La UE dará cuatro años para instalar las cámaras a bordo de 370 barcos gallegos

El nuevo Reglamento de Control que se aplicará sobre la flota pesquera y que impulsó Bruselas se viene gestando desde 2018. Bajo el mandato del anterior Comisario de Pesca, el maltés Karmenu Vella, se impulsó un restrictivo texto que apuntaba a dejar una huella imborrable en los barcos de pesca gallegos y del resto de la UE, tanto en la bajura como en la altura y gran altura. Tras años y años de enmiendas, propuestas y reuniones entre Consejo, Parlamento y Comisión Europea, ayer tuvo lugar el último trílogo (reunión entre estas tres partes) con el objetivo de llegar a un acuerdo definitivo. Este, sellado de madrugada, trae consigo la tan criticada geolocalización y diario electrónico de abordo para los barcos de bajura, así como la implantación del seguimiento electrónico remoto (REM, por sus siglas en inglés).

Según pudo saber FARO, la gran novedad del reglamento está en las esloras fijadas como referencia para aplicar estas medidas y su implantación de carácter gradual. Así, los barcos de 9 metros o más tendrán hasta 2030 para adaptarse al sistema de monitoreo satelital, mientras que en el caso de las cámaras a bordo se prevé que se aplique en un período de 4 años y que afecte a los buques de 18 metros de eslora o superiores. En Galicia, según los datos que maneja la Xunta, hay 370 buques pesqueros con estas dimensiones.

De acuerdo a lo que refleja el texto, aprobado esta madrugada, los temas de mayor relevancia para la flota gallega habrían quedado ya definidos. Lo de las cámaras a bordo, que se compondrán de un sistema de circuito cerrado, se aplicará a todo tipo de barco de pesca de más de 18 metros de eslora, por lo que además de los grandes arrastreros, atuneros o palangreros también se verán afectadas unidades intermedias como pueden ser los cerqueros. En el caso de Galicia, serían 79 los que tienen más de 18 metros, por los 98 arrastreros de altura y gran altura o los más de 100 palangreros de superficie y de fondo.

Las negociaciones y la presión de los europarlamentarios (la socialista española Clara Aguilera es la ponente del informe de opinión) y de países como España posibilitaron que la aplicación de esta medida, siempre envuelta en polémica por las reticencias de los armadores, se lleve a cabo de forma gradual. Así, los Estados miembros tendrán un período de cuatro años desde el momento de la entrada en vigor.

En el caso de la bajura, la gran preocupación estaba en la geolocalización y la obligación de tener un diario electrónico. Para este tipo de flota, la eslora mínima que se verá impactada son los 9 metros y, para poder cumplirlo, los pescadores tendrán que llevar consigo un aparato electrónico (móvil o tablet) que posibilite tanto la monitorización de sus movimientos como el registro de las capturas. En caso de que, por el motivo que sea, se queden sin acceso a red en el mar, sus movimientos quedarían registrados en el aparato y se actualizarían una vez en puerto. En este caso, los Veintisiete tendrán hasta 2030 para extenderlo sobre toda la flota afectada.

Galicia tiene 929 barcos de más de 9 metros entre sus 4.218 unidades registradas en la comunidad que son estrictamente pesqueros, es decir, excluyendo los 1.256 barcos de acuicultura o auxiliares, que no se verían afectados por estas directrices.

El Reglamento de Control incluye otras medidas de calado como son el control sobre los motores de más de 221 Kw (tendrán que ser equipados con dispositivos de medición continua) o los márgenes de tolerancia. Precisamente este último punto fue el que se ha estado limando en las últimas semanas, en concreto en lo que respecta a los atuneros. En el momento de la descarga, en los puertos autorizados, no podrá haber un exceso del 10% en el margen de error, dado que hay especies muy difíciles de diferenciar, como son el atún de aleta amarilla y los juveniles de patudo.

Otros de los puntos calientes de la negociación fue la armonización de las sanciones impuestas por los Estados miembros o el tema de la pesca recreativa, ya que tiene un impacto en el medio y en algunos países existe un escaso o un nulo control sobre las cantidades capturadas o las licencias emitidas.

El texto del acuerdo debe ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo. Está previsto que se someta a votación en una de las próximas reuniones de la Comisión de Pesca del Parlamento.

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