El conflicto eólico bloquea 10.000 millones en inversión y la transición ecológica de Galicia

El primer aerogenerador que se conectó a la red eléctrica en Galicia costó casi 11 millones de las antiguas pesetas. Fue hace más de 40 años, en mayo de 1983. Detrás estaba la empresa Engasa con un proyecto piloto en el concello coruñés de Santa Comba para evaluar el potencial del sector eólico como fuente de energía renovable en la comunidad y locomotora de una nueva industria de tecnología avanzada. Era todo tan nuevo que la promotora fichó a un técnico danés para patear la comunidad e identificar el mejor emplazamiento. “Lo cierto es que tenía buen olfato porque determinó las zonas a ojo y sin medidores. Acertó en el municipio, pero falló en el sitio”, suele recordar Benito Fernández, presidente de Engasa. Le faltó viento y sobraron averías, hasta que, paradójicamente, una fuerte tormenta lo tumbó para siempre.

Hubo que esperar algunos años más para plantar la semilla del fructífero negocio del viento en Galicia, esta vez con una medición profesionalizada del recurso. Fruto de una alianza entre Endesa, el IDAE, el Ministerio de Industria y la Xunta, el parque de Estaca de Bares arrancó el 6 de noviembre de 1987 con 12 turbinas y una potencia de 0,36 megavatios (MW). Funcionó durante algo más de una década, suministrando información clave sobre las condiciones reales de la explotación comercial que permitieron a Galicia convertirse en la sexta potencia eólica europea y líder en instalaciones en España durante muchísimos años.

El TSXG acude al Tribunal de la UE para tumbar la tramitación de parques eólicos

Hoy es la cuarta comunidad con mayor potencia tras el camino desandado en las sucesivas crisis que atizaron al sector en general y al desarrollo de la actividad en Galicia en particular. Supera ligeramente los 3.900 MW operativos, según los últimos datos actualizados por Red Eléctrica. Castilla y León cuenta con 6.744 MW; Aragón tiene 5.246; y Castilla-La Mancha ronda los 4.900. En generación sí ocupa el bronce en el podio. La producción de la eólica en Galicia rozó los 9.100 gigavatios hora (GWh) en 2023, el 14,5% de toda la inyección del sector en España por la mayor productividad de los complejos de aerogeneradores aquí. Es la misma razón por la que ninguna otra autonomía acumula una lista de proyectos tan abultada: hay 6.819 MW que cuentan con permiso de conexión concedido y 1.225 MW que lo solicitaron.

La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de llevar a la justicia europea sus dudas sobre la tramitación de los parques después de que el Supremo avalase el procedimiento tal y como se está haciendo deja en el aire todo ese músculo renovable de Galicia y, particularmente, los 69 proyectos que recibieron ya las últimas autorizaciones por parte de la Xunta y están inmersos en la maraña de recursos interpuestos por las asociaciones ecologistas. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal gallego considera que la legislación estatal y regional pueden haber no traspuesto correctamente la directiva comunitaria sobre evaluación ambiental para garantizar la “posibilidad real de participación desde una fase temprana” por parte de la ciudadanía.

Solo en esos proyectos en fase más avanzada están en juego 4.200 millones de euros de inversión, según los cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), y un paso de gigante en la descarbonización del sector energético gallego: los combustibles fósiles todavía suponen el 60% del consumo en Galicia. A esa cantidad se suman los 6.300 millones de euros vinculados a la treintena de grandes proyectos industriales considerados estratégicos por la administración autonómica que necesitan la energía suministrada por los nuevos parques.

La clave está en los informes sectoriales a cargo de los técnicos de patrimonio, aguas, infraestructuras o cultura, entre otras áreas. Si como dice el TSXG tienen que pedirse antes de la exposición pública del proyecto a los interesados o, como se hace y respaldó el Supremo, después.

La Xunta ha decidido presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio TSXG. El equipo jurídico de la administración autonómica, según aseguraron fuentes de la Xunta a FARO, creen que el tribunal gallego está cometiendo una infracción de la ley orgánica del Poder Judicial al privarle de la “previa audiencia de las partes” exigida antes de acudir al TJUE con una cuestión prejudicial. “En este caso no se produjo, lo que provoca indefensión y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”, explican. De aceptarse, el TSXG tendría que dar marcha atrás y escuchar la postura del Gobierno regional.

El presidente autonómico volvió ayer a defender la labor de los trabajadores públicos encargados de la evaluación ambiental y, aunque insiste en su respeto, “me gusten o no”, a las decisiones judiciales, “no puedo callarme” y “llamo la atención ante las consecuencias y las actitudes”.

El TSXG acumula ya 13 parques eólicos suspendidos ahora por el posible impacto ambiental

“Se toma una decisión inédita, que es acudir a la justicia europea para poner en cuestión lo que dijo el Supremo”, lamentó Alfonso Rueda, con un reconocimiento expreso de una situación de “paralización total”. La misma idea que cunde entre los promotores, que dan por hecho que el TSXG extenderá la suspensión del litigio en el parque eólico A Raña III de Eurus en Mazaricos –el que lleva al TJUE– al resto de parques denunciados mientras no se resuelvan las cuestiones prejudiciales.

El jefe del Ejecutivo autonómico asegura que los técnicos son “muy estrictos en la supervisión” . “Muchos de los proyectos fueron denegados”, sostiene Rueda, en referencia a las 48 declaraciones de impacto negativas en 2023 frente a los 45 parques que sí pasaron el examen. “No estamos de acuerdo con la suspensión cautelar de prácticamente cualquier tramitación eólica simplemente porque haya una mínima oposición”, remarcó.

Para la portavoz nacional del BNG, el paso dado por el TSXG como de cualquier medida que “pueda dar claridad respecto al desarrollo del sector eólico en Galicia”. “El cumplimiento de la ley y contar con criterios claros siempre va a favorecer el desarrollo de la sociedad”, aseguró Ana Pontón. El Gobierno central se mostró “absolutamente respetuoso” con las decisiones judiciales por boca de su delegado en Galicia, Pedro Blanco.

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