Ayuntamientos arousanos afectados por el nuevo canon del agua se niegan a pagar a la Xunta

Los Ayuntamientos de Cambados y A Illa se niegan a abonar a Augas de Galicia el nuevo canon de depuración que la Xunta está pasando a los municipios cuyas depuradoras están gestionadas por la administración autonómica. Consideran que es una medida injusta y que ahogará aún más las arcas municipales.

De hecho, sus alcaldes están convencidos de que si finalmente los concellos se ven obligados a pagar el canon, no les quedará más remedio que subir el recibo del saneamiento a los vecinos.

El secretario general del PSOE de Pontevedra, David Regades, se reunió ayer en Cambados con el alcalde de esta localidad, Samuel Lago, con el de A Illa, Luis Arosa, y con representantes socialistas de otras localidades afectadas por este nuevo canon del agua, como Ribadumia, Meaño, Sanxenxo o Vilanova. Solicitan a la Xunta que dé marcha atrás en el cobro de este tributo, y entre tanto los concellos de A Illa y Cambados han presentado sendos recursos administrativos en contra de las liquidaciones recibidas.

El nuevo canon se debe a la entrada en vigor el 1 de septiembre del año pasado de la Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga. En dicha ley se establece que los municipios con depuradoras gestionadas por la Xunta deberán abonar un canon a la administración autonómica. El importe se define según la población y el volumen de aguas pluviales que lleguen a la depuradora.

La norma penaliza la llegada de aguas blancas a la depuradora o las fugas en las redes. Y Augas de Galicia justifica la medida indicando que la adhesión a este modelo fue voluntaria y que el tratamiento de los aguas residuales es una competencia municipal. De hecho, los concellos de Vilagarcía, O Grove y Pontecesures quedan exentos de la aplicación de este ley porque gestionan sus propias estaciones.

Pero otros cuatro concellos de la comarca arousana, Cambados, A Illa, Meaño y Ribadumia sí tienen depuradoras gestionadas por la Xunta, y ya han empezado a recibir los primeros recibos por el canon de depuración. Cambados, en concreto, debería abonar a la Xunta 108.000 euros por la explotación de la EDAR entre septiembre de 2022 y abril de este año. El Ayuntamiento se ha negado. Samuel Lago está convencido de que lo que pretende la Xunta con este modelo, “es que seamos los concellos los malos subiéndole las tasas a los vecinos”. Y como los alcaldes no están por la labor, los de Cambados y A Illa han tomado la decisión de rebelarse contra el pago y de recurrirlo en vía administrativa. No descartan acudir a la judicial.

El conflicto está servido. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, ya ha manifestado que los ayuntamientos conocían perfectamente las normas cuando aceptaron ceder a la Xunta la gestión de sus depuradoras, y que la ley del ciclo integral del agua estuvo a exposición pública. En consecuencia, plantea que las liquidaciones que han llegado a los municipios en los últimos meses no deberían sorprender a nadie.

La Federación de Municipios de Galicia (Fegamp) se ha puesto del lado de los ayuntamientos. El organismo que preside el vilagarciano Alberto Varela (PSOE) ha solicitado a la Xunta una moratoria en los cobros, mientras no se encuentra una solución que satisfaga a las dos partes. Pero no parece sencillo. El propio Samuel Lago ya abordó este asunto personalmente con Augas de Galicia en Santiago y no le dieron ninguna posibilidad de que la Xunta vaya a dar marcha atrás.

Por lo tanto, si finalmente Augas de Galicia fuerza a los concellos díscolos a pagar el canon, estos podrían verse obligados a repercutir el importe de las liquidaciones en los vecinos, subiéndoles la factura del saneamiento. Eso sí, todo apunta a que eso no sucedería antes de 2025, puesto que para modificar la ordenanza fiscal y que entre el vigor el 1 de enero próximo habría que convocar ya este mes los plenos.

Los socialistas reunidos ayer en Cambados calificaron el nuevo canon como “impuesto a la lluvia” -y recordaron llamado “impuesto al sol” del gobierno de Mariano Rajoy-, y Luis Arosa ironizó sobre las intensas lluvias que han caído durante octubre. “Me da miedo cada vez que llueve, porque me pongo a pensar en el siguiente cuatrimestre de Augas de Galicia”, puesto que el exceso de lluvia repercute a menudo en la llegada de agua a las depuradoras y, en consecuencia, en la cantidad que deberán abonar los concellos.

Los principales argumentos del Partido Socialista

Los alcaldes socialistas esgrimen una serie de argumentos para justificar su oposición al canon. En primer lugar, plantean que muchas de las depuradoras afectadas por esta ley son supramunicipales, pero que la Xunta solo cobra a parte de los concellos, y los municipios no tienen medios legales ni jurídicos para cobrar a los demás. A la EDAR de Tragove, por ejemplo, vierten Cambados, Vilanova y una parte de Ribadumia. A la del río Umia, que está en el término municipal de Ribadumia, también llegan aguas de Meis, Cambados y Vilanova. Y a la de Meaño también están conectadas canalizaciones de Sanxenxo. Otro de los aspectos que quieren resaltar los alcaldes es que se penaliza la llegada de aguas de la lluvia a las depuradoras, pero que esto se debe en gran parte a que las redes de saneamiento están mal diseñadas y construidas desde hace décadas, y que cambiar eso completamente exigiría una inversión económica mastodóntica, a la que no pueden llegar los municipios por sí solos. Según los cálculos que ha realizado el PSOE, en base a los dos primeros recibidos enviados por la Xunta a los concellos, el coste de la depuradora de Cambados pasará de 645.000 euros anuales a más de 1,1 millones; la carga tributaria de la de Ribadumia pasa de 80.000 euros a 320.400; en el caso de la de Dena, el nuevo impuesto supondría casi 400.000 euros anuales, y en A Illa se duplicaría el coste para las arcas municipales, hasta los 117.000 euros.

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