El secretario general de la comisaría provincial de la Policía Nacional en Ourense está investigado. El inspector jefe que se encarga de la gestión administrativa y del personal en la sede ha sido citado por el juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, en la condición de investigado -con derecho a no declarar, asistencia letrada y acceso a las diligencias-. Será interrogado por la desaparición de seis pistolas que faltaron del búnker de la comisaría en agosto de 2014 y en febrero de 2015 (se echaron en falta en dos inspecciones, pero la investigación dilucida si se produjo un solo hurto o dos). El funcionario, que comparece en febrero según las fuentes consultadas, fue citado este viernes y ayer prefirió no hacer valoraciones a preguntas de FARO. No es un mando operativo, pero sí un cargo relevante en la estructura policial, a falta de un responsable provincial de operaciones o número dos, con la cúpula conformada en exclusiva por el comisario y con varias brigadas sin inspectores jefes. J. M. S. R. ya había declarado como testigo en diciembre de 2015, en el inicio de la operación Zamburiña, cuando todavía se vinculaba con el robo de las armas a presuntos traficantes y 4 policías investigados por supuesto trato de favor a confidentes. El nexo de todos ellos con las pistolas quedó totalmente descartado por el juez en un auto de fecha 1 de septiembre.
El primer imputado en las diligencias separadas donde se trata de aclarar la desaparición de las armas fue el responsable del servicio de armamento y tiro, E.A.V., que prestó declaración en noviembre y que también había comparecido en calidad de testigo al inicio de la pesquisa judicial. El agente se desvinculó del robo y aseguró al juez y a la fiscal que en todo momento siguió el protocolo interno e informó a su superior, el secretario general ahora citado, cuanto tuvo constancia en dos ocasiones de que faltaban pistolas tras hacer recuento.
En una primera revisión en agosto de 2014, antes de irse de vacaciones, se dio cuenta de que no estaban dos revólveres y una pistola de particulares. En una inspección rutinaria en febrero de 2015, constató la desaparición de tres pistolas reglamentarias de la Policía Nacional. Tres de las armas aparecieron en el despacho de un agente que fue encontrado muerto el 9 de abril de 2016, por un suicidio según la versión oficial que la juez de Instrucción 3, Eva Armesto, aún investiga bajo secreto de actuaciones.
La primera vez que se detectó que faltaban pistolas se atribuyó a un posible descuido. Se instaló una cámara de seguridad y se cambiaron las cerraduras.El búnker del que se sustrajeron las armas es, en teoría, el espacio más vigilado y seguro de un edificio ya de por sí protegido, como la comisaría. Ubicado en la segunda planta, cuenta con una puerta blindada. Tiene dos zonas diferenciadas: una en la que se deposita el material antidisturbios -de esta estancia tienen llave tres personas-, así como una segunda zona a la que se accede a través de una puerta cerrada con llave ,y en la que se almacenan las armas. Según el agente responsable de la instalación, las llaves de ese lugar las tienen él y el secretario, con otro juego en la primera estancia en un cajetín a su vez está cerrado con llave. A raíz de este hecho insólito en la comisaría, el responsable de armamento y tiro ya no accede solo al búnker, sino que tiene que ser siempre acompañado de un responsable de la escala de mando.
Los anónimos
Coincidiendo con la última desaparición, un anónimo remitido a determinados medios de comunicación denunciaba sin pruebas la existencia de una supuesta trama de tráfico de armas en Ourense. Iba en una línea similar al escrito remitido en noviembre de 2014 a Asuntos Internos que apuntaba a una supuesta mafia policial y ya aludía a la falta de ciertas armas cuya desaparición no se constataría hasta febrero. La filtración dio lugar a una investigación secreta en seno del cuerpo en la que hasta 13 agentes de la comisaría llegaron a tener el teléfono pinchado.
La operación interna estalló en noviembre de 2015 con la ZamburiñaZamburiña: el exjefe provincial antidroga -a quien el anónimo acusaba de haber vendido una de las armas, un punto que se demostró falso- y otro agente fueron detenidos. Dos policías más de la unidad están investigados. La brigada, que había logrado las mayores incautaciones en años, quedó desmantelada y fue renovada. Los agentes investigados siempre han negado irregularidades y trato de favor alguno a traficantes. La instrucción no detectó enriquecimiento ni droga en su poder, desacreditando el resto de afirmaciones de los anónimos. El caso sí que sirvió para sacar de la circulación 7 kilos de cocaína, heroína y hachís incautados a los presuntos traficantes. En total hay 15 investigados y la causa está próxima a cerrarse, bien con un auto de procedimiento abreviado -previo al juicio- o con un archivo.
La peor crisis de la historia de la comisaría en Ourense de la Policía Nacional, con ramificaciones propias de un thriller o una novela negra, sigue abierta. Fuentes policiales aseguran que el autor o autores de los anónimos -los agentes afectados por la Zamburiña presentaron denuncia por injurias- ya han sido identificados y que el caso se esclarecerá en breve, cuando dé luz verde la magistrada Armesto.
De momento, la comisaría sigue sin poder desprenderse de su caso más incómodo a pocos días de que se jubile Antonio Álvarez Valencia, el jefe que aceptó el reto de un puesto que pocos querían, con el afán de cerrar con éxito la anterior etapa. Se retira a la vez que el inspector jefe de la Policía Judicial, Demetrio Martínez. Quedará unas semanas en funciones el de Científica, Sindo Villar. A corto plazo, la cúpula de la Policía Nacional en Ourense se renovará a fondo. Su rocambolesca crisis interna aún se desconoce cuándo.
