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Faro de Vigo

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Bruselas ejecuta a la pesca de fondo sin datos de su impacto: “No los conocemos”

El informe del ICES asume que desconoce el daño socioeconómico que tiene el cierre a la pesca sobre 87 áreas | El sector urge su retirada: “Tiene consecuencias dramáticas”

Puerto pesquero irlandés de Castletownbere, donde descargan buena parte de los buques gallegos de Gran Sol. Iván Rodríguez

En el complejo argot de la política comunitaria, la decisión adoptada esta semana por Bruselas –el cierre a cualquier arte de pesca de fondo sobre 16.400 kilómetros cuadrados– se denomina “acto de ejecución”. Para la Comisión Europea no tiene la acepción de letalidad que sí le confiere toda la industria, porque lo que hace es mandar al patíbulo a buena parte de la flota gallega de Gran Sol. Y, en espera de conocer el articulado de la normativa –ayer tampoco se había publicado–, con potencial para liquidar a más de un millar de pesqueros de la comunidad, como ayer publicó FARO. Un “acto de ejecución” con formas del medievo, de acuerdo al relato que exponen en el sector y administraciones: “un paripé de consulta, sin transparencia”, resumen. Sin abogados ni pruebas, sin información. Porque el informe del ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano) en el que se basó la Comisión de Pesca reconoce explícitamente que no disponen de información del impacto económico de una medida de estas características. Hachazo que, igualmente, se aprobó.

“La adopción de algo de estas características requiere de tres evaluaciones: medioambiental, económica y social”, recuerda el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña. Aquí no se ha producido, como admite el propio documento, de 248 páginas. En una de ellas, y haciendo referencia expresa al “Golfo de Vizcaya y la costa ibérica”, admite que los datos son incompletos. Lo hace de este modo, textualmente: “Las circunstancias de la VME (Vulnerable Marine Ecosystems, ecosistemas marinos vulnerables): los datos son incompletos. Esto se puede mejorar capacitando a los observadores”. Aun así, sin referencias científicas ni socioeconómicas, prosigue: “La Comisión revisará los cierres de los VME anualmente a medida que se disponga de nueva información”. Y zanja así: “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”. Estos son los mimbres del “acto de ejecución” de la Comisión de Pesca que comandan Virginijus Sinkevicius (comisario) y su número dos, Charlina Vitcheva.

Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos”, dice el texto oficial

Aun así, en una respuesta por escrito firmada por el primero el pasado día 12 de este mes, el primero aseguró que el veto a la pesca de fondo se había decidido con la determinación de “minimizar el impacto socioeconómico”. En esos más de 16.000 kilómetros cuadrados, los cierres afectan a los buques equipados con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas y almadrabas. Todavía no se sabe si la prohibición va a afectar a cualquier arte de pesca que toque el fondo del mar, aunque no alcance los 400 metros de profundidad. En este caso, estarían en la picota unos 900 buques gallegos de pesca artesanal o artes menores, ya sean de arrastre o fijas.

Respuesta del Comisario de Pesca

El clamor unánime

Gobierno central, autonómico, armadoras, eurodiputados... La respuesta airada al revés de Bruselas ha sido unánime. “Estamos muy preocupados porque no lo esperábamos”, resumió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “no es verdad que este tipo de pesca arrase ecosistemas”. “Nos disparamos en nuestro propio pie, esta no es la Unión Europea que apela al diálogo”, compartió el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña. “Nos abocan a una pérdida irreparable”. La falta de datos científicos que soporten esta medida es una crítica que han compartido los eurodiputados gallegos del PP, PSOE y BNG, Francisco Millán Mon, Nicolás González Casares y Ana Miranda, respectivamente. El popular y la nacionalista han solicitado ya la comparecencia urgente del comisario lituano, amén de la retirada del “acto de ejecución”. “La Política Pesquera Común de la UE no puede convertirse en una máquina de hacer euroescépticos en las comunidades costeras”, abundó Millán Mon.

“Pido de inmediato un estudio serio de impacto socioeconómico”

Ana Miranda - Eurodiputada BNG

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“Si antes estábamos ante una tormenta perfecta, tras la pandemia, con el aumento del precio del combustible, y otros problemas, ahora la tormenta perfecta se multiplica por cuatro”, condenó el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza. Un grito demoledor que también compartieron ayer desde la industria francesa. “Las consecuencias son dramáticas para la pesca europea, es una medida que viola las normas básicas de consulta y debate público”. Según divulgaron en un comunicado, está en juego el futuro de 20.000 empleos en los puertos galos.

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