La falta de un deslinde definitivo en el Puerto genera “inseguridad jurídica” a sus empresas

“El Puerto de Marín debe estar sometido a un único régimen fiscal y de tramitación de licencias, para que las empresas instaladas en el recinto sepan a que atenerse, puesto que la situación actual genera inseguridad jurídica”. Es la opinión de la alcaldesa de Marín, María Ramallo ante la falta de un deslinde definitivo de esas instalaciones portuarias, lo que provoca que, en la práctica, unas naves se sitúen en Marín y otras en Pontevedra y sea cada uno de estos concellos los que decidan cual está en cada territorio y apliquen sus propios impuestos y tasas.

Ese deslinde está pendiente desde hace más de tres décadas. La Xunta abrió en 1989 un expediente al respecto pero nunca llegó a resolverlo. Por ello, Pontevedra se escude en el Catastro, que sí marca una “frontera” en el interior del Puerto, mientras que Marín argumenta que el recinto nació en Marín, desde el que creció con rellenos, por lo que debe ser una unidad en su municipio.

Esta indefinición e inseguridad fiscal debe ser combatida por las propias empresas asentadas en esos terrenos, como acaba de ocurrir con los recursos ganados por Cabomar y Protea para anular el cobro del IAE de cinco años que pretendía Pontevedra. También reclamaba que Marín integrara a la capital los recibos cobrados con anterioridad.

Estas sentencias aún no son firmes (se pueden recurrir al Supremo) pero ponen de manifiesto que “las empresas están metidas en un lío del que no tienen culpa”, según Ramallo, que muestra su satisfacción por la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), si bien con “prudencia” a la espera de posibles recursos.

“Queda claro que la recaudación de este Impuesto de Actividades Económicas por parte de Marín estaba bien hecho”, pero insiste en que “se genera un problema jurídico y legal para las empresas” derivado de la falta de deslinde, un proceso que corresponde a la Xunta. La alcaldesa de Marín admite que resolver estos límites entre ambos municipios en el recinto portuario “es un asunto completo que está pendiente desde hace años” pero insiste en que “lo idear es que todas las instalaciones estén sometidas a un mismo territorio y trato fiscal” en manos de Marín “ya que nosotros también pagamos el peaje” que supone tener un puerto en la fachada marítima del casco urbano.

Ramallo cuestiona, por tanto, que sin un deslinde oficial, el Catastro sí tenga repartidos los bienes inmuebles del Puerto entre Pontevedra y Marín, pero con mayor implantación en la capital, 159 unidades, frente a las 57 adjudicadas al territorio marinense. “Nunca lo he entendido”, señala la regidora, si bien también existe desde hace años una propuesta parecida del Instituto Geográfico Nacional que no está vigente.

Pontevedra insta a la Xunta a “resolver cuanto antes” los límites entre los dos municipios

Los límites entre Pontevedra y Marín están resueltos en “tierra”, pero desde hace décadas no están tan claros dentro del puerto, es decir, desde el original borde marítimo (antes de los rellenos) hasta el interior de la ría. Por ello, el Concello de Pontevedra insta a la Xunta a resolver el expediente de deslinde abierto en 1989 y aclare de forma oficial los límites entre los dos concellos tras 34 años de espera. La capital, esgrime un deslinde practicado el 16 de septiembre de 1938 que dice que la “frontera” se prolonga sobre los rellenos portuarios hasta el mar, en concreto hacia Tambo. Pero también es cierto que una sentencia del Tribunal Supremo de 2002 en la que dice que “no están claros los límites de los términos municipales de Pontevedra y Marín” y el propio Ayuntamiento de Pontevedra acordó el 23 de febrero de 1995 la constitución y designación de una Comisión Especial para el deslinde y amojonamiento del término municipal”.

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