Justo antes de acabar el mes de julio el pleno del Concello de Bueu aprobaba inicialmente la primera Relación de Postos de Traballo (RPT) de su historia. Una aprobación que no ocultaba que el camino hasta su entrada en vigor será aún largo. Así se ha constatado esta semana, tras finalizar el periodo de exposición pública de un mes y en el que se han recibido hasta 17 alegaciones. Todas, salvo una, son de personas físicas. La última es de un sindicato, pese a que el documento contaba a priori con el consenso en la mesa general de negociación.
Los servicios técnicos del Concello deberán estudiar de manera individual cada una de las reclamaciones para estimarlas o desestimarlas. Se entiende que la mayoría fueron presentadas por empleados municipales que están disconformes con la valoración o con la situación en la que quedarían con la nueva RPT. Otros de los escritos tienen como finalidad que se corrijan algunos errores detectados durante la tramitación. Las fuentes consultadas apuntan que el sindicato que alegó fue el CSIF, aunque se trataría más bien de dejar constancia y reiterar algunos de los aspectos tratados en la mesa de negociación
Una vez contestadas las alegaciones el documento deberá volver a pleno para ser aprobado definitivamente. Y aún después no sería descartable la interposición de algún recurso en vía judicial, tal como se deslizó durante la sesión plenaria de julio.
La RPT se aprobó con los únicos votos del gobierno local –BNG y ACB– y con la abstención del PP. El documento llegó a la sesión plenaria con los informes en contra de Secretaría e Intervención. Desde los servicios económicos aseguran que la implantación de la nueva escala de retribuciones salariales resulta “inasumible” debido al coste económico que conlleva: un aumento de la masa salarial de unos 270.000 euros, que junto a los costes de la Seguridad Social que debe afrontar el Concello –que en este caso actúa como parte empresarial– asciende hasta los 350.000 euros.
De hecho el primer acuerdo adoptado en el pleno del mes de julio fue levantar el reparo con efectos suspensivos formulado desde Intervención. Los técnicos estiman que la única manera de hacer frente a ese incremento en los costes pasa por un aumento similar vía impuestos municipales. Una subida que debería tener carácter “estructural y estable” y apuntan directamente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, desde el bipartito de momento niegan esta posibilidad.
Al mismo tiempo desde Intervención advierten de que las modificaciones en la escala retributiva adolecen de la argumentación necesaria, que es un “requisito esencial”. La conclusión es que esa falta de motivación puede conllevar la “nulidad o anulabilidad” de la aprobación o de los acuerdos tomados en base a la RPT.
