El juzgado impone una fianza de 4,7 millones al lotero de la Primitiva perdida y a su hermano
Serán embargados por esa cantidad si no la presentan
Las acusaciones piden doce años de prisión para Manuel Reija y nueve para Miguel
Al delegado de Loterías en A Coruña se le solicita una multa de 9,4 millones
![El lotero de San Agustín, Manuel Eugenio Reija, al entrar en los juzgados, en noviembre de 2019.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/fa15128b-467f-4d17-94b6-495c30511b3b_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El lotero de San Agustín, Manuel Eugenio Reija, al entrar en los juzgados, en noviembre de 2019. / CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA
José Manuel Gutiérrez
El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña decretó la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial contra Manuel Reija González, el lotero de la plaza de San Agustín acusado de apropiarse de un boleto premiado de la Lotería Primitiva, y contra su hermano Miguel, delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, por el apoyo que le prestó. El juzgado impone a ambos una fianza de 4,7 millones de euros, el importe del boleto premiado, para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas que se pudieran reclamar y advierte de que si no la presentan, se les embargarán los bienes necesarios para asegurar esa cantidad.
A Manuel Reija se le considera el presunto autor de los delitos de estafa y apropiación indebida. Por cada uno de ellos todas las acusaciones proponen una condena de seis años de prisión y una multa de 20 euros diarios durante un año, así como la inhabilitación para trabajar en Loterías durante el tiempo de la condena.
Miguel Reija está considerado el autor de un delito de blanqueo de capitales y otro de encubrimiento y las acusaciones piden que por el primero se le impongan seis años de prisión y una multa de 9,4 millones, el doble del premio obtenido por el boleto. Por el segundo se solicita una pena de tres años de prisión y, al igual que por el primero, la inhabilitación para que trabaje para Loterías durante esta condena.
Las acusaciones reclaman además la entrega del boleto a los herederos de José Luis Alonso, persona a la que se considera su propietario legítimo. En caso de que fuera imposible el cobro del premio, los dos acusados deberán hacerse cargo del pago de los 4,7 millones, así como de los intereses generados desde 2012, año en que se produjeron los hechos.
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