Parte de la Xunta Xeral de Carril denuncia al patrón ante Mar

Los trece miembros de la Xunta Xeral de la Cofradía de Carril que el 2 de enero solicitaron por escrito el cese del patrón mayor, Javier Quintáns Berride, acaban de presentar una denuncia ante la Consellería do Mar contra el máximo responsable del pósito debido a “la inactividad y pasividad injustificada y deliberada del procedimiento urgente de moción de censura”. “Esperamos que el conselleiro tome cartas en el asunto con inmediatez para hacer cumplir la ley en la Cofradía de Pescadores de Carril”, manifiestan los promotores de la moción.

Lo que solicitan estos trece integrantes de la Xunta Xeral (son la mitad más uno) es la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de Cabildo “y demás trámites necesarios para cumplir con los preceptos que regulan el procedimiento de moción de confianza” una vez que han pasado diez días desde que solicitaron el cese de Quintáns Berride.

La mayoría de los firmantes pertenecen a la agrupación de marisqueo a pie (9 exactamente), aunque también figuran un trabajador y un empresario del marisqueo a flote y dos parquistas.

Contratación de abogados

Asimismo, también han presentado otro escrito dirigido a la Consellería do Mar sobre la contratación de un despacho de abogados por parte de la cofradía. Según la versión de este grupo crítico con la gestión del patrón, este “contrató el 5 de enero un despacho de abogados y procuradores de su libre elección sin contar con el conocimiento previo de la Xunta Xeral para llevar asuntos de la cofradía y ello en contra de la decisión de la Xunta Xeral de 23 de noviembre que obligaba a contratar otro despacho de abogados para dar continuidad y asesoramiento jurídico a los órganos rectores de la Cofradía en los procedimientos judiciales y administrativos existentes”.

Entiende la oposición esta actitud como “una frontal y personal rebeldía a la Ley de Cofradías y de un gravísimo incumplimiento de los acuerdos adoptados por el máximo órgano de gobierno de una cofradía de pescadores, el único competente para efectuar la contratación del personal laboral, autónomos y profesionales”, en alusión a la Xunta Xeral.

Afirman los firmantes del escrito que la asesoría jurídica “ha sido contratada indebidamente” sin contar con la habilitación legal, “lo que conllevará la liberación de fondos públicos a favor de personas no autorizadas por la normativa vigente en las cofradías de pescadores”.

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