El TSXG rechaza el pago a plazos de los 9,6 millones de la finca de Rocafort y el Concello agotará la vía judicial

Acude al Tribunal Supremo para reclamar ese abono fraccionado y adelanta estos días 1,3 millones

Finca de Rocafort en 2020.

Finca de Rocafort en 2020. / Gustavo Santos

R. P.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado la petición del Concello de Sanxenxo de pagar de forma fraccionada los 9,6 millones de euros pendientes por la expropiación de la finca de As Cunchas a la familia Rocafort. El gobierno local señala que “respeta las sentencias que ha habido en este litigio, pero no las comparte”, por lo que anuncia que agotará la vía judicial “en defensa de los intereses de los vecinos de Sanxenxo”.

El alcalde, Telmo Martín, apunta que “nunca entendimos que Sanxenxo teña que pagar por unha zona verde (1.700 metros cadrados) que, debido a alta edificabilidade lograda pola familia Rocafort, debería ser de cesión obrigada”. Añade que “e xa moito menos incluir na expropiación un vial que é público dende hai case corenta anos e, por enriba, pagar un prezo como si se tratara dun solar para edificar”.

Pero una vez que la sentencia de pago es ya definitiva, el Concello defenderá la posibilidad del pago a plazos en el Tribunal Supremo porque considera que es “la acción más lesiva para las arcas municipales y que existen precedentes, en esta misma expropiación, en el que el fraccionamiento de pago de más de cuatro millones se resolvió de forma satisfactoria”.

Este escenario judicial “no era deseable”, a juicio del Concello, aunque admite que ya lo tenía previsto porque “el gobierno ya contempló diversas fórmulas para afrontar el pago en el Presupuesto de 2024”. Subraya que “la deuda del Concello actualmente es cero y eso permitiría asumir el pago del total de la expropiación, mediante la solicitud de un crédito, pero causando como es comprensible un mayor esfuerzo para las arcas municipales”.

Mientras prosiga la vía judicial, el gobierno tiene previsto abonar en los próximos días 1.275.000 euros, partida reservada ya en el presupuesto para el pago, “como demostración de la intención en todo momento de pago y de acatamiento de la sentencia”.