La fiscal: “Era el director del geriátrico y usó un poder para desfalcar y arruinar a la víctima; se aprovechó de un vulnerable”

La fiscal fue muy contundente en su informe final, durante el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense contra un hombre que dirigía un geriátrico en la zona de Verín y que está acusado de estafar a un residente con discapacidad, fallecido en 2018. En 2012, este último, diagnosticado de un trastorno por ideas delirantes y deterioro cognitivo, nombró al director del centro heredero universal, solo seis meses después de su ingreso. Durante 2013 y 2014, el encausado escrituró varias compras de propiedades, en las que actuaba tanto de adquisidor como de apoderado del usuario. Pese a que abonaba 1.188 euros al mes por su estancia, uno de los contratos que el acusado trasladó al notario –y que discute la Fiscalía– incluía la manutención a cambio de unas fincas.

“Sabía que era una persona en una evidente situación de desprotección, pero le vino de maravilla para hacer y deshacer a su voluntad”, afeó la representante del ministerio público. Solicita 5 años y medio de cárcel más una multa de 4.500 euros.

"No era un poder para desfalcar, no era un ‘arriba las manos’, pero es lo que ocurrió"

En primer lugar, “consiguió que lo nombrara heredero universal para amarrar el patrimonio”, introdujo la fiscal. Después, suscribió el contrato de manutención a cambio de las parcelas. “El acusado dio un paso más, llevó a la víctima a una notaría y firmó un poder de ruina. Obtuvo un poder general para hacer y deshacer con todo el patrimonio. No era un poder para desfalcar, no era un ‘arriba las manos’, pero es lo que ocurrió”, dijo la fiscal.

Adquirió por "cifras irrisorias" el patrimonio de la víctima

“Con ese poder general, elevó a público en el notario contratos privados con los que compraba por cifras irrisorias el patrimonio de la víctima. Fueron negocios jurídicos claramente fraudulentos, en su beneficio y en perjuicio de una persona que ya no se encontraba en condiciones, por un claro deterioro cognitivo”, subraya la fiscal.

“Actuaba como comprador y en representación” del residente, incidió la funcionaria. “Haciendo un uso fraudulento de un poder de ruina, lo que hizo fue arruinarlo”, expresó la fiscal. El perjudicado, añadió, “confiaba en él, era vulnerable, y él aprovechó esa condición como persona de confianza, era el director del geriátrico, estaba obligado a velar por el bienestar” de la supuesta víctima. El encausado –reiteró la fiscal en su informe– no solo no avisó a la Fiscalía de la situación de “desprotección” que sufría el residente, sino que lo “despatrimonializó”.

Un notario detectó “irregularidades” y un posible “abuso de poder” por parte del apoderado de la persona incapacitada –ese rol de representación lo desempeñaba el acusado–, y puso los hechos en conocimiento del colegio oficial, que a su vez dio aviso a la Fiscalía. “Ese poder no figuraba en el Registro Civil y existe la obligación de comunicarlo. Pero la irregularidad más importante, en la que podía haber abuso, es que se hablaba de unas ventas de propiedades y se hizo una autocompra de una vivienda que se aportó a una sociedad mercantil unipersonal, disfrazando la compra”, declaró este profesional.

Los argumentos de la defensa

El encausado se acogió a su derecho a no declarar. Optó por el silencio en el juicio. Su defensa pide la nulidad de la causa, porque cree que la investigación fue “prospectiva”, un extremo prohibido en la vía penal. La fiscal niega la vulneración de derechos y recuerda que la Audiencia Provincial confirmó en la apelación los trámites de la fase de instrucción.

El letrado asegura que el perjudicado “siempre” estuvo “cuidado y atendido” por el acusado en el geriátrico. En cambio, reprocha que la fundación pública Funga que tenía asignada su tutela nunca se interesó. Además, el abogado niega que el acusado engañase al residente. “No está probado, no hay elementos de juicio”, indicó.

El abogado: “Trasladar esta cuestión al ámbito penal está fuera de lugar”

Citando el testimonio de un trabajador social que acompañó al varón durante su ingreso en el geriátrico, debido a que “no vivía en las condiciones adecuadas” y la residencia era “la medida de apoyo” más adecuada, el defensor manifestó que, según este experto, el residente “comprendía y entendía”. El trabajor social dijo que la supuesta víctima era “un hombre suspicaz y desconfiado, pero cualquier tipo de actuación fuera del hospital la entendía completamente. Comprendía a dónde íbamos, para qué y las condiciones”, aseguró.

Los contratos cuya validez se discuten en este procedimiento “son de ámbito civil”, considera el abogado. “Trasladar esta cuestión al ámbito penal está fuera de lugar”, añadió ayer.

El forense afirma que las personas diagnosticadas con trastornos o un deterioro como el que sufría el perjudicado tienen “muchas dificultades para gestionar asuntos económicos”. El experto del Instituto de Medicina Legal (Imelga) manifestó que se tratan de personas “vulnerables al engaño”, a las que es fácil convencer. “El trabajador social dijo que comprendía lo que se le exponía y que, un año después del ingreso en la residencia, lo vio igual”, indicó al respecto el abogado.

Posible dilación indebida de la causa

A la petición de nulidad de la causa y de una absolución, el defensor suma otra alternativa: en el caso de condena, que el castigo se rebaje dos grados, a un rango de 3 a 6 meses de prisión. Ve razones para aplicar una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por el retraso del procedimiento, cuya tramitación ha durado siete años. Además, el letrado rechaza que la Fiscalía modificase ayer su escrito para introducir una pena adicional de multa.

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