Una fosa séptica lleva a juicio a una alcaldesa: “Solo se desvió un parámetro en una ocasión”

María Teresa Barge Bello es la alcaldesa del municipio ourensano de A Bola –un millar de habitantes– desde 2003, en su primera etapa al frente del BNG y, en los últimos años, en las filas del PP. El miércoles se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusada de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por no intervenir presuntamente para impedir la contaminación de una fosa séptica propiedad del Concello y cuya construcción finalizó en 1992, pero que carecía de autorización de vertido.

Ella defiende su inocencia y, frente al relato de hechos que expone el ministerio público, alega que esa fosa séptica “solo en una ocasión dio un desvío en un parámetro, en amonio, pero no hubo daños al medio ambiente, según la conclusión de informes del Instituto Nacional de Toxicología y del Seprona”.

Un particular que, según la Fiscalía, sufrió contaminación fecal en una propiedad en la que está ubicada dicha instalación llevó el caso al ministerio público, después de haber advertido previamente del problema a la regidora, sin que adoptara una solución, según sostiene el letrado de la acusación particular.

El ministerio público solicita que la regidora sea condenada a un año y medio de prisión, a una multa de 2.800 euros así como a una inhabilitación especial para el ejercicio de las funciones públicas durante un año y medio.

Barge considera que la petición es “notoriamente exagerada”, y apela al principio de intervención mínima del Derecho penal. Además, esgrime que, tras detectarse ese vertido “puntual”, el Concello obró “con buena voluntad” y de forma “muy diligente”, después de ser sancionado por un incumplimiento “leve”, según sostiene la alcaldesa.

La Fiscalía reprocha “dejación” y actuación "a sabiendas"

Barge añade que el Concello adquirió un terreno de otro particular, ahora de titularidad municipal, para la instalación de una nueva fosa séptica, cuya legalización está pendiente de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Las Bases de Régimen Local establecen que los municipios cuentan, entre sus competencias propias, con la gestión del abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y el tratamiento de aguas residuales.

Las aguas residuales acabaron en un arroyo

En su escrito de calificación, la Fiscalía de Ourense asegura que, “pese a tener conocimiento de la existencia” de la fosa séptica en la finca del perjudicado, en la localidad de Podentes (A Bola), “donde vierten las aguas residuales de siete viviendas particulares, el centro de salud y la residencia de mayores –el geriátrico, hasta el año 2018–, sin la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil”, la alcaldesa presuntamente obró “con dejación de sus funciones y a sabiendas del deterioro producido al medio ambiente”, y “no interesó la concesión de dicha autorización, no sometió las aguas a tratamiento depurativo simple o primario (físico-químico), ni realizó obras para derivarlas a un colector público”.

Las aguas residuales acabaron en la cuenca del arroyo de Porto, indica el ministerio público.

Sanciones al Concello y "un daño sustancial en la calidad de las aguas"

La Confederación Hidrográfica abrió expedientes sancionadores al Concello de A Bola, y el Seprona de la Guardia Civil también interpuso denuncias. En febrero de 2019 se impuso una sanción de 1.316,07 euros. En octubre de 2020 recayó otra multa de 1.107,33.

La Fiscalía afirma que un lugar afectado por el vertido se detectó la presencia de microorganismos como el Escherichia coli y otros coliformes, indicadores de contaminación fecal, “ocasionando un daño sustancial en la calidad de las aguas del arroyo de Porto”, subraya la Fiscalía.

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Además, en la finca propiedad del vecino que ejerce la acusación particular se produjeron daños al medio ambiente, contradice la acusación, tasados según un informe en 1.150,40 euros. La reposición al estado anterior al vertido supondría un gasto de 5.011,35 euros.

El ministerio público quiere que la regidora –con el Concello de A Bola como responsable civil subsidiario– indemnice al particular con la cuantía en la que se han cifrado los daños medioambientales en su propiedad, y a la Hidrográfica con los 5.011,35 euros que harían falta para la recuperación del lugar.

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