Irosa-Samaca ve “injusto” el desahucio pero confía en salvar la pizarrera de Carballeda

“Es injusto que exista una orden de desahucio cuando somos propietarios del 100% de los terrenos”. El presidente del grupo Irosa-Samaca, Rogelio López, compareció ayer en la sede del Clúster de la Pizarra de Galicia, en Sobradelo de Valdeorras, para hacer una cronología de los hechos que han derivado en una sentencia de lanzamiento y una orden de desahucio sobre las instalaciones de la pizarrera de Carballeda debido a un conflicto con la comunidad de montes. La ejecución no pudo completarse el pasado 19 de septiembre al oponerse los trabajadores, aunque sí se cerraron la planta de distribución y las oficinas. En todo caso, la producción sigue operativa.

Fuentes judiciales señalan que todavía no hay fecha señalada por el Juzgado número 2 de O Barco para el desahucio de las instalaciones que restan, pero el presidente confía en llegar antes a una solución que evite el cese de la actividad de la pizarrera y salve los 300 empleos directos que genera la compañía. Rogelio López recordó que en 1968, con la constitución de la Cooperativa Samaca, se compraron las primeras fincas en O Trigal, para el almacén de la pizarra, en su mayoría a vecinos del pueblo. Unos siete años más tarde, Irosa empezó a comprar otras fincas en el lado sur de la carretera, para construir la primera nave de elaboración de pizarra. El empresario detalló que, con el objetivo de seguir creciendo y antes de que los montes fueran clasificados como de mano común, en 1977 llegaron a un acuerdo con los vecinos del pueblo por el que, a cambio de costearles las obras de abastecimientos de agua en Portela y Trigal, estos cedían por tiempo indefinido los terrenos necesarios para las industrias.

Explicó que, pasado el tiempo, y en base a la Ley de Montes, que no permite arrendar terrenos por más de 11 años, “se llegó a un acuerdo con los vecinos para establecer unos contratos de arrendamiento, legalizar la situación y que el pueblo tuviera unos ingresos”. Dicho contrato especificaba que las fincas particulares, compradas cuatro décadas antes, quedaban excluidas.

Ese acuerdo finalizó el 1 de enero de 2015 y las condiciones que se plantearon para renovar era “inaceptables” para el grupo, explicó Rogelio López, ya que, entre otras cuestiones se pedía que todas las fincas particulares pasaran a ser propiedad del pueblo y quintuplicar la renta. Al negarse Irosa-Samaca, los comuneros solicitaron el desahucio en los tribunales –logrando la citada sentencia de lanzamiento– y la empresa la expropiación de los terrenos, para la que también consiguió la autorización de la Xunta. De hecho, se levantaron actas de pago de los terrenos y de ocupación, por lo que ve “injusto” que le desahucien de su propiedad.