El pleno de Bueu aprobó ayer inicialmente la primera Relación de Postos de Traballo (RPT) municipal, un documento que acumula siete años de trabajo y al que se le augura todavía un largo recorrido. La propuesta contó con el voto favorable de los dos partidos que integran el gobierno local –BNG y ACB– y con la abstención del PP, mientras que los concejales del PSOE no acudieron por motivos laborales. La RPT debe ser ahora publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su exposición pública. Y por lo visto ayer en la sesión plenaria son previsibles recursos tanto en vía administrativa como, en el futuro, en la judicial.
Gobierno y oposición ofrecieron visiones contrapuestas de la tramitación de la RPT, que se aprueba con el informe en contra de Secretaría e Intervención. Algo en lo que se apoyó de manera recurrente el grupo municipal del PP para expresar sus reservas sobre la propuesta presentada a pleno. “Nulidad, anulabilidad, fraude de ley, falta de motivación, omisiones absolutas, carácter subjetivo, vulneración de medidas legales... Todo esto viene en los informes de los habilitados nacionales del Concello”, denunció nada más comenzar su intervención Elena Estévez. Advirtió que esas consideraciones abonan el camino a posteriores recursos y por ello entiende que “flaco favor le estamos haciendo a la plantilla municipal”.
La exalcaldesa fue también crítica con el informe externo solicitado por el gobierno, un dictamen que avala la aprobación de la RPT y que fue elaborado por la misma empresa que se encargó de su redacción. “Por supuesto que es favorable, qué otra cosa iba a decir”, reprochó Estévez. La concejala del PP cree que ese informe “llegado el momento puede ser no defendible” y puso en duda la imparcialidad de los redactores. “Se encargó a una empresa que tiene entre sus responsables a un ex alto cargo del BNG en la Xunta de Galicia”, dijo en otro momento de su intervención.
Desde el lado del bipartito BNG-ACB se defendió la aprobación del RPT. Para el alcalde, Félix Juncal, supone un acto de “justicia social y equidad” que permitirá poner fin a la “precariedad laboral” en el consistorio. No dudó en defender la “imparcialidad” del informe de Galivalia porque se trata de una “consultora especializada en la elaboración” de estos documentos. En su respuesta recurrió a un símil sanitario para razonar esta decisión del gobierno: “Cuando hay un problema de salud a veces se acude al médico de cabecera y otras a un especialista”. En este sentido se mostró convencido de la “imparcialidad” de Galivalia y aprovechó para recordar dos casos en los que los servicios técnicos municipales informaron en un sentido y luego los tribunales en otro: la devolución de 70.000 euros a Cangas y Moaña por el crédito del ICO de la Mancomunidade do Morrazo y el pleito con Aqualia por la subida de tarifas, un proceso judicial que ganó el Concello pese a que los técnicos abogaban inicialmente por atender la petición de la concesionaria.
El bipartito destacó el carácter “solidario” de la RPT, en la que “todo el mundo gana” y alabó la posición de los sindicatos, que “antepusieron lo colectivo a lo personal”.
El debate también giró en torno a los plazos y al coste económico que supondrá la aprobación de la RPT. En varias ocasiones desde el PP sostuvieron que el gobierno traía el asunto a un pleno extraordinario a finales de julio, in extremis como el propio Juncal decía al inicio de su intervención, presionado para cumplir el plazo prometido a la plantilla. La aplicación de la RPT se estima que supondrá un aumento de 350.000 euros en la masa salarial del Concello y Elena Estévez manifestó que la única manera de asumir ese incremento es a través de una subida de impuestos, como refleja el informe de Intervención.
El bipartito BNG-ACB defendió que el ayuntamiento está en condiciones de asumir esa subida en la masa salarial, como hizo en 2014 cuando se aprobó el nuevo convenio laboral y regulador, que en aquel entonces supuso un incremento de 250.000 euros. “No es normal que para algunas cosas se nos diga que necesitamos una RPT y que para otras no se nos deje aprobar este documento”, subrayó el alcalde al hilo de los informes técnicos. Y volvió a defender la capacidad económica del Concello. “Cuando llegamos al gobierno en 2007 había una deuda de 1,8 millones de euros y desde principios de 2020 la deuda es cero. Y todo ello en un contexto muy complicado”, sentenció.
Sin acuerdo contra los recortes educativos
La moción contra los recortes educativos salió adelante únicamente con los votos a favor de BNG y ACB, mientras que el PP votó en contra. Los populares presentaron una enmienda al texto original, que fue rechazada por el bipartito. “Solo pretenden desviar la atención sobre lo realmente importante, que son los recortes en el profesorado”, afirmó Xosé Leal desde el BNG. Algo parecido a lo que reprochó el vicealcalde y portavoz de ACB, Julio Villanueva, que acusó a los populares de querer “echar balones fuera” para difuminar las responsabilidades de las competencias de la Xunta de Galicia.
Al final del pleno Villanueva fue más allá y cargó contra el PP por querer retirar del texto de la moción la alusión al sindicato CIG, algo que finalmente se hizo con la enmienda presentada por el propio bipartito. “Al final el PP votó en contra de tener una mejor educación en Bueu. Tenían que ser tan valientes como lo fue el exalcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, que cuando se quiso cerrar el centro de salud de Cangas por la tarde amenazó con dimitir”, defendió Villanueva.
