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Un jurado popular juzgará la presunta trama de extorsión atribuida al inspector de Hacienda

“No he hecho nada y por lo tanto no hay nada”, afirma Asdrúbal C.G. sobre este caso que suma ya siete años de recorrido judicial

Foto de archivo de la sede de Hacienda en Vigo, en la calle Lalín.   // RICARDO GROBAS

Foto de archivo de la sede de Hacienda en Vigo, en la calle Lalín. // RICARDO GROBAS / marta fontán

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

Abierta en 2016, la causa judicial de la presunta trama corrupta que se atribuye al inspector de Hacienda de Vigo Asdrúbal C.G. protagonizó una larga instrucción y acaba de estar más de un año en "stand by" a raíz del recurso presentado por la Fiscalía contra el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Santiago de Compostela que, finalizada la fase de investigación judicial, ordenaba continuar la tramitación de las diligencias de cara al juicio imputando al inspector vigués y a seis personas más por la presunta comisión de cinco delitos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y blanqueo de capitales. Junto a solicitar la acomodación del caso al procedimiento del jurado popular, el Ministerio Público pedía revocar el auto por su patente “falta de precisión” y motivación. En abril de este año el propio juzgado instructor estimaba el recurso, dejando sin efecto la resolución y atribuyendo el caso al tribunal popular. Y ahora, tras los posteriores recursos de apelación contra ese nuevo auto, ha sido la Audiencia Provincial de A Coruña, concretamente la Sección Sexta desplazada de Santiago, la que ha dictaminado, rechazando todas las apelaciones y confirmando, por tanto, la tramitación del procedimiento conforme a las normas de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado.

La sala, que reactiva una causa que ya suma un recorrido de siete años, argumenta que en el auto recurrido se imputaban varias infracciones “que indiscutiblemente son competencia del tribunal de jurado [...]”. “Resulta patente que la instrucción ha tenido como eje principal las supuestas conductas de un funcionario público que a través de terceras personas pretendía y/o obtenía percepciones por razón de su intervención en expedientes de la Agencia Tributaria que afectaban a las personas de las que derivaría tales percepciones, e igualmente las supuestas tareas de asesoramiento ilegal que realizaba respecto de diferentes entidades”, afirma.

Demora en la tramitación

Los magistrados –que validan la conversión de la causa por los cauces del jurado popular pese a reconocer que se ha producido una “muy tardía transformación del proceso” que además ha demorado la tramitación del mismo– no ven necesario que los hechos investigados en torno a esta presunta trama corrupta, como postulaba la Fiscalía, se describan “de forma más pormenorizada” que en el auto dejado sin efecto por la resolución apelada, ni que se aporte una fundamentación a las imputaciones “digna de un proceso que tantos años se ha dilatado, sin perjuicio de que efectivamente sean mejorables ambos aspectos de aquella resolución [...]”.

De hecho, la Sección Sexta recuerda que en los casos de Tribunal de Jurado es en las acusaciones “sobre quienes pesa el deber de concretar las imputaciones”, por lo que ahora la acusación pública podrá “fijar los hechos con la concreción que [...] su recurso echa en falta en la decisión judicial”. La sala rechaza también la nulidad instada por algunas de las partes y argumenta asimismo que el delito de organización criminal también puede ser juzgado por un jurado cuando “concurre con otro u otros competencia de dicho tribunal”.

Asdrúbal C.G. fue uno de los investigados que recurrió sin éxito: pedía el sobreseimiento libre del caso con respecto a él rebatiendo la investigación judicial y la realizada por la UCO de la Guardia Civil, alegaba lo tardío de la transformación por los trámites del jurado popular y pedía además, entre otras cuestiones, la nulidad del auto y con ello de toda la instrucción. Ahora, tras la decisión de la Audiencia, afirma que seguirá defendiendo su inocencia. “No he hecho nada y no hay nada en mi contra”, señala, indicando que la prueba de ello es que el propio juzgado instructor tuvo que revocar el auto en el que se concretaban las imputaciones. “Ahora hay que esperar al escrito de la Fiscalía”, señala sobre el futuro de este procedimiento.

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