La operación de compra por la que la fábrica de Clesa en Caldas pasará a manos de Feiraco y las nueve cooperativas agrupadas en la sociedad Acolat está a punto de desbloquearse. Así lo apuntaban ayer socios del proyecto al apuntar que el auto del juez "facilitará la venta" de estas instalaciones. Desde hace semanas se espera por un escrito judicial que aclare qué sucederá con la deuda que reclama la Seguridad Social a los nuevos inversores, una cantidad que rondaría los 2,5 millones de euros.

El escrito del magistrado, que está ya rubricado según pudieron saber los cooperativistas, se encamina a una solución que favorece la entrada de la gestión del grupo gallego al frente del recinto de Saiar. "Si tuviésemos que hacer frente a esa deuda las cantidades que tendríamos que aportar aumentarían en gran medida y el proyecto se pondría muy cuesta arriba", apuntaba ayer uno de los integrantes de Acolat.

La decisión, por la que se espera de una confirmación por escrito y que probablemente se producirá mañana en vez de hoy (festivo en Madrid), eximiría al menos en buena parte del pago de esas cantidades que reclamaba la Seguridad Social y que eran achacables a la gestión de la familia Ruiz-Mateos Nueva Rumasa al frente de la firma láctea. "Si realmente tuviésemos que hacer frente a ese dinero igual la planta no se podía comprar", indican desde Acolat.

A lo largo de las próximas horas, por lo tanto, los responsables del proyecto de compra confían en obtener cuáles son las condiciones con las que el juez aclara la alegación realizada por la Seguridad Social. Pero en cualquier caso, quienes han tenido acceso en los juzgados de Madrid, han incidido en que lo ordenado por el juez resulta "favorable" para que la operación llegue a buen puerto.

La reclamación hecha desde la Seguridad Social supuso un nuevo contratiempo para la materialización de un proyecto que ya estaba prácticamente cerrado a la espera de que concluyese el período de alegaciones al auto que autorizaba la venta de la planta a Acolat. El recurso presentado por ese organismo dependiente de la Administración central fue muy criticado en el entorno de la operación, ya que se exigía a los compradores que hiciesen frente a unas deudas que los anteriores gestores habían contraído con aquél.

Uno de los colectivos más críticos fue el sindicato Unións Agrarias (UU AA) que, en su momento, rebatió que la Tesorería de la Seguridad Social "debería haber actuado de forma decidida, y no lo hizo, contra los que generaron los impagos a la misma, el Grupo Nueva Rumasa, y no contra las cooperativas que dieron un paso adelante para sacar adelante una planta industrial que mantiene empleo en el rural y genera valor añadido para el sector primario de Galicia". Desde esta central confiaron en que "en esta ocasión", la ministra de Empleo, Fátima Báñez, actuase "con sentido común" y "desistiese de impugnar" el acuerdo del auto del juzgado en el que se autoriza la venta de Clesa a Acolat, "poniéndose así del lado de los que aportan soluciones y no de los que las impiden".

Sin embargo, ese último deseo fue en vano, ya que la alegación se confirmó finalmente y ha dado pie a toda esta demora. Según los planes que manejaban desde Acolat incluso se llegó a hablar del pasado febrero como fecha de inicio de la nueva gestión en el recinto lácteo, al que los próximos compradores quieren potenciar como único centro productor de yogures de toda Galicia.