La huelga ya obliga a suspender juicios por segunda vez y deja a cero las subastas

La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia encara su octava semana con las negociaciones a día de hoy rotas, las posturas extremadamente alejadas y un panorama a corto plazo del todo incierto. Y, mientras, el bloqueo en el que está inmerso este conflicto continúa pasando una grave factura. En Vigo, en donde la cifra de juicios suspendidos desde el 24 de enero ronda los 1.200, ya se está dando el caso de vistas orales que se están aplazando por segunda vez a causa del paro. Un ejemplo, el de un vigués que presentó una demanda civil para reclamar los 5.000 euros que le costó el motor de un coche clásico que le llegó defectuoso: el juicio, en el que deben comparecer dos peritos, iba a celebrarse a principios de febrero, se pospuso por la huelga, se volvió a señalar para este marzo y, llegado el día, tampoco se ha podido llevar a cabo por el mismo motivo. Ahora permanece suspendido "sine die".

Con la huelga acercándose a los dos meses, con el coste personal y económico que eso supone para quienes la secundan al sumar ya casi 40 jornadas laborales, el seguimiento en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra, informan los convocantes, se sitúa esta semana en un 61,33%, similar al de Lugo –donde es del 59%–, pero bastante por debajo del que hay en A Coruña y Ourense, donde se alcanza el 80%. El lo que se refiere al territorio pontevedrés, el Ministerio de Justicia rebajó el lunes la participación al 31%. La última gran muestra pública del malestar de los letrados judiciales con el departamento que dirige la ministra Pilar Llop por no atender sus reivindicaciones económicas fue la masiva manifestación celebrada la pasada semana en Madrid, a la que acudieron profesionales de distintos puntos de Galicia, entre ellos de Vigo.

Otros conflictos

La situación actual tiene una peculiaridad frente a los parones que sufrieron los juzgados olívicos en 2018 a causa de la huelga de funcionarios y en 2020 por el COVID. En estos dos casos la parálisis se extendió a todos y cada uno de los órganos judiciales, pero ahora afecta exclusivamente a los tribunales cuyos letrados judiciales secundan el paro. Y en Vigo hay profesionales en huelga desde el primer día, otros que la hacen de forma intermitente y otros que prácticamente no han parado. Entre las salas que están funcionando con normalidad están por ejemplo las de lo Contencioso-Administrativo –jurisdicción en la que solo se suspendieron tres juicios frente por ejemplo a los 536 que se aplazaron ya en la civil–, dos de los juzgados de lo Penal, varios del orden civil y algunos laborales. La huelga, frente a lo que ocurre en otras ciudadades donde se llegaron a posponer bodas, no está teniendo impacto en el Registro Civil vigués.

Aunque la huelga no alcance a todos los órganos judiciales vigueses, el impacto en la rutina judicial está siendo muy elevado y probablemente obligará a adoptar medidas de refuerzo una vez el conflicto llegue a su fin. No solo se suspenden juicios o tomas de declaraciones a investigados –o testigos– de delitos. Afecta también a la tramitación de denuncias y demandas, a la notificación de resoluciones judiciales y a trámites tan necesarios y habituales como los otorgamientos de poderes. Y, por poner otro significativo ejemplo, también ha paralizado las subastas judiciales, hasta el punto de que ayer, en el portal BOE donde se celebran telemáticamente, no había ninguna activa correspondiente a juzgados de Vigo. Y de tribunales ubicados en otros puntos de Galicia solo constan 16. “Sin el letrado judicial ni se le pueden dar trámite para darles publicidad en el portal de internet ni, una vez concluidas, se puede tomar decisión alguna sobre la adjudicación”, resumen en los juzgados.

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