La alcaldesa juzgada por una fosa séptica alega que no fue notificada de las sanciones por los vertidos

“La intención no era contaminar, nada más lejos”, finalizó Teresa Barge, alcaldesa de A Bola desde 2003, en su derecho a la última palabra. La regidora del PP –en su primera etapa lideraba el BNG local– se enfrenta a una petición de condena de año y medio de prisión e inhabilitación. Está acusada de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La acusación particular añade otro de daños.

El Concello fue sancionado por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en dos ocasiones, por la contaminación de una fosa séptica sin autorización de vertido. La alcaldesa alega que las notificaciones de ambas multas, por infracciones leves, –1.316,07 y 1.107,33 euros, en febrero de 2019 y octubre de 2020– no le llegaron a ella, sino que fueron recibidas y tramitadas por una trabajadora encargada de la contabilidad y de recoger los avisos, y que además está autorizada para pagar los expedientes si la cuantía no llega a 3.000 euros.

En el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial, la trabajadora confirmó que no comunicó las notificaciones a Barge, ni observó que en ellas se subrayase la prohibición de realizar vertidos, sino que solo buscó la cifra, vio que estaba en el rango de las que podía pagar, y lo hizo.

“No está demostrado que las resoluciones fueran comunicadas personalmente a la alcaldesa”, incidió la defensa.

La regidora defiende que se enteró del problema con la fosa séptica cuando se lo dijo el Seprona, y que en ese momento inició “inmediatamente” las actuaciones para mejorar la planta y realizar un plan municipal de eliminación de la contaminación.

En cambio, el denunciante –un particular en cuya finca se vertían aguas fecales de la instalación– asegura que, antes de denunciar ante la Confederación del Miño-Sil, primero, y de acudir a la Fiscalía, después, advirtió a la regidora del vertido. “Me dijo que la contaminación no era para tanto, que era como tener unos cerdos cerca”, dijo el particular a los magistrados.

El denunciante: "La fosa olía muy mal, había muchos lodos, no me lo esperaba. Se veía perfectamente que eran aguas fecales. No me imaginaba que la fosa estaría ahí, no hubiera comprado la finca"

La construcción de la fosa séptica finalizó en 1992. “Estaba terminada cuando llegamos a la alcaldía. Tenemos un convenio con la Diputación, Viaqua y Aquaourense y hacíamos una limpieza anual, controles analíticos y mantenimiento en general, pero no sabíamos la situación de esta fosa”, indicó la regidora.

El perjudicado compró la parcela, de 18.000 metros cuadrados, sin saber que la instalación estaba allí, declaró en el juicio. Titulado en el ámbito forestal, su intención era “poner a producir” el terreno pero la contaminación se lo impidió, según su versión.

“En ese ayuntamiento no me veo capaz de hacer absolutamente nada, con los vecinos en contra y el Concello en contra he perdido interés de ir”, añadió en su interrogatorio. “La fosa olía muy mal, había muchos lodos, no me lo esperaba. Se veía perfectamente que eran aguas fecales. No me imaginaba que la fosa estaría ahí, no hubiera comprado”, declaró ante el tribunal.

“No se me hizo caso alguno”

Decidió denunciar porque, según su postura, la regidora no actuó pese a hablar con ella del problema y comunicárselo también por escrito. “No se me hizo caso alguno”, afirma.

La Fiscalía ve "una manifiesta dejación de funciones"

En la fosa séptica de Podentes acababan las aguas residuales de siete viviendas particulares, el centro de salud y una minirresidencia de mayores con 24 plazas –el geriátrico hasta el año 2018, cuando fue desalojado debido a problemas de filtración–, sin la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

La acusación particular: “Era conocedora de que la fosa vertía aguas fecales y no hizo absolutamente nada, ni tampoco lo comunicó a los vecinos”

La Fiscalía reprocha a la alcaldesa un delito por omisión, por “una manifiesta dejación de funciones y a sabiendas del deterioro producido al medio ambiente”. La parcela estaba dentro del territorio que conforma la Reserva de la Biosfera de Allariz. La Fiscalía esgrime que, tras las sanciones, los vertidos continuaron “pese a los múltiples avisos”.

Culpa a Barge de “hacer caso omiso”, y destaca que “la mera posibilidad” de que se produjera contaminación ya consuma el delito. “Era conocedora de que la fosa vertía aguas fecales y no hizo absolutamente nada, ni tampoco lo comunicó a los vecinos”, añadió el letrado de la acusación particular.

"Un daño sustancial en la calidad de las aguas"

Las aguas residuales acabaron en la cuenca del arroyo de Porto, señala la Fiscalía en su escrito de acusación, “ocasionando un daño sustancial en la calidad de las aguas”. En un lugar afectado por los vertidos se detectó la presencia de microorganismos como el Escherichia coli y otros coliformes, indicadores de contaminación fecal.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil inspeccionaron la zona y recogieron muestras. Las aguas tenían la textura, el color y el olor característicos de los residuos fecales, indicaron varios agentes ante el tribunal.

Amonio y hierro en un pozo de agua potable

También se recogieron muestras en tres pozos de agua potable de la zona y uno de los resultados reveló concentraciones de amonio y hierro disuelto por encima de los límites de calidad del agua para el consumo humano. No obstante, los técnicos puntualizaron ayer que “no podemos afirmar que con dos valores fuera perjudicial, eso tendría que decirlo la autoridad sanitaria”.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil detectó concentraciones más elevadas de las convenientes en el amonio, de hasta 61, cuando el límite es de 1 miligramo por litro según el reglamento del dominio público hidráulico.

“Si la sanción fue leve será porque el daño fue leve”

Otros peritos propuestos por la defensa expresaron que la planta funcionaba “con una calidad de vertido razonable para el uso doméstico”, y era “acorde con el estándar de la época” en la que fue construida. Este último asegura no haber apreciado “daño alguno” al medio.

“Si la sanción fue leve será porque el daño fue leve”, expuso. Las acusaciones esgrimen que en la finca del denunciante se produjeron daños al medio, tasados en 1.150,40 euros. La reposición del lugar al estado previo al vertido costaría 5.011,35 euros.

1 litro/minuto de agua fecal

Un ingeniero técnico forestal indicó que el encharcamiento ocasionado por el vertido fecal afectó a un área de 2.840 metros cuadrados y favoreció la proliferación de especies invasoras, como maleza y acacias. En cualquier caso, según este experto la afección fue “muy baja”, con “un alcance limitado” y sin que entrañara gravedad para el medio ambiente.

La defensa afirma que el daño ambiental fue “leve, muy leve o inexistente, por lo que no sería delito”

Cuando acudió a la zona en diciembre de 2020, el caudal de salida de la fosa séptica era de 1 litro por minuto, “bastante bajo”, manifestó. En cambio, el letrado de la acusación particular puso el foco en que, a lo largo de un año, se generaban “un millón y medio de litros de agua fecal”.

Considera que el riesgo y perjuicio eran “graves”. La defensa lo rebate y dice que el daño fue “leve, muy leve o inexistente, por lo que no sería delito”.

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