Pontevedra urge a la Xunta el deslinde en el Puerto tras asumir que debe devolver el IAE

El Concello de Pontevedra tiene asumido que deberá reintegrar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas Protea y Cabomar, implantadas en el Puerto de Marín, a raíz de las dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anularon esas liquidaciones al entender que la capital asumió como propios unos terrenos en el Puerto cuya titularidad no está demostrada. Todo se debe a la falta de un deslinde oficial entre Pontevedra y Marín dentro del recinto portuario, un asunto que está pendiente de resolverse desde hace 35 años, pero sin visos de solución a corto plazo.

La Xunta abrió en 1989 un expediente para aclarar de forma definitiva esa “frontera”, pero las dos posturas contrarias de ambos concellos parecen estar en el origen de que nunca se haya resuelto. Pontevedra esgrime que parte de los rellenos portuarios se encuentran en su territorio, y con ellos, un buen número de empresas. Marín, por contra, asegura que el puerto nació en su municipio y su crecimiento posterior debe mantenerse bajo su dominio.

Por ello, el concejal de Facenda de Pontevedra, Raimundo González Carballo, instó ayer, una vez más, a la Xunta, a que despeje todas las dudas “ya que con un deslinde oficial quedarían claras las competencias de cada municipio”, explica el edil, que no acierta a entender que el conflicto siga abierto tres décadas después.

González Carballo reconoce que el Concello tendrá que devolver el IAE cobrado en los últimos años a Protea y Cabomar, pero no quiere establecer una cifra. Las empresas estiman que como mínimo serían unos 250.000 euros, según los cálculos iniciales del abogado que representó a ambas firmas y logró esta victoria judicial, Juan José Yarza Urquiza. “No obstante, la cifra aún puede ser más alta. En los próximos días se realizará el cálculo oficial de la cantidad objeto de devolución”, añade el abogado. Cabomar ha abonado en los últimos diez años a Pontevedra 195.000 euros, mientras que Protea pagó unos 50.000. Son 245.000 euros, “a los que se deben sumar los intereses, que situarán la cifra final por encima de esa cifra”, según explica Yarza, que subraya que “el Concello podría haber recurrido, pero no lo hizo”.

El concejal pontevedrés señala que “se devolverán las liquidaciones que marquen las sentencias”, sin entrar a valorar si corresponden a los diez últimos años, como defienden las afectadas, ni tampoco los intereses.

Todas las partes, incluido el abogado que ganó este pleito, admiten que la solución pasa por resolver el citado expediente, pero la Xunta ha evitado hasta el momento pronunciarse en este espinoso asunto. “Sería necesario resolver el deslinde para despejar cualquier duda”, insiste Yarza, que no tiene constancia de que haya otras empresas en el Puerto con este conflicto fiscal.

De la misma opinión es la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que ya decía cuando se conocieron las sentencias del IAE contrarias a Pontevedra que “el Puerto de Marín debe estar sometido a un único régimen fiscal y de tramitación de licencias, para que las empresas instaladas en el recinto sepan a que atenerse, puesto que la situación actual genera inseguridad jurídica”.

Esta indefinición e inseguridad fiscal debe ser combatida por las propias empresas asentadas en esos terrenos, como ocurrió con los recursos ganados por Cabomar y Protea para anular el cobro del IAE de cinco años que pretendía Pontevedra. Estas sentencias, ya firmes al no ser recurridas por el concello capitalino, ponen de manifiesto que “las empresas están metidas en un lío del que no tienen culpa”.

“Queda claro que la recaudación de este Impuesto de Actividades Económicas por parte de Marín estaba bien hecho”, pero insiste en que “se genera un problema jurídico y legal para las empresas” derivado de la falta de deslinde, un proceso que corresponde a la Xunta. La alcaldesa de Marín admite que resolver estos límites entre ambos municipios en el recinto portuario “es un asunto completo que está pendiente desde hace años” pero insiste en que “lo ideal es que todas las instalaciones estén sometidas a un mismo territorio y trato fiscal” en manos de Marín “ya que nosotros también pagamos el peaje” que supone tener un puerto en la fachada marítima del casco urbano.

Ramallo cuestiona, por tanto, que sin un deslinde oficial, el Catastro sí tenga repartidos los bienes inmuebles del Puerto entre Pontevedra y Marín, pero con mayor implantación en la capital, 159 unidades, frente a las 57 adjudicadas al territorio marinense. “Nunca lo he entendido”, señala la regidora, si bien también existe desde hace años una propuesta parecida del Instituto Geográfico Nacional que no está vigente.

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