El Concello de Vigo procederá al desalojo forzoso de una pensión ilegal con varios expedientes y multas a sus espaldas

La propiedad de los inmuebles situados en los números 11 y 13 de la calle Fisterra ha ignorado la última resolución de Urbanismo, emitida tras observar el deficiente estado de la instalación eléctrica

Vista de los dos inmuebles que el Concello ha ordenado desalojar.

Vista de los dos inmuebles que el Concello ha ordenado desalojar. / Marta G. Brea

R.V.

El Concello de Vigo procederá a ejecutar el desalojo forzoso y subsidiario de los inmuebles situados en los números 11 y 13 de la calle Fisterra, tras comprobar que la propiedad ha ignorado la resolución de Urbanismo de proceder a su inmediato desalojo y a cortar el suministro de energía eléctrica ante el riesgo que supone el deficiente estado de la instalación para sus moradores, el propio inmueble y los colindantes.

Así figura en un expediente de Urbanismo del pasado martes que recoge información de la Policía Local, según la cual el pasado día 21 la propiedad obvió la orden de desalojo emitida dos días antes por el Concello, situación que continúa este jueves.

Según la Policía, pese a las advertencias del informe técnico de Urbanismo, en el edificio sigue habiendo luz, numerosas viviendas permanecen habitadas y sus residentes no parecen tener intención de abandonarlas voluntariamente.

En su orden de ejecución forzosa, el Ayuntamiento señala también los riesgos que supondría el corte de la electricidad con habitantes en el interior de los inmuebles, ante el riesgo de que recurriesen a soluciones alternativas como velas o calentadores, lo que podría suponer un peligro añadido en caso de que se descontrolasen accidentalmente.

Pensión sin licencia

Los edificios Fisterra 11 y 13 son propiedad de Centro Finist S.L. y funcionan como una pensión sin la pertinente licencia municipal para desarrollar dicha actividad.

Así figura en un expediente fruto de una inspección de Urbanismo realizada el 24 de septiembre de 2021, en el que el inspector afirma: "Como ya se indicó en anteriores inspecciones, este edificio se usa a modo de pensión para personas de bajos recursos y se encuentra con graves problemas de salubridad".

Además de dar fe de la existencia de una actividad clandestina, el inspector afirma que el edificio "continúa en muy mal estado de conservación".

Un expediente previo, derivado de otra inspección de Urbanismo realizada el 1 de marzo de 2019, describe el interior de ambos inmuebles, uno de cuatro plantas y otro de tres, ambos con planta baja. El inspector describe plantas divididas en habitaciones numeradas y con cerraduras, todas con acceso a un baño y una cocina comunes.

Del inmueble Fisterra 13 afirma que "en las plantas segunda y tercera, los cerramientos verticales parecen de reciente construcción", de lo que se infiere la realización de obras sin licencia.

El inspector, que habla de habitaciones de poco más de seis metros cuadrados, añade en el informe: "Tras las pesquisas que realicé en la gestión de expedientes, no localicé ninguna referencia sobre la existencia de licencia para ejercer dicha actividad en ninguna de las edificaciones".

El primer expediente, de 2015

Los problemas con estos inmuebles se remontan al años 2015, cuando la gerencia municipal de Urbanismo resolvió iniciar un expediente de orden de ejecución de obras a los propietarios de Fisterra 11 "como consecuencia de las deficientes condiciones de seguridad y ornato público" en las que se encontraba el edificio, según un informe técnico municipal del 2 de febrero.

Se exigía entonces a la propiedad abordar "medidas urgentes de seguridad tendentes a garantizar la estabilidad de la edificación" con base en el informe técnico que instaba a "evitar la caída de elementos del edificio a la vía pública, a patios interiores y/o predios y edificaciones colindantes", entre otras actuaciones.

Casi 5.000 euros en multas

En junio de 2017, Urbanismo dio un plazo de seis días a la propiedad para iniciar los trámites de las obras, en esta ocasión basándose en otro informe técnico realizado un mes antes, y en octubre de ese mismo año la propiedad fue multada con 900 euros por incumplimiento de las órdenes municipales.

Las sanciones se repitieron en 2019, en esta ocasión con una multa de mil euros, sin que las obras requeridas en 2015 se llevasen a cabo, y en enero de este mismo año, Urbanismo volvió a multar a la propiedad del inmueble, en esta ocasión con 3.000 euros.