El juez no ve pruebas de que los gemelos conspiraran para incriminar a otro policía

Llueve menos en el horizonte de los policías gemelos, aunque les queda el frente principal: saber si irán a juicio ante un jurado o quedarán libres de la causa relativa a la muerte en la comisaría de un compañero, en abril de 2016, fallecido de un disparo en la cabeza. Unos hechos de los que ellos se desvinculan, que la UDEV de la Policía Nacional de Ourense considera un asesinato, mientras que la brigada central de homicidios descarta su implicación y apunta a un suicidio.

Varios procedimientos judiciales han cercado en los últimos años a los inspectores Roy y Bernardo D. L., desde su detención en enero de 2018 por la muerte del agente. De algunas de las causas se libran. En 2020, la Audiencia Provincial archivó unas diligencias por un delito de depósito de municiones no autorizado, tras intervenirse en los registros, con fueron arrestados, un total de 2.910 cartuchos.

Pero los hermanos eran expertos competidores de tiro –federados a nivel nacional y gallego–, Roy ejercía como instructor en la academia de la Policía Nacional en Ávila y ambos poseían 16 armas legales y registradas, tres de ellas las reglamentarias. En esto y en el hecho de que dos tercios de la munición –más de 2.000 cartuchos– se encontraran en su taquilla de la propia comisaría –los dos eran asiduos de la galería de la sede policial, donde realizaban sus prácticas–, se basó la Audiencia Provincial para cerrar la causa.

Salen sin cargo de otra más, al menos de forma provisional, pues aún cabe recurso. El magistrado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, decreta el sobreseimiento de las diligencias iniciadas a partir de una querella del policía que fue absuelto en la Zamburiña, Antonio R. F., quien acusa a los hermanos de conspirar contra él y otros agentes, haciendo llegar a Asuntos Internos anónimos que dieron lugar a la Zamburiña. El agente también se querelló contra el inspector al frente del grupo VI de Asuntos Internos, en otra causa que sigue en trámite.

Antonio R. F., que volvió a la actividad en la comisaría tras ser absuelto por la Audiencia Provincial –la Fiscalía ha recurrido y el Supremo estudia los autos–, atribuía varios delitos a los gemelos: pertenencia a organización criminal, acceso ilegal a sistemas informáticos, denuncia falsa y simulación de delito. La defensa, que ejerce Neil González, solicitó el sobreseimiento y alegó prescripción. La Fiscalía se adhirió a la petición de suspensión por prescripción. La acusación, que ejerce Beatriz Seijo, se opuso. La letrada ya anuncia que recurrirá el auto de sobreseimiento.

El querellante imputa a los gemelos una concatenación de delitos que parte de la elaboración y envío de anónimos a la prensa y a Asuntos Internos, en 2014 y 2015. Esa atribución de delitos dio lugar en su momento a unas diligencias previas que también fueron sobreseídas. El exjefe de estupefacientes acusa a los hermanos de suplantar su identidad para acceder de forma fraudulenta a bases de datos de la Policía. El querellante cree que los hermanos intentaron crear pruebas falsas para dar base a los anónimos e implicarlo en una trama corrupta, para acabar así con su carrera.

Aunque habían transcurrido más de cinco años entre los hechos y la presentación de esta querella –octubre de 2020–, el magistrado considera que el plazo se interrumpió cuando, en una acción anterior, el juzgado de Instrucción 3 de Ourense admitió a trámite una querella idéntica en octubre de 2018, aunque un año después la Audiencia Provincial resolvió rechazando dicha admisión.

Los hermanos negaron haber tenido conocimiento de las claves, o que Antonio se las hubiera facilitado a Roy en algún momento. También se desmarcaron de los supuestos accesos a las bases de datos.

El juez Luis Doval concluye que “no existen indicios objetivos del conocimiento y facilitación personal de las claves a los querellados, que además apuntan al hecho de que el inspector Antonio sí facilitó tales claves a los miembros del grupo de drogas”. Sobre la acusación relativa a los anónimos, el magistrado indica que “por muy sugerente que resulte la versión del querellante, tales afirmaciones no se basan en pruebas concluyentes”.

El agente aportó informes de la UDEV que señalaban a los hermanos D. L. como responsables de los escritos. “Se oculta que no se trata de informes ni conclusiones unívocas, como advierten los querellados, no habiendo finalizado la instrucción de la citada causa”, subraya el instructor.

Añade que esos indicios contra los gemelos por los anónimos y los accesos ilegales, “que no se niegan y se fundamentan en informes policiales sólidos, no son unívocos, silenciando la parte querellante la existencia de informes contradictorios de signo y con conclusiones opuestas”. La querella de Antonio atribuye a los hermanos, “de forma casi mimética, los mismos delitos que se reflejan en el informe de la UDEV, pero no se citan en ningún momento los informes de signo contrario elaborados por la Guardia Civil”, que sí esgrimió la defensa.

“Resulta sumamente difícil atribuir a los querellados la constitución consciente y deliberada de un grupo criminal tendente a la comisión de los delitos indicados, más allá de las evidentes desavenencias personales y profesionales con el querellante”, remarca el juez.

“Tampoco se acreditan indicios del delito de falso testimonio”, en relación a la sustracción de armas del búnker de la comisaría en agosto de 2014 (de una de esas salió el disparo que mató al agente). “Solamente se vislumbra la existencia de declaraciones contradictorias, pero no elementos de juicio claros para suponer que faltasen a la verdad de forma consciente”, considera Luis Doval.

Después de esta resolución favorable –aunque no es firme y será recurrida por el querellante–, Roy y Bernardo D. L. están pendientes del resultado de una nueva solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa en la causa sobre la muerte de su compañero.

Esta parte considera que el informe exculpatorio de la brigada central de homicidios es definitivo. La magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, aguarda por una comisión rogatoria a Estados Unidos –a Google– para disponer de datos sobre comunicaciones entre los hermanos que puedan ser alusivas a los hechos.