Camino de los seis años desde el estallido en la comisaría de Ourense de la operación ‘Zamburiña’, la madeja de causas judiciales sobre la Policía Nacional de una ciudad segura y tranquila aún no se ha liberado. La absolución, el pasado febrero, por la anulación de las escuchas, de cuatro agentes acusados de presunta connivencia con traficantes locales –la Fiscalía ha recurrido ante el Supremo–, reactivó el contraataque del inspector que era el jefe de drogas entonces.
Antonio R. F., que se considera perjudicado por una maniobra que lo puso en el foco de Asuntos Internos, registró una querella contra el inspector responsable del grupo investigador de la unidad secreta (este agente declaró como investigado en septiembre) y otra contra los agentes gemelos Roy y Bernardo D. L., a los que culpa de elaborar pruebas contra él y de señalarlo junto a otros policías en un anónimo a Asuntos Internos. Los hermanos, que niegan su implicación, tendrán que comparecer por esta denuncia ante el magistrado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, a finales de mes. Lo harán en calidad de investigados. La defensa, Neil González, lamenta que deban regresar a sede judicial “por una querella sustancialmente idéntica a las anteriores”.
De esta manera, los gemelos se ven inmersos en una causa que dirimirá si cometieron presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, acceso ilegal a sistemas informáticos, denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio, los hechos que aprecia la abogada Beatriz Seijo, redactora de la querella como representante legal del exjefe de drogas.
Desde su detención en enero de 2018, Roy y Bernardo siguen investigados por la muerte en comisaría de un compañero, Celso B. A., en abril de 2016, con un disparo con una de las seis armas robadas en el búnker de la sede policial en agosto de 2014 (tres fueron localizadas en el despacho donde falleció el agente). La causa, que lleva cinco años y medio en trámite a cargo de la magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, continúa en fase de instrucción, y en ella se acumula, desde que así lo acordó la Audiencia Provincial el pasado marzo, la derivada relativa al robo de pistolas y revólveres. Son varios miles de folios en un mismo procedimiento.
El policía absuelto en la ‘Zamburiña’ estuvo suspendido del servicio desde su detención en noviembre de 2015 hasta su readmisión por la Policía Nacional tras ser absuelto en primer instancia. Regresó a principios de abril al servicio activo, en labores de gestión, en estadística, casi 2.000 días después de ser apartado. Por una parte, Antonio R. F. atribuye al inspector de Asuntos Internos la comisión de presuntos delitos de omisión del deber, encubrimiento, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación –en su modalidad de retraso malicioso en la administración de justicia–, denuncia falsa así como una presunta falsedad en documento público.
En una de las sesiones del juicio de la ‘Zamburiña’, la abogada de Antonio manifestó que el agente instructor, jefe del grupo VI de la unidad secreta, pudo cometer presuntamente “una serie de delitos para reconducir la investigación tendenciosamente”, con una supuesta connivencia con los autores de los anónimos, que esta parte y la UDEV de comisaría consideran que son los policías gemelos Roy y Bernardo D. L.
Este funcionario prestó declaración a principios de septiembre, en calidad de investigado, ante el juez Doval. Contestó a preguntas del magistrado y de su abogado, no así a la letrada del exjefe de drogas. Atribuyó a errores sin intención las supuestas irregularidades por los que es investigado. Ha solicitado copia de todas las causas sobre la comisaría y el juez le ha indicado que concrete de qué quiere disponer.
Vinculada a esta acción, pero en un procedimiento judicial diferente, comparecerán en calidad de investigados a finales de este mes los hermanos D. L. La tesis de Antonio contra ellos se fundamenta, en parte, en las conclusiones que alcanzó la UDEV de la Policía Judicial de comisaría. Una impresión que muestra la disparidad de interpretaciones sobre la crisis policial de Ourense entre dos unidades de la propia institución.
Por una parte, en síntesis, el grupo VI de Asuntos Internos exculpa a los gemelos del robo de las armas, y circunscribió la culpa al agente fallecido Celso. Considera que su muerte se trató de un suicidio y no ha advertido rastro de un crimen. En cambio, la UDEV concluye que los tres orquestaron la elaboración de los anónimos y la sustracción de las pistolas, y que los hermanos presuntamente mataron a su compañero para que no contara qué había sucedido.
“El confidente de la UAI pasó a convertirse en un presunto delincuente”, dijo la unidad de la Policía Judicial de Ourense en un informe, para subrayar que “los policías denunciados por el anónimo no eran en realidad los autores del robo de armas, sino que el verdadero autor había sido su confidente, que lo había realizado para crear rastros falsos”.
El exjefe de drogas culpa a los hermanos de enviar un anónimo en 2014 a Asuntos Internos y de crear pruebas falsas –el germen de la ‘Zamburiña’–, usando presuntamente su clave y la de otros agentes para hacer consultas incriminatorias y dar verosimilitud a los hechos denunciados en la nota.
Por el contrario, en uno de los informes de réplica, la unidad secreta afirmó que la intención de la UDEV, “más que plasmar indicios objetivos, es realizar un encaje de datos de forma subjetiva que señalen solo en una única dirección, aun a riesgo de no evaluar otras hipótesis y datos contrarios a sus afirmaciones”. La unidad llegó a afirmar que la Policía Judicial de Ourense se dedicaba a hacer “una defensa velada” del exjefe antidroga.
