Estaban de servicio, vigilando un bar por sospechas de trapicheo, y recibieron una llamada de Comisaría. Al llegar, los detuvieron. Hace justo un año, el 10 de noviembre de 2015, la Unidad de Asuntos Internos desembarcó en la Comisaría de Ourense para pasar a la acción con la "Zamburiña", una operación iniciada a finales de 2014 a partir de denuncias anónimas que apuntaban a una supuesta mafia policial. Los escritos aludían a irregularidades con los confidentes, a una supuesta corrupción del grupo que lideraba el inspector antidroga -ya hacía operaciones en su anterior destino, en Seguridad Ciudadana- y los relacionaban con la desaparición de 6 pistolas del búnker de Comisaría. Asuntos Internos y el juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, otorgaron credibilidad a estas delaciones internas.
Hasta 13 agentes llegaron a tener intervenido el teléfono en un primer momento. La causa eclosionó desatando la mayor crisis de la historia de la demarcación. De las graves acusaciones que partieron desde dentro, movidas por rencillas, la instrucción ha despejado varias. Cuatro policías siguen investigados por el presunto trato de favor a confidentes que eran sus principales fuentes de información, pero no hay rastro de indicios de tráfico de drogas ni enriquecimiento. El juez descartó además vínculo alguno con el robo de las armas.
Hoy se cumple un año de la detención del que era el inspector de la brigada, más la de otro agente. Pasaron dos noches de calabozo. Quedaron en libertad provisional al no pedir prisión la Fiscalía, pero fueron obligados a comparecer cada semana como medida cautelar. El inspector está suspendido cautelarmente y el otro ya se ha jubilado. Otros dos policías de la unidad están imputados (uno está de baja psicológica y la otra, suspendida de funciones por un expediente disciplinario). La relación de investigados llega a 15 porque cayeron varios presuntos traficantes, tres de ellos encarcelados. La principal, J. P., alias Pucha, una histórica del narcotráfico en Ourense, fue la primera en salir libre, pese a que los investigadores le encontraron 6,2 kilos de cocaína, heroína o hachís en tres viviendas. Entre los alijos, había algunas cantidades de cocaína de 70 y 80 % de pureza.
El juez inició la "Zamburiña" por la desaparición de las pistolas y acordó los primeros pinchazos sospechando que los investigados podían tener algo que ver, tal y como los anónimos relataron a Asuntos Internos. Ya avanzada la instrucción, en mayo, el magistrado decidió separar las dos vías tras reconocer que no había relación. La relativa al tráfico de drogas incluye a los agentes investigados por un supuesto trato de favor a confidentes a cambio de "chivatazos" que les reportaron buenas operaciones contra las drogas. Fue remitida a turno de reparto y recayó en el mismo juez por orden de la Audiencia Provincial. Leonardo Álvarez mantuvo la inicial, la relativa a la desaparición de las pistolas del búnker de la Comisaría en 2014.
A peticiones de las defensas, el juez analizó si cabía causa de nulidad, lo que beneficiaría tanto a los policías como a los presuntos traficantes con independencia de la droga intervenida. El juez no vio motivos para tumbar el proceso, pero las defensas han planteado un recurso ante la Audiencia, después de que el tribunal les concediera el derecho a recurrir el criterio del instructor.
Los abogados sostienen que Asuntos Internos eludió identificar a los anónimos -que aseguraban ser testigos, sin actuar, de las presuntas irregularidades-, y habría "falseado", a su entender, informes presentados al juez. Además, afirman que no existían indicios suficientes para acordar las intervenciones telefónicas en marzo de 2015.
El caso dio un giro tras el suicidio, en abril, de un policía del área de prensa que se atribuyó la elaboración de los anónimos y la sustracción de las armas, aunque solo 3 de las 6 desaparecidas estaban en el despacho donde se quitó la vida. Este suceso está conectado directamente con las dos investigaciones de Instrucción 1, pero es otra juez, la titular del 3, Eva Armesto, la que lleva las diligencias desde entonces, bajo secreto de sumario. Se averigua si algún otro policía pudo estar implicado. Investigan Asuntos Internos, la UDEV de la Policía Judicial de la Comisaría, así como agentes de la UDEV central de Madrid requeridos por la juez. Esta causa está íntimamente relacionada con la que se abrió en 2014 por el robo insólito de pistolas en el armero.
Investigación de patrimonio
Un año después de que desencadenara un tsunami en la Comisaría de Ourense, la instrucción de la "Zamburiña" se encuentra en su fase final, aunque el plazo legal antes de una nueva prórroga no termina hasta mayo de 2017. Asuntos Internos remitirá un informe al juez con sus conclusiones finales. Una de las últimas pruebas fue acordada por orden de la Audiencia Provincial, tras un recurso de la Fiscalía. En contra del criterio del instructor, que consideraba innecesaria la prueba al no hallar indicios de enriquecimiento -ni entregas de dinero ni de droga-, en las escuchas y el resto de pruebas, la Sala ordenó investigar a fondo los movimientos bancarios y el patrimonio de todos los imputados y sus familiares más directos, tanto en el caso de los policías como de los presuntos traficantes. Los bancos y la Agencia Tributaria tendrán que enviar la información al detalle. A mayores, Asuntos Internos tiene que plasmar por escrito sus conclusiones sobre los mensajes y wasaps intercambiados por los investigados
