El juez vincula el ingreso de 600.000 euros en cuentas de Suiza y Portugal con el caso de Hacienda

La investigación policial y judicial de la presunta trama de extorsión a empresarios que se atribuye al inspector de Hacienda de Vigo Asdrúbal C.G. tuvo una importante vertiente económica. La Guardia Civil realizó un “exhaustivo análisis” para “determinar la procedencia de los fondos” que entraron en las cuentas bancarias vinculadas a las personas investigadas y en busca de posibles salidas de dinero “injustificadas”, todo ello en aras de detectar un posible “enriquecimiento ilícito” o “remuneraciones indebidas”. También se indagó en los activos inmobiliarios de los imputados. Y uno de los atestados elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado alude a la existencia de cuentas en el extranjero, concretamente en Suiza y Portugal, donde, concluye el juez instructor, se realizaron “transferencias e incluso depósitos en efectivo de cantidades sustanciales cuyo origen pudiere ser delictivo al no ser descartable que procedan de la actividad delictiva” objeto de investigación en este procedimiento judicial.

Un jurado popular juzgará el caso

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela hace referencia a esta cuestión en el extenso auto judicial, todavía susceptible de recurso, con el que da por finalizada esta instrucción que arrancó en 2016 y ordena incoar el procedimiento de cara a su futuro enjuiciamiento con jurado popular, citando a los siete investigados, al fiscal y a los abogados a una comparecencia que fija para el 15 de mayo. Un tribunal ciudadano será el encargado de emitir veredicto en un caso en el que, a la espera de los escritos que presenten la Fiscalía y las acusaciones particulares personadas, el juez ve indicios de la presunta comisión de hasta siete delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, descubrimiento de secretos o blanqueo de capitales.

Sobre esas cuentas en el extranjero, el instructor destaca que “posiblemente relacionado con la ocultación de sus actividades delictivas” dos de los investigados “serían beneficiarias” de las mismas. Concretamente hace alusión a una transferencia remitida por la exmujer del inspector de Hacienda, de 106.289 euros, a un cuenta bancaria de Suiza, señalando que “parte” de dichos fondos procedían de las cuentas bancarias de su exmarido.

En cuento a otro imputado al que también se atribuye un papel destacado en la supuesta trama de extorsión, Francisco G.P., en la resolución judicial se detalla que se “pudo acreditar” que “habría ingresado en efectivo 500.000 euros en una entidad bancaria de Portugal”. En este movimiento, realizado en 2009, el magistrado implica también a su pareja, investigada asimismo en la causa. Y sobre este imputado se indaga también en profundidad en los movimientos económicos de su ámbito empresarial, resaltándose sus vinculaciones “con un gran número de cuentas bancarias”y haciéndose mención, en relación también con él y con su esposa, a “la existencia no solo de múltiples propiedades inmobiliarias sino también la existencia de múltiples pagos e ingresos en efectivo de origen no justificado a través de los cuales se satisfacen determinadas deudas como son la amortización de préstamos hipotecarios”, indica el auto. Una operativa, en su conjunto, que, siempre según dicha resolución judicial que tiene fecha del pasado 30 de abril, “sería una forma de ‘lavar’ el dinero procedente de actividades ilícitas como las que aquí se investigan, lo que nos conduce indiciariamente a la comisión de un posible delito de blanqueo de capitales [...]”.

Escuchas, SMS y grabaciones

La investigación judicial nacida hace ocho años ha tenido en cuenta, junto a la investigación de la UCO, los informes del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria. De cara a recabar indicios, entre otras pruebas el juez autorizó escuchas telefónicas, análisis de tráfico de llamadas y SMS e incluso la “captación, grabación y observación con un sistema de grabación de sonido ambiente digital” de las comunicaciones orales directas de los investigados con motivo de un encuentro que tuvo lugar el mediodía del 5 de septiembre de 2018 en un restaurante, en el que participaron el inspector de Hacienda y otros dos investigados. Entre las pruebas en manos del juzgado también están las grabaciones que uno de los empresarios denunciantes realizó de dos reuniones que tuvo con dos investigados, que a ojos del juez contribuyen a dar “respaldo objetivo suficiente” a los hechos.

El principal imputado, el inspector de Hacienda, mantiene que es inocente y niega las actividades ilícitas que se le atribuyen.

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