El Concello contratará un estudio en busca de áreas de alquiler tensionado

Caballero acusa a la Xunta de “no cumplir sus obligaciones” y de estar “encantada con la especulación” | Permitiría aplicar límites a las rentas

El Concello de Vigo quiere saber en qué zonas de la ciudad el alquiler está tensionado, es decir, cumple los parámetros descritos por el Gobierno central para limitar el precio. Para conocer esta información, contratará a una empresa para la elaboración de un informe al respecto, cuyas conclusiones permitirán al gobierno local iniciar el procedimiento para “obligar a la Xunta de Galicia”, la administración competente en vivienda, a buscar soluciones. Lo avanzó el alcalde, Abel Caballero, que acusó a la entidad autonómica de “no cumplir sus obligaciones” y estar “encantada” con la especulación, que permite que “se enriquezcan unos pocos a costa de tanta y tanta gente”.

El regidor señaló que el Concello ya licitó el contrato y lamentó que la Xunta, desde que la gestiona el Partido Popular (2009), “no ha hecho prácticamente ninguna vivienda pública en Vigo y, desde luego, ninguna con alquiler moderado”. “No cumple sus obligaciones: hacerse cargo de que haya vivienda pública de alquiler a precios adecuados, asumibles por la gente joven. Yo asumiré el compromiso, le pido que me pase la competencia y los recursos que tienen desde el Gobierno de España”, indicó.

La intención del Ayuntamiento, según expresó su máximo responsable, es “velar por que haya alquileres asequibles para la gente joven, que se tiene que independizar y no puede pagar los precios que hay en tantas ciudades de Galicia y España”. En la olívica, el precio medio del metro cuadrado de los anuncios de pisos y casas en arrendamiento es de récord: más de 10 euros, según Idealista, con la oferta en mínimos.

El PP de Vigo propone deducciones fiscales en las tasas e impuestos municipales para propietarios que hayan tenido el inmueble vacío al menos durante los dos últimos años y los destinen al alquiler con el objetivo de movilizar los más de 15.000 pisos vacíos. Además, plantea que el gobierno local ponga en marcha una línea de ayudas directas al arrendamiento.

La limitación a los precios del alquiler, medida recogida en la nueva ley de vivienda estatal y que el Concello de Vigo estudia, tendría, según la patronal inmobiliaria, un efecto mínimo en la ciudad: la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) cifran en solo 153 las propiedades que se beneficiarían de esta propuesta. Expertos consideran clave aprobar el nuevo Plan Xeral para incrementar la oferta y la creación de un parque de vivienda social potente.