Santórum afronta el macrojuicio contra la organización que fletó el MV Karar

Se celebrará la próxima semana en la Audiencia de Vigo | En el banquillo se sientn 28 personas, entre ellas un agente de Aduanas | Piden para ellos penas que suman 410 años

Juan Caros Santórum en la puerta de los juzgados de Vigo para declarar sobre el MV Karar.

Juan Caros Santórum en la puerta de los juzgados de Vigo para declarar sobre el MV Karar. / Marta G. Brea

R. A.

El juicio contra Juan Carlos Santórum y otros 28 procesados -entre ellos, su hermano- en relación con un alijo de 3,8 toneladas de droga en 2020 comenzará a celebrarse el martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, continuará el miércoles y seguirá en marzo.

El ministerio público solicita 18 años de prisión y una multa de 438 millones de euros para el considerado como jefe de la organización que se preparaba para recepcionar la cocaína que iba a bordo del buque MV Karar. Le imputa un delito contra la salud pública con el subtipo superagravado de extraordinaria gravedad en atención a la cantidad de droga que se incautó, la utilización de embarcaciones como medio de transporte específico y la actuación de una red internacional dedicada a estas actividades, en el seno de una organización delictiva de la que era el responsable.

Delitos en concurso con el de coordinación y dirección de organización criminal, y otro de contrabando. Para su hermano, así como para un funcionario integrado en el Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera, la mujer de este y otras 25 personas, solicita la Fiscalía trece años y medio de prisión y dos multas de 400 millones de euros por el delito contra la salud pública con el subtipo de extraordinaria gravedad, integración en organización criminal y contrabando.

En el caso del trabajador de Aduanas solicita, además, cuarenta años de inhabilitación absoluta y otros seis años de cárcel, mismo tiempo de prisión que para su mujer, además de una multa de 1,47 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Uno de esos procesados también se enfrenta a dos años de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas y en dos de los imputados concurre la agravante de reincidencia.

De los 29 procesados, 13 son gallegos, 9 de Nepal, 5 de Bangladesh, 1 de Colombia, con residencia en Madrid, y otro, de Uruguay, aunque con domicilio en Galicia. La Fiscalía reclama, además, que sean condenados a costas y se proceda al comiso de todas las sustancias, dinero y efectos procedentes del delito o utilizados para su comisión.

Los hechos que se juzgan son el resultado de las indagaciones operativas del Grupo I de Greco Galicia, del Cuerpo Nacional de Policía, que constató, según el escrito del fiscal, una “actuación coordinada y estable, estructurada y especializada” dirigida por Santórum y guiada a disponer de una pluralidad de embarcaciones específicamente diseñadas y preparadas para operaciones de alijo de grandes cantidades de estupefacientes.

Además de Santórum y su hermano, nueve están implicados con en la preparación y disposición de las embarcaciones y otros tres, entre ellos el trabajador de Aduanas, colaboraban de modo especial en la concertación de las operaciones de transporte de estupefacientes y también en la distribución lucrativa posterior de la droga a disposición de los investigados.

El Fiscal señala que, “en los meses de marzo y abril de 2020 y hasta las detenciones practicadas el día 26 de abril de 2020, los acusados se disponían a participar” en el traslado y desembarco de la cocaína transportada en el buque MV Karar. El barco fue abordado el 25 de abril de 2020 con la incautación de un cargamento de 3.824 kilos de cocaína con una pureza media del 77,6 % y un valor estimado en el mercado ilícito de 146.309.350 euros. El buque de servicio a plataformas marinas tenía bandera de Togo, medía 60,45 metros de eslora y 13,41 metros de manga, y estaba formalmente gestionado por la sociedad Servitec Steam Ship bajo la titularidad de la armadora Marcomer, ambas con el mismo domicilio social en Panamá, y “específicamente instrumentalizado” para el desarrollo del transporte del cargamento de cocaína incautado.