El Concello de Vigo estudia limitar las viviendas de uso turístico

El Concello de Vigo no seguirá los pasos del de A Coruña. La responsable de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento olívico y cuarta tenienta de alcalde, María José Caride, avanzó que el gobierno local, a diferencia de la entidad encabezada por la socialista Inés Rey, no contempla solicitar la declaración de la ciudad como zona tensionada, una de las novedades que recoge la ley de vivienda estatal para topar el precio del alquiler. Para facilitar las opciones de compra de un hogar –a casi 2.100 euros el metro cuadrado, unos 340 más que hace seis años– y el arrendamiento –a 9,3 euros el metro cuadrado, casi un 40% más que hace ocho años–, el equipo de Abel Caballero escoge un camino que no pasa por esta condición de la normativa estatal, en vigor desde finales de mayo.

Caride destacó que una de las medidas que “estudia” el Concello es “limitar nuevas actuaciones de pisos turísticos”, que cobran cada vez más peso en el sector de los alojamientos. Como publicó FARO la semana pasada, la cifra de habitaciones que se ofertan en las viviendas turísticas de la ciudad ya es mayor que la de los establecimientos hoteleros: más de 2.700, casi un centenar más que las segundas, 2.638, como refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), repartidas en 63 negocios. La limitación de este tipo de propiedades es una de las demandas del recién configurado Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-BM (Baixo Miño) para reducir los precios del alquiler.

Las ocho áreas tensionadas de alquiler en Vigo acogen a casi 100.000 habitantes

A nivel gallego, Vigo es la segunda localidad con más viviendas turísticas registradas –1.278–, solo detrás de Sanxenxo, que agrupa casi 2.700. En Santiago, son unas 800; en A Coruña, algo más de 1.000; en Pontevedra, más de 420; en Ourense, unas 350; en Lugo, algo más de 240; y, en Ferrol, 166. En abril, la Xunta tenía registradas unas 1.000 en Vigo, en torno a 300 menos que ahora, y se espera que se alcancen las 1.500 antes de que concluya 2023 con el impulso de la Navidad.

La Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) defiende que este tipo de alojamientos no son el problema de acceso a la vivienda, sino las casas y pisos vacíos: en Vigo, unos 20.000. Y el Concello también actúa en este sentido. La concejala indicó que ya ha aplicado el recargo en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a las propiedades desocupadas, acción permitida por la nueva ley estatal.

Jorge Marichal, presidente de los hoteleros: "Hay que poner coto a la anarquía de las viviendas turísticas"

Otro mecanismo que citó Caride para la reducción de los precios en el mercado inmobiliario es el desarrollo de viviendas de protección –hay 6.731 solicitantes en Vigo anotados en el Rexistro Único de Demandantes de Galicia, casi el triple que A Coruña–. Mencionó el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), cuya aprobación definitiva se prevé en el primer semestre de 2024: exigirá a todos los ámbitos de nueva urbanización o reforma interior el 30% de vivienda protegida y recoge un plan de choque con más de 14.500 inmuebles asequibles. “Las primeras acciones que se llevarán a cabo cuando se apruebe ese Plan serán para desarrollar viviendas sometidas a régimen de protección”, prometió la edila socialista.

La revisión del PXOM trae bajo el brazo la ejecución de cinco ámbitos de suelo dedicados íntegramente a la construcción de viviendas protegidas: en Santa Cristina-parque central de servicios, más de 200; Guixar, más de 600; Santa Cristina-Severino Cobas, más de 710; Cantabria-Ramón Nieto, más de 700; y el ofimático –entorno de la avenida de Madrid–, más de 1.600.

La aprobación del PXOM abre una nueva era del urbanismo

Caride también recordó que el Concello “tiene en este momento lanzados dos proyectos para la promoción municipal de viviendas a precio tasado en alquiler”. Uno de ellos se prevé en Barreiro: pretende construir una edificación dotacional y 40 pisos de protección pública de tres habitaciones en la parcela sobre la que, antaño, se levantaba el cuartel militar, derribado hace más de dos decenios. El otro se dibuja en Esturáns: un edificio de nueve plantas con 27 viviendas de una y dos habitaciones, 39 plazas de aparcamiento y trasteros. El presupuesto supera los 5,4 millones de euros. La Xunta subvenciona la actuación con casi 1,2 millones procedentes de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE a través del programa Next Generation.

Sin embargo, Caride lamentó que el gobierno local, “desafortunadamente,” está “solo” en su intento de “paliar los problemas que las familias viguesas tienen para acceder a una vivienda digna” porque la administración gallega, “con competencia exclusiva” en esta materia, “ha dejado abandonados a los ciudadanos de Vigo”. “Desde el año 2009, ha construido únicamente 44 viviendas y, todo ello, gracias a la cesión de dos parcelas por parte del Ayuntamiento. Una ridícula cifra de tres viviendas al año”, criticó.

La Xunta sube un 8% el precio de la vivienda protegida en plena alza de las hipotecas

En el horizonte, está el desarrollo de San Paio de Navia, donde la Xunta promueve unas 1.600 viviendas con algún tipo de protección.

La Xunta espera por el Gobierno y el Constitucional

A pesar de que la Ley por el derecho a la vivienda, que recoge la posibilidad de topar el precio del alquiler en zonas tensionadas, está en vigor desde finales de mayo, la Xunta no la está teniendo en cuenta a la espera de conocer qué decide el Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por algunas comunidades autónomas, según apuntó la semana pasada la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

El gobierno autonómico aún no ha recurrido esta norma porque “opta primero por solicitar una comisión bilateral Xunta-Estado para intentar agotar la vía de diálogo antes de acudir a la vía judicial, una posibilidad que no descarta”. “Seguimos a la espera de que el Gobierno central ponga fecha a esa comisión bilateral para abordar las discrepancias y posibles invasiones competenciales que ve la Xunta en la ley”, indican desde Vivenda.

Según la consultora Atlas Real Estate Analytics, hay ocho códigos postales en la ciudad –de 27 en total– que se podrían declarar zonas tensionadas según la nueva normativa. Agrupan a más de 93.200 habitantes.

Suscríbete para seguir leyendo