El pleno de la corporación de Bueu aprobó de manera definitiva la Relación de Postos de Traballo (RPT) en su sesión del pasado mes de febrero después de desestimar las 17 alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. Pero eso no significa que el proceso haya finalizado. Ni mucho menos. Tal como resultaba previsible la desestimación de esas alegaciones ha derivado en la presentación de recursos de reposición. Se trata del último trámite en vía administrativa y, salvo sorpresa, todo indica que el documento acabará llegando al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
En total se han presentado cuatro reclamaciones: tres firmadas por empleados municipales y otra presentada por el Colexio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoureiros da Administración Local (Cosital) de las provincias de Pontevedra y A Coruña (cuyos colegios están fusionados). A la vista de estos recursos desde el Concello de Bueu se ha abierto un trámite de audiencia a los interesados para que durante el plazo de diez días puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.
El contenido de los recursos apunta fundamentalmente en la valoración económica y la clasificación de los puestos de trabajo de los alegantes, así como en la descripción de la funciones y competencias atribuidas a los departamentos de los que forman parte los interesados. El recurso del Cosital –cuyo presidente es José Antonio Rueda, hermano del próximo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda– hace hincapié en la reducción del complemento específico reservado a los puestos de habilitado nacional, que sostiene que carece de motivación y que contrasta con el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, que regula el régimen jurídico de control interno de la administración local. Un decreto que aumenta las funciones y responsabilidades de los habilitados nacionales y que en el caso de Bueu va acompañada de una disminución de sus retribuciones. El Cosital también apunta a la clasificación de uno de los habilitados nacionales, que argumenta que debería incluirse en otro de superior.
El Concello dispone de un plazo de un mes para responder a los recursos de reposición presentados por los afectados y en caso de silencio administrativo este se entendería como negativo, por lo que los recurrentes pueden acudir a la vía judicial a través de un recurso contencioso administrativo.
De momento, desde el ejecutivo local apuntan que los recursos están en el departamento de Secretaría Municipal para ser informados, aunque el plazo de un mes ya se ha superado.
