La Valedora pedirá al Igape fórmulas para saldar las deudas de las auxiliares del naval

La plataforma de empresas auxiliares del sector naval que reclama desde hace años el pago de trabajos millonarios realizados para algunos de los grandes astilleros fue recibida ayer por la Valedora do Pobo de Galicia, María Dolores Fernández Galiño. Recurrieron a esta institución, así como al Defensor del Pueblo, con el objetivo de forzar a las administraciones a una reunión en la que les pidan fórmulas para poder cobrar las mencionadas facturas o lograr la condonación de las deudas que por esos impagos suscribieron con entidades bancarias y que no son capaces de afrontar en estos momentos. Esta situación derivó incluso en embargos de viviendas particulares de algunos de estos empresarios, la mayoría de los cuales son vecinos de O Morrazo.

Tres de los empresarios que integran la plataforma, encabezados por el presidente del colectivo, Balbino Barcia, acudieron ayer a la reunión en el despacho de la Valedora do Pobo y mostraron su satisfacción a la salida de la reunión. Y es que declaran que la valedora “se comprometió a contactar con el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) para que busquen fórmulas que nos solucionen el problema. En todo momento entendió que teníamos razón en nuestras demandas”, apunta Barcia.

Los afectados cifran en 8 millones las facturas impagadas a 19 compañías

Espera que al involucrarse la Valedora consigan alguna propuesta en concreto del Igape. De todas formas, responsables de este organismo citaron la semana pasada a Balbino Barcia en su sede de Vigo para pedirle una actualización de la documentación de las mencionadas deudas, pues algunos de los afectados ya cobraron o aceptaron una quita a sus acreedores.

“Nosotros seguiremos con la tramitación ante el Igape, pero con el apoyo de la Valedora esperamos llegar por fin a buen puerto”, concluye Barcia. Hay que recordar que en septiembre los datos con los que contaba la plataforma elevaban a 8 millones de euros las facturas que hasta 19 empresas esperan por cobrar desde hace años.

La mayoría de estas auxiliares son de Moaña, pero también hay dos de Vilaboa y una de Cangas. En estos años llegaron incluso a intentar involucrar al comisario europeo de Comercio Interior y a la Plataforma contra la Morosidad de España, que archivó el asunto al entender que excedía de sus competencias.

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