La Policía intervino en 75 incidentes con los sin techo, de los que 20 desembocaron en denuncias

Incrementar la presencia policial en el entorno de A Ferrería, las galerías Oliva y la zona de Campolongo, donde en las últimas semanas se han registrado incidentes de indigentes con comerciantes y vecinos que han provocado dos recogidas de firmas para pedir más seguridad; y reforzar la coordinación entre los agentes de Policía Local y Nacional para impedir que este tipo de hechos se repitan o aumenten.

Fueron los dos principales acuerdos, ayer, de la Junta Local de Seguridad, capitalizada por las protestas por la presencia de sin techo en esos tres puntos de la ciudad, personas en riesgo de exclusión social que intimidan a los vecinos y desincentivan a los clientes, denuncian los comerciantes y residentes en sus campañas de recogida de firmas.

Durante el pasado año y a lo largo de este 2024 la Policía Nacional ha realizado 75 actuaciones en A Ferreria y la zona de Agusto García Sánchez vinculadas a la actividad de estos sin techo, según los datos que expuso el subdelegado del Gobierno. De ellas, 20 dieron lugar a denuncias, todas “por delitos leves”.

Los autores son “mayoritariamente insolventes”, explicó el regidor, de modo que las sanciones económicas no tienen repercusión. Con todo, Fernández Lores reconoció su preocupación tanto por la problemática que generan a comerciantes y a vecinos como porque en las últimas semanas se incorporaron a estos grupos de indigentes “personas que no son de los habituales y que generaron algún tipo de conflicto”. Están, añadió, “perfectamente identificados por los servicios sociales”.

Por su parte, Abel Losada detalló los datos de seguridad ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía. Según estos indicadores, en 2019 (el año que se toma como referencia ya que los dos siguientes estuvieron condicionados por el escenario de pandemia) se registraron 3.022 delitos en Pontevedra, que bajaron a 2.948 el pasado año (un 1,5% de descenso).

La tendencia es que a estos indicadores se mantengan estables, explicó, de modo que entre 2022 y 2023 solo crecieron un 0,6%. “No hubo ninguna alteración significativa” en los mecanismos de alerta, explicó el subdelegado. Tampoco en la tipología y el porcentaje de los delitos.

Por lo que respecta a los incidentes protagonizados por los sin techo, se trata de robos con fuerza en máquinas de vending, robos de móviles entre ellos mismos, el hurto del bolso a una mujer y lesiones y peleas, también entre ellos, el más grave en los últimos 15 meses uno en el que emplearon “elementos contundentes” como una barra de hierro.

El alcalde reconoció su preocupación tanto por la problemática que generan a comerciantes y a vecinos como porque en las últimas semanas se incorporaron a estos grupos de indigentes “personas que no son de los habituales y que generaron algún tipo de conflicto”. Están, añadió, “perfectamente identificados por los servicios sociales”

El alcalde, Miguel Fernández Lores, y el subdelegado del Gobierno, se reunieron en la mañana de ayer con tres representantes de los afectados (una hostelera, la propietaria de una tienda y la vecina de A Ferrería que impulsó la primera campaña de recogida de firmas). Éstas pidieron, como días antes otros comerciantes, que se haga cumplir la ordenanza conocida coloquialmente como “anti botellón” que impide beber en la calle. También que se frene la sensación de impunidad de los indigentes, evitando por ejemplo que consuman sustancias tóxicas a la vista de todos los ciudadanos, y en general que haya una mayor vigilancia.

Tras la entrevista con estas tres afectadas que pidieron reunirse con el alcalde, éste y el subdelegado del Gobierno encabezaron posteriormente la Junta de Seguridad.

“Vamos a aumentar la presencia y la coordinación” entre la Policía Nacional y Local, resumió el alcalde, a fin de que “estén unos u otros” a lo largo de la jornada y puedan prevenirse incidentes que, añadió, no constituyen un problema “exclusivo de Pontevedra sino de todas las ciudades”.

También se acordó en la Junta que intervengan los varios servicios de Benestar Social operativos en la ciudad, en una problemática “muy compleja”, insistió el regidor, que atiene a personas en riesgo de exclusión social, afectados por toxicomanías y en algunos casos por dolencias de salud mental.

“Queremos trabajar en comportamientos que se salen de la norma”, manifestó, antes de advertir que el problema “no tiene tanto que ver con un asunto de delincuencia y si de personas en situación de exclusión social y con otras problemáticas personales”.

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