Lourizán, un litoral en permanente litigio judicial

A lo largo de los últimos tres cuartos de siglos el litoral de Lourizán se ha transformado completamente. Ha pasado de ser el vergel en el que el presidente del consejo de ministros, Montero Ríos, erigió su monumental pazo (hoy en día, también en riesgo de ruina) a una zona eminentemente industrial y plagada de infraestructuras que han cambiado por completo su fisonomía.

Cada actuación que se ha llevado a cabo en esta línea de costa que une Pontevedra y Marín ha estado siempre teñida por la polémica. Una lucha por el uso de casi cada metro cuadrado de terreno en la que, al final, casi siempre ha tenido la Justicia la última la palabra.

El más reciente episodio ha sido el proceso judicial de Ence. La aspiración de muchos pontevedreses de ver al fin estos terrenos de dominio público-marítimo terrestre libres (372.000 metros cuadrados) y recuperados ambientalmente se ha visto truncada por una decisión del Supremo. Un fallo que, sin embargo, aplauden quienes defienden que la pastera será el motor económico de Pontevedra y que, de manera sostenible medioambientalmente, permitirá mantener y crear numerosos puestos de trabajo.

No es el único caso.

Los rellenos portuarios

En Lourizán incluso las victorias judiciales, en ocasiones, saben a derrota. Los dos ejemplos más claros son los litigios judiciales protagonizados por los vecinos integrados en la Plataforma Defensora de la Praza de Os Praceres. El colectivo emprendió una cruzada judicial contra el trazado del tren al Puerto que llevó al Supremo a declarar ilegal los pasos a nivel sobre la emblemática plaza y a anular el antiguo plan de usos del Puerto que dejaba en el aire la legalidad de casi 300.000 metros cuadrados de rellenos. En este último caso, el Alto Tribunal acabó ratificando que ninguno de los terrenos ganados al mar se veía afectado por el fallo.

El tren en la plaza

En el caso de la eliminación de los pasos a nivel ilegales en Praceres, el ADIF acaba de adjudicar estos días la obra para acabar con ellos. Sin embargo, lo ha hecho utilizando una fórmula que los vecinos creen que empeora la actual situación de la población. El tren seguirá cruzando la plaza en superficie y encajonado entre unas vallas de policarbonato escondidas tras otra pantalla vegetal. Mientras, se crearán dos pasos subterráneos hasta la iglesia de Praceres y el lugar de O Cabo para el paso de los vehículos y peatones. “Se parte la parroquia en dos”, alegan desde el Concello. La sentencia del Supremo se dictó en 2005 y 18 años después se licita finalmente por 10 millones la obra para su ejecución. Y sin el beneplácito de los afectados.

El campo

Siguiendo el camino desde Marín a Pontevedra se encuentra la única franja de terreno que en el futuro se prevé que sea para uso de ocio y disfrute vecinal. La antigua parcela del campo de fútbol de Placeres. Esta instalación también tuvo que ser demolida por Ence por orden judicial para ajustarse las instalaciones fabriles a lo establecido en su concesión.

Utilizado actualmente para ejecutar las obras de la EDAR, el Concello ha logrado que Costas autorice la utilización de estos 17.210 metros cuadrados de terreno para la construcción del llamado “Parque da dignidade”. Un nombre que se le ha dado, precisamente, como último reducto de disfrute para el uso ciudadano de toda esta franja de litoral. Eso sí, la cesión de Costas es “temporal” y mientras no impida “su utilización para otros fines de mayor interés público”. Los vecinos temen que pueda ser empleado para la ampliación de la depuradora.

La depuradora

La propia EDAR es otra de las instalaciones que tuvo que ser legalizada al formar parte antiguamente de la concesión otorgada a Ence tras un conflicto judicial emprendido por el colectivo Salvemos Pontevedra. Actualmente está a punto de finalizar su mejora y la del nuevo emisario submarino.

A continuación se encuentran los terrenos que ocupa la concesión de Ence, pero no fue la única empresa contra la que se litigó para lograr revertir la concesión en Lourizán.

Elnosa

En medio del recinto fabril de la pastera funcionaba hasta diciembre de 2017 la planta de cloro de Elnosa. En su caso, un litigio judicial dirigido por el hoy edil socialista Tino Fernández para el colectivo Salvemos Pontevedra logró obligar a Costas a revisar la concesión de esta instalación. Se inició un expediente de caducidad que terminó con la retirada de la concesión al no adaptarse la empresa a las nuevas técnicas que exigía la Unión Europea para la fabricación de cloro. Elnosa mantenía en funcionamiento un sistema con mercurio en lugar de la tecnología de membrana, mucho más limpia. En este caso, los trabajadores de Elnosa no tuvieron la misma suerte que la de los Ence y la firma cerró, se demanteló. Algunos de ellos fueron reubicados en la planta que Bondalti compró en Torrelavega.

Cementos Holcim

Hay otros casos menos conocidos pero que también terminaron con la expulsión de empresas de Lourizán. Como los recursos judiciales promovidos por el colectivo Salvemos Pontevedra contra la cementera Holcim. En 2012, el Supremo ordenaba a Costas recuperar la concesión de Holcim, en terrenos muy próximos a los de la pastera Ence. En 2017 tramitaba ante el Concello la demolición de estas estructuras y se produjo su derribo. En su día, el Supremo obligó al Estado a incoar el expediente de caducidad de la concesión otorgada en marzo de 1949 a un particular de una parcela en dominio marítimo-terrestre de Pontevedra para usos agrícolas en la que, tras sucesivas transacciones, desarrolló su actividad Hormigones Holcim SA sin que se hubiese obtenido el título concesional. Fue demolida en 2017.

Terrenos de Malvar

Este mismo colectivo planteó recursos contra la propia autovía, contra el nudo de celulosas o la variante de Marín, así como contra la concesión de los terrenos de la antigua Malvar, que el Concello incluso intentó comprar para crear un parque, pero que no fue posible al no estar clara ni su propiedad ni su deslinde con el dominio de Costas.

Mollavao

Sin llegar a los juzgados, el último episodio son las alegaciones administrativas planteadas por el Colegio de Arquitectos que están demorando por parte de Costas la apertura del necesario vial entre la avenida de Marín y Rosalía de Castro y que pretende ejecutar el Concello de Pontevedra.

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