La tensión del mercado de alquiler en Vigo se dispara: hay 25 personas interesadas por cada anuncio

Conseguir un piso en alquiler en Vigo es cada vez más complicado: la oferta está en mínimos –menos de 400 disponibles– y los precios, en máximos –el metro cuadrado (m2) ya supera los 10 euros de media–, extremos que se distancian con el paso de las semanas. Este escenario invita a pensar que el mercado de esta rama inmobiliaria está tensionado, pero ¿cuánto? Según la información facilitada por el portal web Fotocasa, mucho: son ya 25 personas esperando por cada oferta. Hace tres meses, eran 10. Es decir, se ha multiplicado por 2,5 en muy poco tiempo, lo que complica todavía más la tarea de encontrar un piso o una casa en la ciudad más poblada de Galicia.

La solución la tienen las administraciones públicas. Destaca María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, que no solo se debe poner el foco en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que proyecta casi 51.500 viviendas, de las que se prevé que más de 14.000 gocen de algún tipo de protección. “Casi no llegan ofertas a los portales. Deben comprar viviendas y ponerlas en el mercado. Necesitamos que hagan algo ya: que amplíen el parque público, que se las pidan a la Sareb o la banca. Nos vamos hacia un precipicio: la demanda no para de crecer y la oferta es cada vez más pequeña”, advierte.

El precio del alquiler en Vigo ya supera al de capitales europeas como Viena o Budapest

Reflexión similar hace el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), Benito Iglesias, que reclama la derivación de las viviendas de la Sareb, participada mayoritariamente por el Estado, al parque público y el uso de sus terrenos para la construcción de pisos sociales. Precisamente, el Parlamento gallego pidió la semana pasada destinar estos pisos a usos sociales con cesión a la Xunta, que tiene la competencia en vivienda. La propuesta la llevó el PPdeG –grupo de gobierno– y fue apoyada por el BNG; el PSdeG se abstuvo.

“¿Por qué el alcalde, Abel Caballero, no ha ido estos años a Madrid a reclamar suelo y viviendas de la Sareb para crear un parque social?”, se pregunta Benito Iglesias tras indicar que los desarrollos de viviendas de protección oficial, como la ampliación de Navia por parte de la Xunta, las que recoge el PXOM o los proyectos del Concello en Esturáns –40 pisos– o Barreiro –27–, “deben salir de manera urgente al mercado para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de la accesibilidad a una vivienda digna”. Y urge la aprobación del Plan Xeral, pendiente de informes estatales una vez recibido el visto bueno de Patrimonio Cultural.

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“El Ayuntamiento debe agilizar la concesión de licencias, con un máximo de espera de tres meses, según recomienda la legislación estatal para obras mayores y un mes para obras menores, plazo que supera el año en caso de Vigo”, apostilla el representante de la patronal, que también reclama a las administraciones que “construyan de la manera más ágil posible las 14.390 viviendas de protección oficial que han anunciado en papel”, aunque considera que “nunca se materimalizarán, para desesperanza de miles de familias viguesas” a las que les cuesta seriamente llegar a fin de mes”.

“Vigo no puede seguir con tanta burocracia urbanística y unos tiempos administrativos incongruentes que solo provocan fuga de inversiones hacia el norte de Portugal, concretamente, hacia Oporto y su área metropolitana, donde el tiempo de espera por una licencia municipal es de 15 días máximo y la seguridad jurídica urbanística está garantizada por unas administraciones ágiles, eficientes y eficaces”, continúa Benito Iglesias, que rechaza el límite a los precios del alquiler. “Se ha comprobado que no funciona: se reduce la oferta, por lo tanto, se incrementan los precios”, argumenta.

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El Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño sí defiende imponer topes a los alquileres y reclama, a su vez, la regulación de los pisos turísticos, la expropiación de la vivienda vacía –hay más de 15.000 en la urbe olívica– y la creación de un parque público de vivienda en alquiler con la incorporación de las propiedades de la Sareb.

Más de 5.700 demandantes de pisos protegidos

La dificultad para acceder a una vivienda en Vigo, un derecho recogido por la Constitución, se refleja en los datos del Rexistro Único de Demandantes de Galicia, en el que están inscritas más de 5.700 personas. Según los datos del Ministerio, en 2023, solo se registraron 18 operaciones de compraventa de casas y pisos protegidos. Es la cifra más baja de toda la serie histórica –excepto 2020, año atípico por las restricciones del COVID, cuando se firmaron 11 operaciones–, con estadísticas desde 2004.

Caballero anunció el martes que el Concello contratará un estudio en busca de áreas de alquiler tensionado para limitar el precio. Lamentó que la Xunta, desde que la gestiona el Partido Popular (2009), “no ha hecho prácticamente ninguna vivienda pública” en la ciudad.

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