Italia recurre ante el TJUE la obligación de poner cámaras a bordo de los pesqueros

El pasado 9 de enero entró en vigor el reglamento de control para el sector pesquero, que incluía las modificaciones que fueron negociadas durante años –desde 2018– entre el Consejo, Parlamento y la Comisión Europea. Una normativa con medidas de calado, como son la obligatoriedad de geolocalización y diario electrónico de abordo para los barcos de bajura, así como la implantación del seguimiento electrónico remoto (REM, por sus siglas en inglés). España ya ha dado pasos para ir implementando algunas medidas, y hay flotas que cuentan con las cámaras a bordo. Sin embargo, en unos años puede haber grandes novedades en el reglamento. Y es que Italia, que ya votó en contra en su momento, quiere tumbar la normativa y ha presentado un recurso ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Al igual que hizo el Gobierno español con el acto de ejecución que vetó 87 zonas a la pesca de fondo, el Ejecutivo que preside Giorgia Meloni ha interpuesto un recurso de apelación a la justicia europea para intentar frenar lo que, consideran, podría “vulnerar las normas sobre privacidad de los pescadores”.

En concreto, el ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques, Francesco Lollobrigida, apuntó en un comunicado de su Ministerio que “Italia es la nación más castigada por la normativa de la UE en materia de pesca”. “Nuestros pescadores han sido los más afectados, como lo demuestra la caída del 40% de la pesca registrada en la última década”, resaltó.

Así, tal y como prometió el Gobierno italiano “a las asociaciones del sector y sindicatos”, cotejaron con la Fiscalía del Estado si se daban las condiciones para impugnar el reglamento. “Y estamos acostumbrados a cumplir nuestras promesas”, avanzó.

La UE dará cuatro años para instalar las cámaras a bordo de 370 barcos gallegos

“El Gobierno de Meloni no está dispuesto a sufrir decisiones que no buscan un justo equilibrio entre sostenibilidad medioambiental, económica y social y que, además, creemos que pueden vulnerar las normas sobre privacidad de los pescadores, teniendo en cuenta también el principio de proporcionalidad, así como las normas de competencia”, sentenció Lollobrigida.

El nuevo reglamento actualizó el 70% de las normas de control pesquero de la UE y algunas medidas tendrían entre dos y cuatro años para así dar tiempo al sector y a los países para ponerlas en vigor. En el caso de las cámaras a bordo, la medida afecta a todas las embarcaciones de más de 18 metros de eslora que “puedan suponer un riesgo de incumplimiento”, por lo que realmente no serán todas las unidades en activo de la flota comunitaria, que en el caso de Galicia ascienden a 362 unidades (con bandera española).

Para esta medida, criticada por una parte de la flota gallega, se darán hasta cuatro años de margen, en los que se aplicará de forma gradual.