Archivada la causa sobre el voto de varios mayores de una residencia de Caldelas

Redacción

El pasado mes de noviembre, por orden de la Junta Electoral Central debido a las dudas sobre el voto por correo, Castro Caldelas tuvo que repetir las elecciones municipales, celebradas en toda España en mayo. En esa cita de hace poco más de dos meses, la alcaldesa socialista Sara Inés Vega salió reelegida con más del 50% de los apoyos. Ahora, el juzgado de Trives ha archivado la causa por un presunto delito electoral en relación al voto por correo de unos mayores de una residencia. Tras llevar a cabo una serie de diligencias de investigación, la autoridad concluye que no existen indicios suficientes de delito. La jueza coincide con la Fiscalía.

El ministerio público solicitó el sobreseimiento al entender que los hechos no constituían un delito, sino infracción administrativa. La causa se abrió tras un informe de Correos ante “ciertas dudas” en la labor de un funcionario –el investigado– a la hora de comprobar la identidad de varios usuarios de un geriátrico, que habían solicitado el voto por correo, y por comentarios en los que valoraría que esas personas no estarían capacitadas para recibir los envíos de la documentación electoral. La ley actual no priva el derecho al voto a ninguna persona, aunque esté incapacitada.

Un funcionario investigado

“El hecho de que los electores estén ingresados en la residencia de mayores de Castro Caldelas, por diversas circunstancias personales o de salud, no es razón suficiente para considerar que existe una vulneración dolosa, grave, y trascendente de la tramitación del voto por correo ni en el tratamiento posterior, y mucho menos que por parte del investigado se haya llevado a cabo una conducta que pretenda alterar el signo del voto o privar a los electores de ello”, concluye la jueza.

El juzgado señala que los hechos no han podido ser acreditados, lo que no obsta para que, si los responsables de Correos perciben que algún trabajador incurre en algún incumplimiento de la normativa sobre el voto por correo, que sea encuadrable en una infracción de tipo administrativo, actúen por los cauces oportunos. Después de una denuncia del PP, la junta electoral acordó anular esos votos por correo y devolver a esos cuatro usuarios de la residencia la facultad de acudir a votar presencialmente.