Un 7% de la población viguesa necesita recurrir a las viviendas públicas de protección oficial en alquiler debido a su situación económica, es decir, casi 21.000 vecinos. No son capaces de hacer frente a las rentas de los pisos y casas del mercado libre, en cifras récord: la media del metro cuadrado está ya a 9,75 euros, y la previsión no es optimista para los inquilinos. Nunca se había situado tan cerca de los dos dígitos iniciales. Son datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), que calculan la cifra en función de los números del sector y los ingresos. La media en la urbe olívica: 1.050 euros al mes por vecino y 2.500 la unidad familiar.
La cifra que aporta la patronal es bien diferente a la que muestra el Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida de Galicia, en el que, según la información facilitada por la Xunta, constan 5.875 –algunos están apuntados a compra y alquiler, otros se apuntan a compra, pero son derivados al alquiler porque no llegan al mínimo del IPREM–. Y es que hay gente que desconoce esta vía o que opta por dejarla de lado al comprobar que el ritmo de construcción de pisos y casas en este régimen por parte de las instituciones ha sido extremadamente lento en los últimos años. Algunos ejemplos son las 24 viviendas de la calle Canicouva o las 33 de Ignacio Grobas, ambas construidas por el gobierno gallego.
En Vigo, el IGVS (Instituto Galego da Vivenda e Solo) es actualmente propietario de alrededor de 600 viviendas adjudicadas en su totalidad en régimen de alquiler social entre las personas inscritas en este municipio en el Registro Único de Demandantes. El inquilino puede acceder a estos inmuebles de promoción pública con un 50% de descuento sobre el precio asignado a la vivienda, lo que se traduce, en el caso concreto de Vigo, en una renta mensual media de algo menos de 100 euros. Ese precio asignado a las viviendas de promoción pública surge de aplicar una fórmula concreta que tiene en cuenta, entre otros factores, su superficie, y que, en todo caso, es inferior a los precios de alquiler que rigen en el mercado libre. A modo de ejemplo: el importe más alto que paga en estos momentos un inquilino por una vivienda de promoción pública en Vigo es de 195 euros al mes.
Resulta llamativa la comparación de la cifra de personas en Vigo que precisan viviendas de protección en alquiler con la de viviendas vacías. Según Fegein y Asemi, existen en la ciudad unas 17.000, cantidad que permitiría cubrir esta necesidad. Precisamente, el Pacto Social pola Vivenda 2021-2025 ofrece a los propietarios de los inmuebles sin inquilinos hasta 8.000 euros para que los reformen a cambio de que los dueños cedan la gestión del alquiler a la administración autonómica durante un periodo de 10 años. El propietario sigue cobrando la renta y la Xunta blinda el pago de las mensualidades y se hace cargo de una póliza de seguro multirriesgo del hogar con el que cubrir posibles daños o desperfectos.
La patronal advierte de que, en Vigo, un 33% de la población únicamente puede vivir de alquiler en base a los recursos económicos de los que dispone y concreta que un 60% tiene posibilidad de adquirir una vivienda, ya sea nueva o usada. Basta con visitar los portales inmobiliarios para comprobar que el precio del alquiler está en cifras nunca antes vistas. En Idealista, por ejemplo, solo hay medio centenar de viviendas con un precio máximo de 500 euros, es decir, en torno a un 10% del total. La mayoría son estudios. El precio medio del metro cuadrado de este grupo asciende a 11,45 euros. La alternativa para quienes disponen de menos recursos es vivir en un piso compartido: hay opciones desde 120 euros al mes por una habitación, pero la mayoría supera los 200 y 300 euros.
La gran esperanza para la vivienda de protección viene de la mano de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que exige a todos los ámbitos de nueva urbanización o reforma interior el 30% de vivienda protegida –12 puntos más con respecto a lo que indica el límite legal– y recoge un plan de choque con unos 14.500 pisos y casas a precio tasado. Prevé cinco ámbitos de suelo dedicados íntegramente a la construcción de viviendas protegidas: en Santa Cristina-parque central de servicios, más de 200; en Guixar, más de 600; en Santa Cristina-Severino Cobas, más de 710; en Cantabria-Ramón Nieto, más de 700; y en el ofimático, más de 1.600.
Un plan de choque
Benito Iglesias asegura que la ciudad necesita “con urgencia, sin dilación” más de 10.000 viviendas de protección oficial “únicamente para poner a disposición de sus propios habitantes como plan de choque” con el objetivo de “atender las necesidades de quienes no pueden tener una vivienda en propiedad en el mercado libre”. “Es gente que, además, tiene que asumir un coste del alquiler considerable”, apunta. El dato que resume este panorama: más del 44% de las familias viguesas llegan “con dificultad” o “mucha dificultad” a fin de mes.
“Desde Asemi y Fegein, solicitamos a las diferentes administraciones que las viviendas de protección oficial se promuevan en colaboración público-privado como carga de trabajo al sector y el formato de cooperativas de viviendas de protección autonómica es el vehículo idóneo”, reflexiona Benito Iglesias. El proyecto de vivienda de protección de más envergadura en Vigo es la ampliación del barrio de Navia, con unas 1.600. Una parte importante de estos inmuebles serán construidos de forma directa por el IGVS y el resto, por promotores privados, aunque serán viviendas protegidas en su totalidad.
