Extra de picante en el menú de pactos con la investigación de la Fiscalía sobre los audios

Jácome, que se muestra “muy cauto” sobre posibles acuerdos, ve “base cero” en la denuncia | El PP reitera a PSOE y BNG su propuesta al “diálogo” para solucionar “una anomalía política”

Gonzalo Jácome, en una comparecencia ante los medios tras conocerse los audios. |   // F. CASANOVA

Gonzalo Jácome, en una comparecencia ante los medios tras conocerse los audios. | // F. CASANOVA / J. Fraiz

Javier Fraiz

Javier Fraiz

PSOE, BNG y también el PP, el exsocio de Gonzalo Jácome –el que lo aupó a la alcaldía en 2019 a cambio de salvar a Manuel Baltar en la Diputación–, dibujaron antes del 28-M una línea roja para aislar al regidor de los posibles acuerdos para gobernar, cuando en campaña salieron a la luz audios en los que el alcalde y algunas personas de su círculo hablaban sobre presuntas comisiones y corruptelas. La decisión de las formaciones de comunicar estos hechos a la Fiscalía –ven indicios de varios presuntos delitos– confirmó esa distancia.

En las urnas, Jácome, que se declaró víctima de un espionaje y restó validez a las grabaciones, fue el más votado, con más de 18.400 sufragios y diez de los veintisiete escaños para Democracia Ourensana. A una semana y media de que se conformen las corporaciones de los ayuntamientos, y en la recta final para buscar acuerdos, las negociaciones para decidir quién liderará el Concello de Ourense –y, en paralelo, quién la Diputación– suman a los ingredientes del menú de los pactos un extra de picante.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre los audios publicados por La Región. Ha solicitado al medio que aporte los archivos de voz, así como un informe pericial relativo a los audios, publicado por el diario. La Fiscalía también quiere oír como testigos a los periodistas.

Los tres partidos coinciden en señalar las presuntas irregularidades de Jácome, pero la alternativa no fructifica ni hay novedades que trasciendan. El PP, la segunda fuerza con 7 concejales, reitera su propuesta a PSOE –6 ediles– y BNG –4– para que apoyen un gobierno alternativo liderado por Manuel Cabezas.

Valoramos positivamente que actúe la justicia. Reiteramos al PSOE y al BNG la disposición al diálogo, para dar una solución definitiva a lo que las tres formaciones califican como anomalía política y, por tanto, una emergencia democrática”. Jorge Pumar, concejal electo y secretario general del PP en la ciudad, lamenta que socialistas y nacionalistas “imponen un cordón sanitario al PP y no al actual alcalde, al que también han denunciado”.

Pumar señala que “es el momento de que se defina una nueva vía de gobierno por parte de quienes han manifestado en campaña lo mismo por nosotros. Esa nueva vía es la mayoría alternativa, que pasa por la candidatura que lidera Manuel Cabezas”, indica.

Rueda: “La oferta sigue en pie”

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, reiteró este jueves que “la oferta sigue en pie”, pero reprochó a PSOE y BNG que usen la ciudad como “una pieza más en un tablero”, en referencia a vincular la solución en el Concello con una alternativa a Baltar en la Diputación.

El BNG ha manifestado que no posibilitará gobiernos del PP. Sobre la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía, el Bloque celebra el paso, pero “pensamos que se demorou en exceso. Fomos á Fiscalía Xeral do Estado para evitar un quebranto á Facenda pública do concello e para evitar que se destrúan probas”, recuerda Luís Seara.

El PSOE insiste en que es necesario paralizar las contrataciones del mandato de Jácome, ante las presuntas irregularidades que están bajo el foco de la justicia, y con el objetivo de “evitar males maiores”, según sostiene la edil electa Natalia Gónzalez, responsable local del PSOE.

El partido se pone a disposición de la justicia para colaborar. “Actuaremos, como sempre fixemos, con prudencia e responsabilidade, pero con contundencia, para evitar que o noso Concello e a cidadanía sigan a pagar as irresponsabilidades de responsables públicos que priorizan os seus intereses persoais e electorais sobre a transparencia, a honestidade e a boa xestión que deben rexer o futuro de Ourense. Non podemos consentir que se converta en Marbella. E non todos os políticos somos iguais”, reivindica Natalia González.

Jácome: “No hay nada seguro”

En una entrevista en Radio Ourense-Cadena SER, el alcalde Gonzalo Jácome afirmó ayer que “hay base cero en esa denuncia y tenemos preocupación cero, como todas las que nos hicieron anteriormente”. No ha sido citado a declarar por la Fiscalía, añadió el regidor.

Sobre los pactos, indicó que es “muy cauto y no tengo nada seguro”, basándose en la experiencia de anteriores procesos. “Como en el billar, jugamos a todas las bandas de la mesa. Estamos en la fase de todos con todos, nadie se fía de nadie”.

Una querella del BNG y tres denuncias del alcalde a medios

Las denuncias ante la Fiscalía de Ourense presentadas durante la campaña electoral por PP, PSOE y BNG aluden a presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho o falsedad documental. Además, el Bloque judicializó sus sospechas tras la publicación del primer audio. Registró una denuncia –después la transformó en querella, con el pago de fianza–, por presunta falsedad, para que se investigue si la identificación de un funcionario como el conductor del coche de alcaldía en Vigo, cuando el vehículo fue multado en Samil un sábado, se corresponde con la realidad.

La tramitación de esa denuncia está pendiente de que se asigne juzgado, tras ser derivada a reparto por la magistrada de Instrucción Número 3 –de guardia cuando el BNG presentó su escrito–, una jueza exenta de la tramitación de las querellas. La causa se examinará en Instrucción 1 o 2.

El alcalde de Ourense también ha efectuado varios movimientos en la vía judicial, para defenderse. Aseguró ante la prensa que los audios habían sido manipulados y que fue víctima de un acto de espionaje con micrófono oculto orquestado por una supuesta “mafia”.

En el juzgado ha presentado dos denuncias contra La Región y una contra La Voz de Galicia, medios a los que acusa de un presunto delito de revelación de secretos. Dos magistrados rechazaron la pretensión del alcalde de prohibir la difusión de las grabaciones, porque no apreciaron indicios de que la obtención de los audios se hubiera realizado de manera ilegal.

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