciudadanos y las comunidades. Ya sea para que se conviertan en promotores de instalaciones a pequeña escala como en el autoconsumo –en ese caso, con procedimientos simplificados de autorización y una petición expresa para incentivarlo entre los hogares de renta baja y media–, o como participantes en el análisis de un proyecto. La Comisión Europea apela a organizar “audiencias públicas u otro tipo de oportunidades de participación” para las partes interesadas “en una fase temprana y de forma regular” desde el mismo momento del diseño para, incluso, decidir la mejor ubicación. Sobre los emplazamientos aptos, la recomendación exige que las “zonas de exclusión” se limiten “al mínimo necesario” y haya una justificación muy concreta de por qué no es posible ubicar centrales en ellas.

"Punto único"

En la lista de tareas pendientes está el diseño de “puntos de contacto único” para dar los permisos y limitar el número de administraciones intervinientes, con procedimientos de concesión con “información clara y transparente” –incluida la fase de reclamaciones– y digitalizados. Bruselas reclama que los departamentos encargados del análisis de impacto y aprobar los proyectos renovables cuenten con “dotación de personal suficiente y adecuada”.

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