El reglamento 2022/1614 de la Comisión Europea dice de sí mismo que es un acto de ejecución y que sirve para determinar “las zonas de pesca en aguas profundas”. Pero puede dejar de estar en ejecución y, como publicó FARO, no se ciñe únicamente a zonas “profundas”. Este segundo aspecto está claro, por cuanto cinco de las 87 zonas en las que veta la pesca de fondo –en total, la prohibición se extiende sobre más de 16.400 kilómetros cuadrados–, y que están en territorio marítimo español, no alcanzan “en ningún caso” los 400 metros de profundidad. Y que ese ejecute su entrada en vigor dependerá de si el Gobierno central, en representación de España como Estado miembro, recurre al Tribunal de Justicia europeo para instar a su suspensión temporal. Es un paso que en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no están en disposición de dar, como avanzó ayer su número dos, Alicia Villauriz. La moratoria, apuntó, “no es factible, no está contemplada, cabe plantearla pero la Comisión la va a desoír”. Además, rebajó el impacto inmediato del reglamento sobre la flota: “Va a ser reducido”.
El hecho es que sí es factible tramitar una suspensión de la normativa, siempre y cuando antes se haya formulado un recurso en contra, como principio de salvaguarda. De momento, y pese a la presión creciente del sector pesquero, desde Madrid no se ha formulado todavía. Eso sí, Villauriz aseguró que se presentará “con alta probabilidad”. “Es imprescindible que lo presente un Estado miembro, independientemente del que vayamos a remitir nosotros u otras administraciones”, valoraron fuentes próximas a la patronal Cepesca. También arrecia la presión política, y por muchos flancos. “Espero que se presente el recurso, que se anuncie cuanto antes y el Gobierno de España disponga de todos nosotros para hacer más fuerza ante las instituciones europeas”, incidió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “Estamos escandalizados ante esta decisión”, compartió la eurodiputada nacionalista Ana Miranda en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.
De no prosperar una eventual demanda de suspensión, a partir del día 9 el Gobierno tendrá que hacer cumplir el reglamento. “No todos los barcos de pesca que se pueden ver afectados están pescando dentro de los polígonos, ni siquiera próximos a él. Están moviéndose, dependiendo de la estación, entre unas zonas y otras. Inmediatamente va a haber impacto pero va a ser reducido. Tenemos ese tiempo para poder esperar al nuevo dictamen del ICES”, abundó Villauriz. Eso sí, hay zonas en polígonos del Golfo de Cádiz, por ejemplo, que pueden no alcanzar los 150 metros de profundidad. “Se les ha dicho que, en ese caso, tienen que acatarlo. Queremos que nos digan cómo van a actuar, a ponerlo en marcha, porque la patata caliente es de los Estados”, zanjaron las mismas fuentes del sector.
Feijóo sube la presión: “Que se deje de tibiezas”
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer al Gobierno que “se deje de tibiezas” respecto al veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico y que haga cuanto esté en su mano para defender a la flota española y a las familias que viven de ella. “No se puede ser tibio cuando se está afectando a la primera potencia pesquera de la UE. No se puede ser tibio cuando se está afectando a 4.000 tripulantes españoles. No se puede ser tibio cuando se está afectando a más de 1.100 barcos de España”, apuntó en Vigo, donde se reunió con responsables de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) y el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat.
Feijóo calificó de “especialmente grave el hecho de que las alegaciones de España hayan sido presentadas fuera de plazo para ser incorporadas al dictamen, y emplazó al Gobierno a “que pida una medida cautelar de suspensión de entrada en vigor del reglamento, que pida una medida de moratoria a la CE para que posponga la aprobación del decreto y hacer un frente común con Francia , Irlanda y Portugal para hacerle ver a las autoridades europeas que se equivocan”.
