Vigo ya ofrece más habitaciones en viviendas turísticas que en los hoteles: supera las 2.700

Suma casi 1.300 casas y pisos vacacionales, más que Pontevedra, Ourense, Ferrol y Lugo juntas

En Galicia, solo le supera Sanxenxo, con 2.692 alojamientos

El sector hotelero lamenta la facilidad para darlos de alta

Turistas en A Laxe.

Turistas en A Laxe. / Marta G. Brea

La cifra de habitaciones que se ofertan en las viviendas turísticas de Vigo ya es mayor que la de los establecimientos hoteleros: más de 2.700, casi un centenar más que las segundas, 2.638, como refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), repartidas en 63 negocios. Es un resumen breve y directo de la transformación del sector de alojamientos de la urbe más poblada de Galicia, donde los pisos y casas que se destinan al alquiler a visitantes cobran cada más peso. Según los datos más recientes del Registro de empresas y actividades turísticas de la Xunta, suman unas 1.278.

La diferencia será cada vez más amplia si atendemos al crecimiento vertiginoso en los últimos años de las viviendas de uso turístico, con repuntes que se corresponden con las fechas de más afluencia de personas: verano y Navidad, principalmente. De las casi 1.300 que aparecen ahora en el registro, la gran mayoría están disponibles para acoger visitantes todo el año, pero también hay otras libres para un periodo concreto. Algunos ejemplos: del 10 de julio al 30 de septiembre, del 30 de junio al 14 de septiembre o solo en agosto.

En abril, la Xunta de Galicia tenía anotadas unas 1.000, en torno a 300 menos que ahora, y se espera que se alcancen las 1.500 antes de que termine este año con el impulso de las luces de Navidad en una campaña que se prevé de récord gracias a los principales atractivos de la programación, entre los que destacan el árbol gigante de Porta do Sol de 40,5 metros de alto, el mercado, la noria o las actividades. Juegan a su favor, según destacan desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), la rentabilidad frente a las viviendas de alquiler tradicional, más elevada, y la mayor protección a los propietarios en caso de impagos.

A nivel gallego, Vigo es la segunda localidad con más viviendas turísticas registradas, solo detrás de Sanxenxo, que agrupa casi 2.700. En Santiago de Compostela, son unas 800; en A Coruña, algo más de 1.000; en Pontevedra, más de 420; en Ourense, unas 350; en Lugo, algo más de 240; y, en Ferrol, 166. Este sector se prevé beneficiar de la nueva normativa de la Xunta que facilita la conversión de locales sin actividad en pisos. Uno de los concellos que ya ha tomado cartas en el asunto para reforzar la regulación de este tipo de alojamientos es Santiago de Compostela: a mediados de febrero, el pleno municipal aprobó que solo podrán instalarse en los bajos cuando estos tengan un uso residencial o estén en las primeras plantas. Recientemente, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, avanzó que la Xunta pedirá al Gobierno que regule las viviendas turísticas en el marco de la comisión bilateral para resolver dudas competenciales sobre la implantación de la nueva ley estatal de vivienda.

El presidente de la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Pontevedra, César Sánchez-Ballesteros, destaca que las viviendas vacacionales “son competencia” de los hoteles, pero “no directa”, puesto que, en algunos casos, sirven como alternativa. Pone el ejemplo de una familia que busca alojamiento con cinco camas y quieren estar juntos: “Les saldría más caro en un hotel coger dos habitaciones. No siempre compartimos la tipología de cliente”. Indica, además, que podrían complementar la oferta en épocas como Navidad, en la que los hoteles de la ciudad olívica e incluso algunos del área están llenos.

Añade que el gremio hotelero ve “con preocupación” la proliferación de este tipo de alojamientos y que “no jueguen con las mismas reglas”. Destaca algunos de los requisitos que se exigen en hoteles: un ancho determinado del pasillo, ascensor con unas medidas concretas, detectores de humos o contar con un certificado sanitario de análisis de agua. “En algunas ocasiones, incluso nos obligan a tener recepción”, apostilla antes de indicar la necesidad de imponer “más requisitos” a las casas y pisos del alquiler turístico, pero también de proteger más a los propietarios de los contratos de arrendamiento tradicional ante impagos.

“Que tengan los mismos requisitos que el sector profesional; de hecho, ya lo son. Y que las comunidades de propietarios puedan decidir”, comenta. Al respecto de esto último: el Real Decreto-Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler permite a las comunidades de propietarios limitar o acordar el alquiler turístico siempre y cuando haya un acuerdo favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, es decir, el 60% –80% en Cataluña–. ¿Pero permite la ley la prohibición? Hay escasa jurisprudencia a la espera de que se pronuncie sobre ello el Tribunal Supremo.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de julio de 2022 estableció que no pueden prohibir a los vecinos que pongan sus pisos a disposición de turistas si esta directriz no estaba recogida en los estatutos originales del edificio o, en su defecto, se asume por unanimidad. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, rechazó un fallo que declaraba nulo el acuerdo de una comunidad para prohibir estos alquileres por no haberse tomado por unanimidad.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), Iván Sánchez, también cree que se debe endurecer la regulación de las viviendas vacacionales. “Son competencia, pero los productos son diferentes: en los hoteles, hay servicios y acompañamiento; en los pisos turísticos, no”, sentencia. Indica que es “sangrante la facilidad para dar de alta estos alojamientos”: “Pocos controles y exigencias en comparación con los de hoteles, pensiones y hostales”. “Dificultan el acceso al alquiler tradicional de gente que llega a la ciudad a trabajar o estudiar y, además, incrementan los precios”, argumenta.

También cita este último motivo el recién configurado Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-BM (Baixo Miño) para reclamar su regulación y, esta misma semana, la ciudad de Florencia prohibió los nuevos alquileres residenciales de corta duración en plataformas como Airbnb en su centro histórico tras subir los precios del alquiler habitual un 42% desde 2016 –en Vigo, se elevaron cerca de un 40% desde agosto de 2015, más que en Madrid, Bilbao o Sevilla–. Hace un mes, Nueva York le puso una cruz al arrendamiento de corta duración con requisitos severos: los anfitriones tienen que estar presentes en sus casas durante todo el tiempo que esté el huésped y este debe tener acceso a toda la vivienda. Portugal acaba de imponer un impuesto extraordinario del 15% a los alojamientos turísticos y obliga a que cada ayuntamiento defina el coeficiente máximo de pisos turísticos en su territorio.

La Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga), como destacó su presidenta, Dulcinea Aguín, en una entrevista publicada por El Correo Gallego, medio del Grupo Prensa Ibérica al que pertenece FARO, defiende que este tipo de alojamientos no son el problema de acceso a la vivienda, sino las casas y pisos vacíos: en Vigo, unos 20.000. Explicación similar ofrece Pablo Conde, de Anfitriona, que gestiona casi un centenar de apartamentos turísticos en Vigo: “Son buenos para la ciudad porque permiten repartir los ingresos derivados del turismo entre restaurantes, comercios y servicios de diferentes zonas, es decir, no se queda todo el propietario de una cadena hotelera”.

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