Europa gasta ya 15 millones diarios en comprar pescado de países multados por actividad ilegal

La pequeña embarcación de poliéster Genoveva, de casi siete metros de eslora, ha sido la última caída en combate. El último buque dado de baja en toda Europa para ir a desguace; el sucesor del Segunda Cayonesa (Malpica de Bergantiños), el Lagardere 2 (La Rochelle, Francia), Lis Hansa (Grenaa, Dinamarca), el también francés Le Balbuzard II (Guilvinec) y Anders Neers (Limerick, Irlanda). Un festival de desmantelamientos frente a una única alta de nueva construcción: el tangonero español Gober Seis, que tendrá base en Las Palmas y construido por Armón Navia. “Nos quedamos vacíos”, lamenta un marinero del muelle vigués de O Berbés.

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De su afamada flota de los 300 –las unidades registradas en la ciudad antes de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986–, en esta dársena solo quedan matriculados ahora trece pesqueros para faenar en Gran Sol. De momento. Porque el esfuerzo de reducción de flota asumido por el sector y propiciado desde Bruselas ha supuesto, en escasos diez años, la pérdida de una cuarta parte de la capacidad instalada (expresada en toneladas de arqueo bruto o gross tonnage, GT). “Es un proceso directamente proporcional a una mayor dependencia de terceros países”, resume el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNPC), Basilio Otero. Las bajas de buques aumentan; las importaciones de proteína marina, también. Una merma en la soberanía alimentaria que no se abordará en el Consejo informal de ministros de Pesca de la UE, que se celebra este martes en Vigo.

Año 2022. Europa mantiene el apercibimiento formal sobre doce países por su colaboración –o falta de control– con las actividades de pesca ilegal. Está prohibida la entrada de mercancía de tres Estados: Camboya, San Vicente y las Granadinas y Comoros. Los otros nueve tienen tarjeta amarilla, que indica esa falta de colaboración y regulación en alta mar. Ahí están dos de las principales plazas de abastos de pescado del Viejo Continente: Vietnam y Ecuador. Esa multa, más simbólica que práctica, no ha supuesto ningún bloqueo a la introducción de sus empresas de materia prima en la ultraregulada Europa. “Hay una doble moral”, condena el presidente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza. “Somos los adalides en la lucha contra la pesca ilegal pero igualmente blanqueamos este tipo de actividades que realizan otros países. A ver quién le saca la tarjeta amarilla a China”, abunda. El comisario de Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius, ya ha advertido que no lo hará. “China ha hecho progresos. Una tarjeta amarilla no se considera el mejor camino a seguir”, indicó por escrito al eurodiputado holandés Bert-Jan Ruissen. El propio Sinkevicius valoró también a Vietnam, el pasado noviembre, como “fuerte socio medioambiental”. Su apercibimiento data del año 2017.

Vamos al ranking de países con mayor actividad en la pesca ilegal, no regulada ni declarada (IUU, por sus siglas en inglés). Este en particular (IUU Fishing Index) lo elabora reputada la consultora marítima Poseidon Aquatic Resource Management –ha trabajado con el Gobierno de Irlanda para mejorar sus resultados en subastas y elaborados– en colaboración con la ONG suiza Global Initiative Against Transnational Organized Crime. En el primer puesto está China, seguida de Rusia y Corea del Sur. Los tres, en el top de proveedores de pescado de Europa.

En total, las entradas masivas en el continente de productos de la pesca de este tipo de países –registrados por sus armadoras ilegales u oficialmente sancionadas– superan ya los 5.600 millones de euros al año. Es una información obtenida de la base de datos United Nations Comtrade, de Naciones Unidas, y cribada por FARO. Equivale a gastar 96 millones de euros semanales, o a inyectar en vena más de 12 millones de euros diarios a quienes depredan los océanos. Incluso con prácticas probadas de esclavitud a bordo, demostradas por entidades como la Environmental Justice Foundation (EJF). Este mismo mes de julio, un tripulante chino del pesquero Lu Qing Yuan Yu 765 lanzó un mensaje en una botella plástica pidiendo ayuda. Llegó a una playa de Uruguay; el marinero llevaba dos años sin pisar tierra firme.

China, Corea del Sur, Rusia, Ecuador, Panamá y Vietnam (los tres últimos, con tarjeta amarilla de Bruselas) son estos macroproveedores de pescado a la exigente –pero en su mercado interno– Europa. El mayor productor mundial de atún en conserva, la misma Tailandia que sigue tratando de sacudirse infinidad de investigaciones que prueban el uso masivo de mano de obra esclava (más del 80% son inmigrantes) en sus fábricas, acaba de ponerse a la cola para la firma de un tratado de libre comercio. Solo a España, la importación a espuertas de estos países ronda los 850 millones de euros anuales, la mayoría con destino Galicia. Es más, la venta de pescado a Europa de países colaboradores o sancionados por pesca ilegal o no reglamentada ha crecido en más de un 30% en solo un año, en comparación con los 3.833 millones de euros gastados durante el ejercicio 2021.

Level playing field

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La Comisión Europea, desde el año 2014, veta la concesión de ayudas para la construcción de nuevos pesqueros que superen los 24 metros de eslora. Tampoco pueden incrementar su capacidad si no es con la compra de derechos de pesca, con venta o desguace de buques. Un marco riguroso que no se prodiga en otros países. Lo ilustra el estudio China’s Financing and Subsidization of Capture Fisheries at Home and Abroad, sobre la financiación y los subsidios del Gobierno de China para la pesca extractiva en aguas nacionales e internacionales. Editado por el China Ocean Institute y la Universidad de Washington, sus autores son Tabitha Grace Mallory, Hao Chen y Danyan Leng. Incluye una tabla en la que se desglosa qué volumen de ayudas públicas reparten las administraciones del gigante asiático por tipo y envergadura de buque. Por ejemplo, un potero de más de 65 metros de eslora y 1.400 toneladas de capacidad puede optar a ayudas por 1,25 millones de euros, al tipo actual de cambio. Un buque factoría para krill, como el que acaba de arrendar la matriz propietaria de Hijos de Carlos Albo (el Shen Lan), a más de 18,7 millones de euros. El Gobierno de Putuo, uno de los distritos de Shanghái, repartió 12 millones de euros (96 millones de yuanes) en 2020 en ayudas para construir otros 16 poteros –que probablemente faenen sin control frente a las costas de Argentina–, como ha publicado en su web oficial; la ciudad de Fuzhou (provincia de Fujian), recibió otros 40 millones de euros (320 millones de yuanes) en 2019 y de Pekín para contribuir a la construcción de 67 embarcaciones de larga distancia.

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