Lawfare y “Operación Cataluña”

Todo empezó en 2014 con un extraño anuncio de empleo para cubrir una vacante en Asuntos Internos de la Policía Nacional. La oferta exigía conocimientos en investigaciones de blanqueo de capitales y delincuencia económica y fiscal. Pero lo más enigmático decía: “Imprescindible alto nivel de catalán hablado y escrito”.

Ese anuncio llamó la atención de dos periodistas, Pedro Águeda y Manel Pérez, de eldiario.es y de La Vanguardia de Barcelona. En noviembre de ese mismo año 2014, Águeda publica la primer crónica que empezó a rodarlo todo: “Una unidad secreta de la Policía rastrea información comprometedora de políticos independentistas”.

Finalmente, además de asuntos internos, también participo la “oficina siniestra”, la de los policías corruptos que espiaban a Bárcenas y a Gómez de Liaño –su abogado- para interceptar y destruir pruebas incriminatorias de la financiación ilegal del PP, ahora acusados en la operación Kitchen.

¿Qué se sabe y qué no de la 'operación Cataluña' y de la implicación de Mariano Rajoy?

10 años después de aquellas crónicas de periodismo de investigación, los hechos ya están en la primera plana de los informativos de Televisión, el “Watergate del gobierno de Rajoy”. Una gigantesca persecución parapolicial organizada contra el mundo independentista para incriminarles en delitos con pruebas falsas. Mucho antes del referéndum de 2017 el ministro Fernández Díaz organizó las cloacas del Estado para obtener información falsa y filtrarla a los tabloides de la prensa afín.

Sandro Rosell, presidente del Barça, pasó dos años en prisión preventiva por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. ¿Quien hizo esa barbaridad? La jueza Carmen Lamela, luego ascendida al Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional absolvió a Sandro Rosell. Hubo más empresarios bajo la lupa de los mafiosos: La presidente de Coca Cola Europacific, Partner Sol Daurella, fue investigada y acosada por estar casada con Carles Vilarrubí, histórico dirigente de Convergencia y ejecutivo de banca.

A Podemos le abrieron más de 40 causas penales en esos años. Todas salieron en portada de los tabloides de Madrid. Hoy están todas archivadas. Pero cuando se archivan ya no son noticia y el daño ya está hecho.

El Major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, fue acusado falsamente de narcotráfico: estar pagado por la familia Jorodovich, capos de la droga (caso Macedonia). Al fiscal Jefe de Catalunya, Marín Rodríguez Sol, la unidad del policía Eugenio Pino quiso hundirlo con una investigación prospectiva e ilegal porque intentó denunciar otra operación de la cloaca: la que atribuyó una falsa cuenta en paraísos fiscales a Artur Mas, noticia que fue portada de El Mundo. No aguantó la presión policial y le hicieron dimitir. El pasado martes, 23 de enero, la Fiscalía General del Estado anunció que se abren diligencias de investigación por esos hechos: la cosa empieza a moverse.

En resumidas cuentas, se hicieron listas negras y se puso en marcha la caza de brujas desde el despacho del ministro del interior Jorge Fernández Díaz; con dinero público y medios del Estado se persiguió a dirigentes de Convergencia y Esquerra Republicana; otra unidad se ocupó de Podemos (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). A sabiendas de su artificiosa falsedad, el resultado de esas falsas informaciones se filtró a la prensa amiga de la capital.

¿Y qué hay de la vía judicial, porque habrá unas actuaciones judiciales? ¿O todo se reduce a los telediarios? Pues en la vía judicial los afectados han ido al Tribunal Supremo por la condición de aforados de los querellados. El Tribunal Supremo les dijo que no, que fueran a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional les dijeron que fueran a los juzgados de Plaza de Castilla, y en Plaza de Castilla les dijeron que volvieran a la Audiencia Nacional y allí sigue parado el asunto dos años, porque el juez tiene paralizado un recurso contra el archivo ¿Por quién? Pues por el juez García Castejón ¡Acabáramos!

El mismo juez que tantos procedimientos fake abrió a Podemos. El juez que ve indicios de terrorismo en las conductas del expresident Carles Puigdemot y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por ser autores intelectuales de la manifestación y ocupación del aeropuerto del Prat, donde un ciudadano francés murió por un infarto.

Hay que ser muy cándido para no apreciar la intencionalidad política del Juez García Castejón: si su acusación de terrorismo prospera, Puigdemont y Rovira quedarían fuera de la Ley de Amnistía y Junts se saldría de la mayoría de investidura

¿Y que sucede cuando un auto judicial tiene la indisimulada voluntad de descarrilar la política del gobierno -que se puede compartir o no compartir- de desinflamación del conflicto en Cataluña? Pues sucede que ese juez quiere intervenir en política con sus actos judiciales y, él sí, ataca a la división de poderes.

¿Y que sucede cuando una ministra, la de Medio Ambiente y Transición Ecológica, dice la muy educada obviedad de que “Este juez nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que tiene una implicación política importante, y suele salir a colación en momentos sensibles”. Pues lo que sucede es que el PP y el Consejo General del Poder Judicial, que no se renueva para conservar la mayoría absoluta que consiguió en 2013, se rasgan las vestiduras y solicitan su reprobación y cese y gritan “¡LAWFARE!” “¡LAWFARE!”.

Es el colmo del cinismo.

La independencia judicial en España solo peligra porque la quiebra la derecha judicial que quiere hacer política y acosar al gobierno. El Consejo General del Poder Judicial no puede hacer declaraciones incendiarias contra la Ley de Amnistía dos meses antes de conocer su texto. Los jueces no pueden salir a manifestarse delante de sus juzgados con sus togas y sus puñetas contra la ley de amnistía, dos meses antes de conocer sus texto.

La Comisión de Ética del Poder Judicial ha dicho, respecto a las manifestaciones, que los jueces, “como cualquier ciudadano, tienen el derecho fundamental de manifestarse pero con ciertas limitaciones ante el deber ético de evitar cualquier actuación que pueda cuestionar su independencia o la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial”. Según la Comisión de Ética, merece un juicio ético negativo las manifestaciones en las que la participación del juez pueda poner en entredicho la confianza en la justicia o que se perciban como una toma de posición política o apoyo a una causa inapropiada. “El juez debe actuar de forma precavida absteniéndose de asistir a manifestaciones o retirarse de ellas cuando se corra el riesgo de poner en tela de juicio la imparcialidad o independencia del sistema judicial”.

La Constitución prohíbe que los jueces puedan ser miembros de partidos políticos o presentarse a las elecciones. Es evidente que en el espíritu de la Constitución no cabe que los jueces hagan política, y mucho menos a través de sus resoluciones judiciales.

La ministra de Medio Ambiente no conculcó la separación de poderes. La separación de poderes se ataca mediante leyes que se inmiscuyen en el gobierno de los jueces, que atacan su inamovilidad o su independencia, nunca ejerciendo con educación la sana crítica. La democracia obliga a acatar las sentencias, no obliga a compartirlas ni impide criticarlas y a quienes las ponen, faltaría más. Porque la separación de poderes sí se ataca haciendo política con las resoluciones judiciales.

Por consiguiente tengan sus señorías la piel menos fina, o alternativamente, no se metan en política. Recuerden el consejo de Franco a uno de sus ministros: “Ministro, haga como yo; no se meta en política”. Pues eso, modérense; y si no son capaces de moderarse, al menos disimulen. Tengan cuanto menos el coraje de disimular; porque hay ciudadanos decentes, que no piensan como ustedes, pero que necesitamos creer en la Justicia y en quienes la administran, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

No lo estropeen más.

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