La oposición sale en defensa de los jubilados a los que Hacienda multa po no declarar las pensiones del extranjero de los últimos cuatro años y que alegan que nadie les informó de que tenían que hacerlo o que incluso se les dijo desde la Administración todo lo contrario. El BNG fue la primera fuerza en reaccionar con una batería de iniciativas de la diputada Olaia Fernández Davila en el Congreso en las que reclama que se anulen las sanciones a los emigrantes y alega que "desconocían que estaban sujetos a tributación y queda patente que en ningún momento tuvieron intencionalidad de fraude". Fernández Davila cifra solo en la comarca del Morrazo en más de cuatrocientos los afectados.
También el PSdeG se ha preocupado por la situación de miles de emigrantes a los que la Agencia Tributaria está reclamando vía carta que tributen por las pensiones que desde el año 2008 cobran por haber trabajado fuera (los impagos de años anteriores ya prescribieron) y además con la multa correspondiente. Hay casos de pensionistas que se enfrentan a un pago de 15.000 euros.
La diputada en el Congreso Laura Seara sostiene que esta campaña lanzada a nivel estatal pero con mayor incidencia en las comunidades con más emigrantes es "una barbaridad" y "una medida salvaje que profundiza en la línea del austericidio del Gobierno español con el agravante de que se hace sin previo aviso". Igual que la nacionalista Fernández Davila, la diputada ourensanda sostiene en declaraciones a Europa Press que los emigrantes, "muchos con pensiones bajísimas desconocían que tenían que pagar".
Carme Gallego, diputada autonómica del PSdeG, abre el frente autonómico, al preguntar en la Cámara gallega a la Xunta por su actuación ante "los problemas" que el Ministerio de Hacienda está provocando a pensionistas gallegos al reclamarles la tributación de sus pensiones del extranjero de los últimos cuatro años. También quiere saber si está informando a los emigrantes de sus obligaciones y derechos.
La Agencia Tributaria defiende la campaña puesta en marcha porque la Ley del IRPF estipula que "si una persona física es residente fiscal en España deberá declarar en España las rentas que obtenga en cualquier parte del mundo". Sin embargo, emigrantes jubilados consultados por este periódico denuncian que la Administración española les informó mal y les dijo que no tenían que tributar por la pensión que recibían de fuera.
Hacienda también argumenta que no exigir estos pagos a los emigrantes jubilados es "hacer de peor condición al pensionista que percibe sus pensiones en España y que sí cumple con sus responsabilidades de declararlas".
Alternativa Galega de Esquerdas adelanta que se sumará a BNG y PSdeG y demandará en el Parlamento gallego soluciones y presionará a la Xunta para que se mueva y defienda a los jubilados gallegos. La formación liderada por Xosé Manuel Beiras también reclama que no se apliquen las sanciones ni se exigen los impagos de los últimos cuatro años. El grupo parlamentario del Partido Popular valora la situación.
