Acusan al administrador de un geriátrico de estafar a un residente con demencia

La Audiencia Provincial de Ourense juzga el próximo miércoles a un acusado de un presunto delito continuado de estafa del que fue víctima una persona con una discapacidad. El encausado, que era el administrador de un geriátrico en el que se encontraba el perjudicado, se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de cinco años y medio de prisión. La causa llega a juicio una década después, pero en su calificación provisional el ministerio público no aplica ninguna circunstancia atenuante por la dilación del procedimiento hasta la fecha del juicio.

La Fiscalía atribuye al encausado “la intención de obtener un beneficio patrimonial injusto”, y de aprovecharse presuntamente de la discapacidad del perjudicado para convencerlo para unas operaciones de adquisición de bienes del hombre que, según la acusación, el sospechoso no llegó a abonar. En 2012, el procesado era el socio y administrador de una residencia ubicada en Ourense, la provincia de Galicia con más plazas asistenciales. A finales de marzo firmó un contrato de estancia en el geriátrico con la supuesta víctima, por un importe de 1.188 euros al mes.

“Tenía mermada de manera importante su capacidad para la gestión de su patrimonio”

La acusación pública culpa al investigado de “valerse” del hecho de que el perjudicado “tenía mermada de manera importante su capacidad para la gestión de su patrimonio”. En mayo de 2013 suscribieron un contrato privado. El acusado se comprometía a cuidar y prestar alimentos al hombre en la residencia, “en compensación por la compra de dos fincas, sin que conste identificación de las mismas, y a las que atribuyeron un valor de 30.000 euros”, describe la Fiscalía. El contrato se formalizó ante notario a finales de noviembre de 2013.

“Valiéndose de las limitaciones” de la víctima –considera el ministerio público–, el encausado convenció presuntamente al residente para que le otorgase un poder a su favor. Con él, el administrador del geriátrico presuntamente llevó a cabo cuatro contratos, entre los años 2013 y 2014. Actuaba en representación del residente, “con un claro perjuicio para el patrimonio” del perjudicado, subraya la Fiscalía de Ourense.

“Ninguna de las cantidades fueron abonadas por parte del investigado”, sostiene la Fiscalía

En mayo de 2013 escrituró un contrato privado de compraventa de una plaza de garaje, por 3.000 euros, así como de un piso, por una cantidad de 30.000 euros. En noviembre de ese año, protocolizó el contrato privado para la prestación de alimentos. En mayo de 2014 –continúa el escrito de calificación de la Fiscalía–, el encausado presuntamente firmó una escritura pública de compraventa al residente de una finca rústica, por una cantidad de 1.300 euros. En octubre de ese año, escrituró la adquisición al perjudicado de otra vivienda con un trastero, por 30.000 euros. “Ninguna de las cantidades fueron abonadas por parte del investigado”, sostiene el ministerio público.

“Padecía desde 2012 una demencia que le impedía gestionar su persona y sus bienes”

En su escrito de calificación provisional de los hechos, presentado en abril de este año, la Fiscalía destaca que “todos los negocios jurídicos fueron llevados a cabo por el investigado a pesar de que” el residente y supuesta víctima “padecía desde 2012 una demencia que le impedía gestionar su persona y sus bienes”.

A finales de mayo de 2012, la sección de discapacidades de la Fiscalía de Ourense presentó una demanda para solicitar la modificación de su capacidad de obrar. Ese procedimiento judicial concluyó con una sentencia, dictada en octubre de 2014, en la que se modificaba la capacidad de este residente, y se designaba a la fundación Funga como tutor y responsable de la gestión de su patrimonio así como de su propia persona.

La acusación contra el administrador del geriátrico se sustenta en buena medida en que la discapacidad del perjudicado “era conocida por el investigado, que se aprovechó de la misma para convencerlo para la celebración de los negocios jurídicos denunciados”.

Restituir las propiedades o indemnizar a los herederos con el valor de los bienes

Además de una pena de cinco años y medio, la Fiscalía solicita la anulación de todos los negocios jurídicos suscritos entre el investigado y el residente, “debiendo proceder a reintegrar todos sus bienes en el patrimonio del mismo”.

Para el supuesto de que la devolución no resulte posible, el ministerio público realiza una petición alternativa: que la Audiencia determine en la fase de ejecución de sentencia el valor que tenían las propiedades cuando se firmaron los contratos, para que el encausado abone ese valor a los herederos del perjudicado.