Varias defensas piden la nulidad y cargan contra la investigación: “Es pura invención”

Tras dos intentos fallidos, a la tercera fue la vencida. El “macrojuicio” por las 3,8 toneladas de cocaína incautadas en pleno confinamiento del COVID a bordo del “MV Karar” arrancó este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Vigo con todos los acusados, un total de 28, en el banquillo, entre ellos el presunto cabecilla, el vilanovés Juan Carlos Santórum Navazas.

En un procedimiento en el que hay en juego penas que rondan en total los 400 años de prisión, junto a multas millonarias, la vista oral arrancó con las cuestiones previas. Y como es habitual en los juicios de narcotráfico de este calado, esta fase, lejos de ser de puro trámite, centrará las primeras jornadas: hoy hablaron parte de las defensas, siendo particularmente extensas las intervenciones de la abogada de Santórum y de la que representa al colombiano René Robledo, quienes plantearon peticiones de nulidad por “vulneración” de todo un abanico de derechos fundamentales en unos alegatos en los que también pusieron el foco en el exjefe policial del GRECO recientemente detenido por presuntos vínculos con narcos, el mismo que dirigió el operativo del “Karar”.

“Con el debido respeto a la presunción de inocencia, es un hecho bastante grave, si ya había dudas en el procedimiento, ahora mucho más”, dijo una de las letradas sobre el que será el principal testigo policial de la Fiscalía. “Es muy preocupante, ante hechos nuevos hay que abrir una investigación y no cerrar los ojos”, manifestó la otra jurista.

El juicio, que empieza cuando están a punto de cumplirse cuatro años desde que se abordó este buque con bandera de Togo en alta mar, arrancó con una nueva petición de suspensión que fracasó. Las intervenciones de parte de los abogados defensores –el resto lo harán mañana jueves– centraron la mañana.

La letrada del colombiano René Robledo, supuesto representante de la organización proveedora de la cocaína, cuestionó la competencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra para juzgar estos hechos. “Este es un caso claro de que la competencia es única y exclusiva de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, refirió, concretando que lo que se dirime es un supuesto delito contra la salud pública cometido por organización criminal y con efecto en varias provincias, este último un “elemento controvertido” que justificó porque junto a las actuaciones en Galicia, su cliente vivía en Madrid.

El “macrojuicio” del Karar arranca tras dos intentos fallidos con Juan Carlos Santórum en el banquillo

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Entre otras causas de “nulidad radical”, la abogada introdujo también la intervención en el procedimiento del tribunal de la Sección Quinta “cuando ya había sido recusado” –el caso está siendo enjuiciado por tres magistradas de la Sección Cuarta–, solicitando además expulsar de del caso todo lo derivado de las geolocalizaciones y las escuchas telefónicas. Censuró asimismo que durante la instrucción judicial se le facilitase documentación en lengua gallega, cuando ni ella ni su cliente “entienden dicho idioma”, e incidió en la falta de indicios contra su representado. “Había que poner a un colombiano: si no hay un colombiano en una operación de estas características no hay salsa”, resumió.

Fardos desaparecidos

Esta letrada se extendió en centrar el foco en el exjefe policial del Greco detenido en Vigo este pasado marzo e investigado judicialmente desde entonces –aludiendo, entre otras, a cuestiones oscuras de la causa del “Karar” como la enigmática desaparición de dos fardos de cocaína del alijo–, algo que también hizo la abogada de Juan Carlos Santórum, que, junto la del presunto cabecilla, también lleva la defensa del hermano de éste y de otros cinco acusados.

Haciendo referencia a las noticias que salieron en los periódicos, incidió en que a este agente se le están imputando “más delitos” que a los que se sientan en el banquillo por la droga del “Karar”. “Con todo el respeto a la presunción de inocencia, hay que hacer averiguaciones porque el primer testigo del Ministerio Fiscal es este agente”, afirmó. Varias defensas pidieron que el policía detenido no testifique en el juicio, pero el tribunal denegó hace unos días esta solicitud.

La abogada, que también expuso la vulneración de derechos fundamentales, cargó duramente contra el informe policial y en suma contra la investigación que dirigió el jefe policial hoy investigado. Por estar repleto de afirmaciones y acusaciones “arbitrarias, gratuitas y falsas”, por exponer “tonterías” o por contener conclusiones que son “pura invención”. Las vigilancias policiales no arrojan, a su juicio, ni un solo indicio de tráfico de drogas: “Sin un solo argumento, mi cliente [Santórum] pasó de estar tomando una coca cola en una terraza a ser un narcotraficante”.